Foto tomada del Facebook de Iván Espinel.
Durante su inscripción en el Consejo Nacional Electoral, el candidato del Movimiento Fuerza Compromiso Social Iván Espinel, advirtió: “Si es necesario el día de mañana en el país (…) tanto violadores como gente con antecedentes penales que asesinan, aplicaremos la pena de muerte”.
Pena de muerte a violadores y asesinos plantea binomio presidencial Espinel-Quiroz de Fuerza Compromiso Social @eluniversocom pic.twitter.com/6Ac6ErQ7Ie
— Vicente Ordóñez P. (@vicenteopi) 17 de noviembre de 2016
La afirmación es insostenible de acuerdo con las leyes del país. Ecuador es firmante de la Convención Americana de Derechos Humanos desde 1969. En su artículo 4.3, numeral 3, este tratado determina: “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido”.
Ecuador también es signatario del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte desde 1993, y cuyo primer artículo señala: “No se ejecutará a ninguna persona sometida a la jurisdicción de un Estado Parte en el presente Protocolo”.
La propia Constitución en su capítulo sexto (Art. 66) establece: “El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte”.
Salim Zaidán, abogado especialista en Derecho Constitucional, confirma lo anterior: “No es posible por lo siguiente: la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene una tendencia abolicionista que prevé que esta pena se puede aplicar con tres restricciones y establece una prohibición de restablecerla en aquellos estados que ya la hayan eliminado. Nuestra Asamblea Constituyente ya la eliminó en el art. 66.1 de la Constitución que reconoce la inviolabilidad de la vida y establece que no habrá pena de muerte. No es posible aunque se instale una nueva Asamblea Constituyente pues no ejerce un poder constituyente originario ilimitado. El límite del trabajo constituyente son los compromisos internacionales adquiridos por el Ecuador”.
Más allá del marco legal, Naciones Unidas reconoce que no hay evidencia científica de que la pena de muerte desaliente la comisión de crímenes de manera más efectiva que las condenas largas o perpetuas sin derecho a libertad condicional. De hecho, “se puede afirmar que no funciona”, subrayó Iván Simonovic, subsecretario general de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Algunos datos:
El discurso oficial es que la tasa de homicidios ha sido descendente en los últimos años, pasando de 18,74 casos por cada 100 mil habitantes en 2009 a 6,4 en el 2015, como recoge el Ministerio del Interior. Además los delitos sexuales, violaciones, disminuyeron en un 23,2% entre mayo del 2012 y el mismo mes del 2013. Según el informe de la Fiscalía sobre delitos contra la mujer y el núcleo familiar, desde agosto del 2014 hasta marzo del 2015 se reportaron 3 171 violaciones, 1 902 casos de abuso sexual, y 721 casos de acoso.
La encuesta de CEDATOS sobre la inseguridad en Ecuador señala que el 65% de los encuestados ha sido víctima o tiene algún familiar que ha sido víctima de un hecho delictivo. Si sumamos los datos de la Unicef 3 260.340 mujeres sobre violencia de género, lo que implica el 60, 6% del total de mujeres. Los datos de ambas fuentes evidencian un clima de inseguridad mayoritario entre la población, sin embargo estos datos están actualizados hasta el 2011.
Amnistía Internacional afirmó en 2015 que por primera vez la mayoría de los países del mundo, 103, ha abolido ya por completo la pena de muerte. En total, existen en todo el mundo 140 estados abolicionistas, ya sea en la ley como en la práctica, y 58 estados que son retencionistas.