Si este proceso se concreta, podría terminar en su remoción como Presidenta. Ella habla de desestabilización, su bancada está quebrada.  

Desestabilización y conspiración son dos palabras que se escuchan frecuentemente estos días en los pasillos de la Asamblea. Una Asamblea que enfrenta una aguda crisis política.

“Me ha causado mucho asombro, tristeza e indignación esta intención de desestabilizar. Sé que existen oscuros intereses que se oponen a la ética y a la reciprocidad, por lo que me siento indignada ante estos hechos peligrosos que amenazan a la democracia”, dijo Guadalupe Llori (PK), presidenta de la Legislatura, en un video.

La crisis se agudiza más porque Llori acusó directamente de estos intentos de desestabilización a un grupo de asambleístas de su propia bancada, autodenominados rebeldes, que cuestionan su accionar e intentan que se apruebe una resolución en el Pleno para que se integre una comisión especial para que que evalúe la gestión de Llori y del Consejo de Administración Legislativa (CAL). 

Evaluación que, de tener los votos, podría terminar en la remoción de Llori como Presidenta, en un escenario similar al de marzo de 2018, cuando la entonces Asamblea removió a José Serrano (PAIS), quien se mantuvo como legislador.

Los asambleístas “rebeldes” acusan a Llori de favorecer las políticas del Gobierno. Creen que por eso no ha dado paso a la calificación del proyecto unificado que busca derogar la Ley tributaria, cuyo análisis fue suspendido por el CAL hasta que la Corte Constitucional defina si la Asamblea puede derogar una Ley económica urgente promulgada como decreto Ley.

Y un segundo motivo es por alterar el orden de calificación de los juicios políticos que se ha propuesto en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana.  

El texto de resolución para que la conformación de esa Comisión se incluya en el orden del día fue redactado por la asambleísta Mireya Pazmiño (PK), y según Llori se proponía que la integraran Peter Calo (PK), Lucía Placencia (ID), Francisco Jiménez (BAN), Fernando Cedeño (UNES) y Pedro Zapata (PSC). 

“El afán de destruir al país y generar el caos en el Parlamento lo enfrentaré con toda la fuerza, venga de donde venga. Apoyar iniciativas que le hacen bien al país no nos hace ni gobiernistas ni correístas”, expresó Llori, y añadió que no confrontará con otros poderes del Estado.

Pachakutik ‘fracturado’

Pazmiño, del grupo de los ‘rebeldes’, dijo que insistirá en la moción para que se integre la comisión especial, ya que dijo su labor es legislar y fiscalizar y que del informe que elabore la comisión multipartidista dependerá que Llori continúe o no como Presidenta de la Asamblea.

Descartó que solicitar una evaluación a los miembros del CAL sea conspirar o desestabilizar, pero reconoció que su sector no está conforme con la labor de Llori ya que se inclina, dijo, hacia el Ejecutivo. “Si alguien no está cumpliendo con su función procede que deje ese cargo”, indicó.  

Con 25 legisladores, Pachakutik entró a la Asamblea como la segunda fuerza política. A los siete meses, el bloque se dividió en dos: los “rebeldes”, nueve aproximadamente, que decidieron desconocer la directrices de Llori y del jefe de bancada, Rafael Lucero, y se alinearon con Leonidas Iza, presidente de la Conaie. 

Y el otro grupo, liderado por Lucero y que cuenta con el respaldo de Marlon Santi, coordinador nacional de Pachakutik. Este sector respaldó en su momento el diálogo con el Ejecutivo y ahora expresa su apoyo irrestricto a la gestión de Llori.

Los dos grupos se mantienen como parte del bloque de Pachakutik y aseguran ser los legítimos representantes de los postulados del Movimiento, pero van por caminos diferentes

Lucero les dijo a los “rebeldes” que si no se sienten bien en el bloque, den un paso al costado. “No vamos a hacerles el juego a aquellos que se ponen la wipala de siete colores y no entienden el significado”, dijo. 

Los otros bloques

Los “rebeldes” contarían con el respaldo del correísmo y del Partido Social Cristiano (una vez más, juntos). Pabel Muñoz (UNES) aseguró que no se trata de una nueva mayoría, sino de coincidencias frente a una gestión deficiente por parte de Llori ya que, por ejemplo, calificar el proyecto para derogar la Ley tributaria no necesita de una consulta a la Corte Constitucional.

“El problema es que no están cumpliendo los procedimientos, ni las disposiciones legales, ni el trabajo favor de la ciudadanía”, dijo Muñoz. 

Por su parte, Jorge Abedrabbo (PSC) agregó que hay un malestar evidente por las decisiones que ha tomado el CAL, por lo que es necesario que se revise su estructura. “No para desestabilizar a nadie, sino para que haya transparencia, para que el país sepa que las cosas que se han hecho bien”.

Posiciones que para el jefe de bancada del BAN (oficialismo), Juan Flores, no son más que “un plan conspirativo”. Agregó que el apoyo del oficialismo a Llori y al CAL es un respaldo a la institucionalidad. 

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