La aprobación del texto se ralentizó por desacuerdos de última hora. La Comisión ocasional creada para investigar el femicidio concluye que hubo responsabilidad estatal, pero no es crimen de Estado.
La Comisión Ocasional de la Asamblea que investiga el femicidio de María Belén Bernal analizaba hasta el cierre de esta nota el informe no vinculante que será remitido al Pleno para su tratamiento definitivo. A pesar del receso dado entre las 13:30 y las 20:00 para que los equipos asesores pulieran el documento, corrigieran fallas de sintaxis y otros detalles, al reinstalarse la sesión —en horas de la noche— persistieron las discrepancias y hasta el cierre de esta nota las legisladoras continuaban puliendo el texto.
En la mañana, las legisladoras integrantes de esta mesa cuestionaron la inasistencias de funcionarios del Estado, como el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez; y del propio presidente de la República, Guillermo Lasso, para dar mayor información sobre este caso. Para la asambleísta Marjorie Chávez (PSC) el Gobierno, a través de sus distintas autoridades, no le ha dado la relevancia necesaria al caso Bernal. Por su parte, Mireya Pazmiño, del ala rebelde de Pachakutik, indicó que el informe se construyó con base en la información proporcionada por la Fiscalía, la Policía, medios de comunicación y las visitas que realizaron a la Escuela Superior de Policía. Yeseña Guamaní opinó que se ha evidenciado que el Gobierno no cuenta con una política pública para combatir la inseguridad, ni para erradicar la violencia de género, por lo que hay responsabilidades políticas en el femicidio de Bernal.
Recomendaciones
El informe borrador recoge recomendaciones para la Asamblea, para el Presidente de la República, la Secretaría de Seguridad, la Comandancia de Policía, entre otras instituciones. A la Asamblea le piden, por ejemplo, que impulse una reforma al Código Orgánico de Entidades de Seguridad del Estado, que permita agilizar los procedimientos disciplinarios para los policías que han cometido faltas disciplinarias y penales; que el Pleno designe a un asambleísta para que presente la solicitud de juicio político en contra del ministro Jiménez, por no comparecer ante la Comisión y por su supuesta responsabilidad política en el femicidio; a los secretarios de Seguridad, Diego Ordóñez, y de Derechos Humanos, Paola Flores, por incumplimiento de obligaciones internacionales y nacionales en el mismo caso.
En el caso del exministro del Interior Patricio Carrillo, la propuesta es que el informe del caso Bernal se incorpore al juicio político contra el exfuncionario que ya fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Al Presidente de la República le exigen la supresión inmediata de la Secretaría de Derechos Humanos por el incumplimiento de sus competencias y atribuciones y, en su lugar, crear un Ministerio para que esta Cartera de Estado cuente con suficiente capacidad administrativa, técnica y financiera que le permita cumplir con sus competencias relacionadas a la gestión institucional.
También le exigen la remoción inmediata del comandante de Policía, Fausto Salinas; y se propuso que se incluya a los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce; así como el inicio urgente de un proceso de depuración de la Policía, que incluya evaluaciones periódicas de confianza, y la revisión de faltas administrativas, cometimiento de delitos, entre otros, en particular de la cúpula policial.
Recomiendan al Pleno que exija a Ordóñez que se abstenga de “estigmatizar y difamar a las víctimas de graves violaciones a los Derechos Humanos, quienes deben ser tratadas con absoluto respeto como personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad”. Y que se abstenga de “difamar a las organizaciones de Derechos Humanos, quienes han sido el principal soporte para la madre de María Belén Bernal, Elizabeth Otavalo”.
Mientras que a la Policía le exigen que se abstenga de investigar el femicidio de María Belén Bernal Otavalo, “por existir un grave conflicto de interés que atenta contra la imparcialidad del proceso”. Por recomendación de Pazmiño se propone la creación de cuerpo civil de investigación para que actúe en casos en los que estén inmiscuidos miembros de la fuerza pública.
Detalles del informe
De la información recopilada durante la investigación, la Comisión asegura que el femicidio de María Belén Bernal difiere de otros casos similares en el país, ya que ocurrió con la participación de servidores policiales en funciones, en el interior de una institución estatal que pertenece a la Policía, por lo que el Estado tiene responsabilidad estatal, sin que llegue a concluirse que fue un crimen de Estado, según Pazmiño.
Con relación a la línea de tiempo, el informe asegura que Germán Cáceres, teniente de Policía, esposo de la víctima y presunto asesino, ingresó en estado etílico a las instalaciones de la Escuela Superior, para encargarse de la guardia. “Condujo su motocicleta, y previo a ingresar a la institución, se accidentó y cayó de su moto. Pese a su estado etílico, no fue revisado ni impedido de su ingreso”, consta en el informe. Se agrega que la cadete Joselyn Sánchez, única detenida en este caso, ingresó a la Escuela Superior vestida de civil, a pesar de que se encontraba de franco. Sin embargo, se permitió su ingreso sin ser registrada ni revisada. Minutos más tarde ingresó María Belén Bernal, de visita y en horas de la madrugada y que tampoco fue registrada ni revisada, ni ella, ni su vehículo. “De la información obtenida se desprende que el ingreso de cónyuges o parejas sentimentales a la Escuela Superior sería una práctica común sin importar la hora o el motivo de la visita”, consta en el informe. “Quienes se encontraban de guardia permitieron el ingreso de una civil a los bloques de dormitorios de oficiales, pese a que los protocolos internos de la Policía prohíben el ingreso de civiles pasadas las 19:00”, se agrega.
Consta también que, por testimonios de los cadetes que estaban en ese lugar, se conoció que la víctima gritó por varias ocasiones solicitando auxilio, por un tiempo aproximado de 20 minutos. “Luego de este tiempo, María Belén Bernal Otavalo murió en manos de Germán Cáceres. Hasta el momento, y pese a haberse requerido las órdenes de servicio, no se cuenta con el listado de quienes se encontraban presentes aquella madrugada y durante el 11 de septiembre de 2022. Sin embargo, se determinó que ningún funcionario policial, ni cadetes, auxiliaron a María Belén Bernal Otavalo”.
Cerca de las 02:00 del 11 de septiembre Cáceres habría envuelto el cuerpo y lo habría trasladado desde el piso 4 hasta el vehículo de la víctima —aproximadamente de 28 a 30 escalones—, por lo que el cuerpo habría permanecido durante todo el domingo 11 se septiembre de 2022, en su vehículo. Añade el informe que horas después de esa madrugada, aproximadamente a las 05:00, Cáceres se dirigió al Bloque Nro. 3 de oficiales, “lugar en el que habría mantenido relaciones sexuales; esto, cuando María Belén Bernal Otavalo se encontraba en la cajuela del vehículo”.
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