Aseguran que su entrega cumple con lo dispuesto por la Corte Constitucional, que no calificó los presuntos delitos de concusión. Flopec certifica que el contrato base para los argumentos de oposición no existe. 

Las asambleístas Mireya Pazmiño (separada del bloque de Pachakutik) y Viviana Veloz (correísta), dos de los cuatro proponentes del juicio político al presidente, Guillermo Lasso, entregaron en la Comisión de Fiscalización las pruebas de cargo relacionadas con la causal de presunto peculado, sujetándose a lo que dispuso la Corte Constitucional, a través de su dictamen de admisibilidad. 

Según Veloz, son pruebas que estaban anunciadas en la solicitud de juicio político, entre las que constan decretos ejecutivos, bitácoras del Palacio de Gobierno, audios difundidos por el medio digital La Posta, el informe del caso Gran Padrino, el informe presentado por el entonces secretario Anticorrupción Luis Verdesoto, entre otros. 

La legisladora agregó que, aparte de las pruebas documentales, también están pidiendo 12 comparecencias, de las 36 que originalmente habían previsto en la solicitud cuando está contemplada dos delitos de presunta concusión, delitos que no fueron calificados por la Corte Constitucional. 

Manifestaron que todas las pruebas están encaminadas a demostrar que hubo presunto peculado por parte del presidente Lasso en el tema de contratos de Flopec.  

En tanto el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Juan Ortiz, manifestó que están recopilando documentos para presentarlos como pruebas de descargo que demostrarían la inexistencia del delito de peculado. 

Ortiz agregó que los proponentes, en la solicitud, acusan al primer mandatario de peculado, sin establecer cuál ha sido el monto del perjuicio para el Estado. “No han dicho que hay un perjuicio de mil dólares, o de lo que sea. Con eso también ya se va perdiendo el sustento de la acusación y se va al piso”, manifestó el funcionario. Aseguró que las pruebas de descargo las presentarán en el momento oportuno, una vez que se haya coordinado con la defensa técnica de Lasso, liderada por Édgar Neira.

Un contrato que no existe

En los enunciados y hechos que los asambleístas Veloz, Rodrigo Fajardo (Izquierda Democrática), Pazmiño y Pedro Zapata (PSC) hacen constar en su solicitud de juicio político, mencionan que en julio del 2022, ya con Lasso en el poder, Flopec firmó un nuevo contrato de transporte de material petrolero con la compañía Amazonas Tanker Pool.  

Es parte de su relato para inculpar a Lasso del presunto peculado, ya que, de la acusación, se desprende que habría participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por Flopec para el transporte de crudo, causando perjuicios económicos para el país. 

Según los proponentes, Lasso habría conocido y consentido que sigan ejecutándose y celebrándose tales contratos perjudiciales para el Estado, incluido el de julio del 2022. Sin embargo, por una solicitud de información realizada por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (independiente), la Gerencia Comercial de Flopec certificó que la entidad no ha firmado un nuevo contrato de transporte de hidrocarburos en julio del 2022. “El acuerdo comercial para el transporte de hidrocarburos en buques tipo Aframax Amazonas Tankers Pool que se encuentra vigente es el firmado el 1 de diciembre de 2020 (cuando Lasso no estaba en el poder”, consta en la certificación firmada por Jorge Regalado, gerente comercial encargado. 

Villavicencio aseguró que la acusación de los cuatro proponentes del juicio político radica en que Lasso conocía de la existencia de un presunto perjuicio en estos contratos y que, pese a eso, habría firmado el nuevo contrato. Sin embargo, dice Villavicencio, con la certificación de Flopec se demuestra que el contrato fue firmado durante la administración del Gobierno de Lenín Moreno. “Es decir, los acusadores establecieron una presunta responsabilidad del presidente, Guillermo Lasso, al haber firmado un nuevo contrato, pero lo que confirma Flopec es que ese contrato no existe”, manifestó el legislador. 

Sin embargo, Pazmiño aseguró que el contrato fue observado por la Contraloría y que en su informe de auditoría se menciona que el perjuicio para el Estado fue de 6,1 millones de dólares y que Lasso no ha hecho nada para revertir ese acuerdo. 

Sobre la certificación de Flopec, la legisladora aseguró que es el mismo contrato firmado en el 2018 y que ha continuado vigente, por lo que Lasso es el responsable político al haberle dado continuidad. “Él es el que está a cargo de todo lo público en Ecuador”, afirmó Pazmiño. 

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