En algún lugar del Ecuador, una panadería comienza su jornada antes del amanecer. Hay que preparar la masa, encender los hornos y tener el pan listo cuando lleguen los primeros clientes. En otro lugar, una pequeña fábrica necesita completar un pedido para pagar los salarios del viernes. Una peluquería espera a sus clientes, un restaurante prepara el almuerzo y una familia calcula cómo estirar el sueldo hasta fin de mes.
Para todos ellos, la electricidad es mucho más que un servicio básico. Es trabajo, ingresos, alimentos y tranquilidad.
Y otra vez estamos hablando de apagones.
El país enfrenta un déficit de generación que distintos análisis sitúan entre 1.000 y 1.400 megavatios. Dependemos excesivamente de las hidroeléctricas, carecemos de suficiente generación térmica de respaldo y las importaciones de electricidad desde Colombia han dejado de ser una alternativa disponible en condiciones normales.
Mientras los embalses pierden agua, las autoridades intentan evitar cortes generalizados en los hogares restringiendo el suministro a grandes consumidores industriales. La medida puede aliviar temporalmente el sistema, pero tiene consecuencias: una fábrica que detiene sus máquinas también interrumpe pedidos, compromete ingresos y pone bajo presión los empleos que sostiene.
La crisis tiene una dimensión estructural que ningún discurso tranquilizador puede resolver. Durante años, sucesivos gobiernos postergaron inversiones, mantenimiento y diversificación de la matriz energética. La demanda creció más rápidamente que la capacidad efectiva de generación. Y algunas contrataciones de emergencia, lejos de solucionar el problema, terminaron envueltas en controversias y equipos que no entregaron la electricidad prometida.
Ya conocemos las consecuencias. Según el Banco Central, los apagones de 2024 ocasionaron pérdidas económicas estimadas en 1.916 millones de dólares, equivalentes a 1,4 puntos del PIB. El comercio, la manufactura y los servicios estuvieron entre los sectores más perjudicados.
Pero las cifras agregadas apenas cuentan una parte de la historia.
Una gran empresa puede adquirir generadores, reorganizar turnos o absorber temporalmente mayores costos. El pequeño comerciante, el trabajador independiente y la economía popular tienen mucho menos margen. Para ellos, una jornada perdida puede significar la diferencia entre pagar el arriendo o acumular otra deuda.
También hay un costo menos visible: la incertidumbre. No saber cuándo habrá electricidad impide organizar la producción, cumplir compromisos y planificar la vida familiar. Por eso, si los racionamientos resultan inevitables, establecer horarios públicos y previsibles constituye una obligación de transparencia y una medida elemental de protección económica.
El Gobierno tiene razones para intentar evitar nuevos cortes residenciales. También debe explicar con claridad el estado del sistema, las restricciones existentes y las soluciones previstas. Reconocer una crisis no equivale a rendirse ante ella.
El problema energético ecuatoriano no comenzó con este Gobierno y difícilmente terminará con él. Pero eso no disminuye la responsabilidad de las autoridades actuales de adoptar decisiones verificables y rendir cuentas por sus resultados.
En 2024, los ecuatorianos pagamos muy caro la falta de electricidad. Dos años después, seguimos dependiendo de que llueva lo suficiente para mantener funcionando buena parte de nuestra economía.
Mientras tanto, la panadería tiene que abrir mañana. Los trabajadores necesitan cobrar el viernes. Y las familias, con luz o sin ella, tendrán que seguir pagando sus cuentas.
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