En el Ecuador no se ha trabajado ampliamente en la defensa del consumidor; la mayoría de los ciudadanos solo conoce el tema cuando ha pasado por malas experiencias al adquirir bienes o servicios. Por esta razón es indispensable analizar esta materia desde una perspectiva constitucional y legal, educando a la sociedad sobre derechos que resultan esenciales en las relaciones de mercado cotidianas.
La Asamblea Constituyente de 2008 amplió la visión garantista previa. El artículo 52 de la Constitución consagra el derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad, a elegirlos con libertad y a recibir información precisa y no engañosa. A su vez, el artículo 54 establece responsabilidades civiles y penales directas para prestadores públicos y privados por deficiencias de calidad o discordancias con la oferta. No obstante, en la práctica persiste una marcada falta de consciencia social sobre estos estándares, a lo que se suma una deficiencia del Estado en patrocinar y promover la educación ciudadana respecto a sus garantías legales.
Esta asimetría se evidencia a diario en el comercio, debido a que abundan ofertas comerciales con publicidad engañosa que hiperbolizan propiedades o silencian ingredientes y garantías reales; contratos de adhesión con cláusulas predispuestas donde la voluntad del usuario se ve allanada; precios exhibidos sin desglose de impuestos; rotulados deficientes en alimentos o medicamentos y fallas de garantías en locales de electrodomésticos o concesionarios vehiculares. Asimismo, destacan las interrupciones reiteradas en servicios de internet y telecomunicaciones que perjudican directamente el teletrabajo y la educación virtual.
Ante estas vulneraciones, el ordenamiento jurídico brinda herramientas de protección. La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor prohíbe la publicidad engañosa y sanciona las infracciones con multas de 1.000 a 4.000 dólares, ordenando además la rectificación del mensaje publicitario (art. 7). En bienes de naturaleza durable con fallas de fábrica, el artículo 71 garantiza la reparación gratuita en 90 días, reposición en 10 días o devolución del pago en 30 días. En el ámbito punitivo, el artículo 235 del Código Orgánico Integral Penal reprime con seis meses a un año de prisión a quien entregue fraudulentamente un objeto o servicio distinto al ofertado.
En sede administrativa, el artículo 81 faculta a la Defensoría del Pueblo a tramitar quejas y promover la mediación. Sin embargo, persisten dificultades: varios profesionales del derecho desconocen el trámite y confunden las vías procesales administrativas. Además, el país arrastra una falta de modernización tecnológica frente a modelos como el argentino, que implementó sistemas digitales con audiencias remotas (Grosz, 2020). Superar estas falencias exige fortalecer el control técnico de entidades como el INEN e impulsar decididamente asociaciones ciudadanas para exigir el cumplimiento efectivo de la ley.
Referencias:
- Asamblea Constituyente del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008.
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2014). Código Orgánico Integral Penal [COIP]. Registro Oficial Suplemento 180 de 10 de febrero de 2014.
- Asamblea Nacional del Ecuador. (2019). Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Registro Oficial Suplemento 481 de 6 de mayo de 2019.
- Congreso Nacional del Ecuador. (2000). Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Registro Oficial Suplemento 116 de 10 de julio de 2000.
- Grosz, M. (2020, 24 de septiembre). En la Ciudad, 100% online. Defensa al Consumidor: lanzan un sistema para resolver conflictos con empresas sin salir de casa. Clarín. https://www.clarin.com/sociedad/defensa-consumidor-lanzan-sistema-resolver-conflictos-empresas-salir-casa_0_YUpCSLsoZ.html
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). Resultados: Índice de Precios al Consumidor (IPC), octubre 2020. INEC. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2020/Octubre-2020/01%20ipc%20Presentacion_IPC_oct2020.pdf
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