La Comisión de Fiscalización sesionará en los próximos días para avocar conocimiento de la resolución del CAL, de la cual ya fue notificada. Las posiciones en esta Mesa están divididas y el voto de un independiente será decisivo.
Una vez que la Comisión de Fiscalización fue notificada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), con el inicio del proceso de juicio político en contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, el titular de esta Mesa Legislativa, Fernando Villavicencio, suspendió la sesión virtual convocada para tomar una resolución sobre el juicio político contra otros tres funcionarios y dijo que, en los próximos días, convocará a otra sesión para avocar conocimiento de esta nueva interpelación.
A pesar de que Villavicencio ha declarado varias veces que no se puede iniciar un juicio político cuando otro está en marcha —e incluso manifestó que les iba a prestar la Ley de la Función Legislativa a los miembros del CAL para que lean y se enteren de que lo entiendan— terminó por acoger la resolución del máximo órgano de administración de la Asamblea.
Sin embargo, acoger la resolución no fue su iniciativa, sino por presión de los legisladores del correísmo y del Partido Social Cristiano, que le exigieron que suspendiera la sesión una vez que la notificación del nuevo juicio político ya constaba en la Comisión.
Esto, tras leer el informe sobre el juicio político planteado contra el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez; la ministra de Derechos Humanos, Paola Flores; y el exministro del Interior, Patricio Carrillo, en el que se recomienda que se archive este proceso, ya que los proponentes desistieron de la solicitud de interpelación y se retiraron las firmas de apoyo, Villavicencio quiso continuar con la sesión hasta tomar una votación.
Sin embargo, los correístas Roberto Cuero y María Gabriela Molina, apoyados por el socialcristiano Pablo Muentes, le exigieron que diera lectura a la notificación del CAL sobre el inicio del juicio político a Lasso. El Presidente de la Comisión se resistía a hacerlo, con el argumento de que estaban convocados por otro tema y que tratar lo de Lasso correspondía a otra sesión.
Los correístas le aclararon que no estaban pidiendo que se avoque conocimiento, sino que simplemente se dé lectura de la notificación y se suspenda la sesión, acatando la resolución del CAL, lo que Villavicencio terminó por aceptar.
También pidieron que se convocar a sesión este sábado sólo para avocar conocimiento, pero Villavicencio respondió que prefería que todas las sesiones sobre el juicio político a Lasso sean presenciales y sugirió que podría estar convocando para el lunes, con el objetivo de que todos los asambleístas que integran esta Comisión lean los informes al respecto, con lo que suspendió la sesión.
La resolución del CAL
En horas de la mañana, con seis votos a favor y uno en contra —de la oficialista Nathalie Arias—, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó la resolución de iniciar el trámite de de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, al contar con el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional.
En la resolución se dispone trasladar la solicitud, el dicamente de admisibilidad y la documentación de sustento a la Comisión de Fiscalización para que avoque conocimiento de inmediato y sustancie el trámite con la notificación al Presidente de la República y a los interpelantes.
“Por lo tanto, suspenderá ipso facto todos los trámites de sustanciación de solicitudes de juicios políticos que se encuentren en conocimiento de la Comisión”, consta en la resolución.
La asambleísta Johanna Moreira (ID) manifestó que Fiscalización debe conocer de forma inmediata este proceso para que notifique a los interpelantes e interpelado para que presenten pruebas de cargo y de descargo. Moreira agregó que la sustanciación debe sujetarse a lo que establece el dictamen de la Corte. “Esto quiere decir que sólo se acepta el tema del presunto peculado, todos los demás elementos detallados en la solicitud (denuncias de presunta concusión), que no tienen el dictamen de admisibilidad, no pueden ser incorporados en este proceso de enjuiciamiento político”, dijo la legisladora.
Por su parte, Juan Fernando Flores, jefe de la bancada oficialista, manifestó que, a través de los legisladores de su bancada que integran esa Comisión: Ana Belén Cordero, Pedro Velasco y Marco Troya, estarán atentos a las pruebas de cargo y descargo que se vayan presentado en el proceso.
Integrantes de la Comisión de Fiscalización:
Fernando Villavicencio (independiente), presidente, ha cuestionado el proceso.
Ana Belén Cordero (bancada oficialista), vicepresidenta, en contra del proceso.
Marco Troya (bancada oficialista), en contra del proceso,
Pedro Velasco (bancada oficialista), en contra del proceso.
Pablo Muentes (PSC), su bancada promueve el juicio político.
Roberto Cuero (correísmo), su bancada impulsa el proceso.
María Gabriela Molina (correísmo), su bancada impulsa el proceso.
Comps Córdova (correísmo), su bancada impulsa el proceso.
Bruno Segovia (independiente), su voto será decisivo en el interior de la Comisión.
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