El plan incluye correcta dotación de salud, oferta educativa y cultural, mejores condiciones y garantía de reinserción. Hasta hay un presupuesto; ahora la pregunta es: ¿cómo lo llevamos del papel a la realidad? 

POR: Dagmar Flores

Este 21 de febrero de 2022 se presentó una política pública de rehabilitación social con enfoque en Derechos Humanos para los presos del país. El documento fue entregado al país por la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordoñez, tras ser aprobado por el Directorio del Organismo Técnico Nacional de Sistema de Rehabilitación.  

Según el presidente, Guillermo Lasso, la elaboración de la propuesta contó con el apoyo de Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos, la academia, entre otros. 

En el evento, en el Palacio de Carondelet, se explicó que para la ejecución de este proyecto existe un presupuesto de USD 27 millones, en primera fase. “Vamos a dignificar las cárceles. La vida no termina ahí; nuestra meta principal es que su permanencia tras las rejas sea el tránsito hacia una vida nueva”, dijo el mandatario. 

En el mismo lugar el Presidente firmó el Decreto Ejecutivo 355, con el cual, para reducir el hacinamiento en las cárceles, se concedió el indulto presidencial (perdón de la pena impuesta) a los reos que cumplan con los siguientes requisitos: 

• Sentencia ejecutoriada bajo las normas del antiguo y actual Código Penal
• Cumplir al menos el 40% de la pena impuesta con el anterior y 60% con el nuevo
• No mantener sentencias condenatorias ni medidas cautelares vigentes
• Que no tenga investigación previa ni proceso penal
• Que no haya sido sancionado por cometer faltas graves, leves o gravísimas desde su ingreso al centro de reclusión

Este plan, para las organizaciones sociales, es una respuesta tardía pero necesaria por toda la crisis carcelaria que ha afectado al país. 

La problemática:

En el mismo plan presentado se reflejan las condiciones inhumanas en las que los presos viven. Se evidencia una falta de personal en distintas áreas del sistema penitenciario; en las áreas administrativa, de ejecución, de seguridad…

En el 2020, el Servicio de Rehabilitación Social (SNAI) explicó que no se ha contado con el número suficiente de servidores para cumplir con la capacitación del personal penitenciario. Consideran que eso se debe a la falta de concursos de méritos y el “crecimiento acelerado de la población penitenciaria”. 

En el 2021 el SNAI informó que existían más de 39.000 presos, para los que se necesitan 4.642 agentes de seguridad, pero que sólo cuentan con 1.489. 

Ese no es el único inconveniente. El hacinamiento, según la Secretaría de Derechos Humanos, es una de las principales causas de la crisis.

Según los datos del SNAI, la cantidad de presos ha rebajado significativamente desde el 2017, cuando había un hacinamiento de 32,01%, y llegó al 22,32% en noviembre de 2021. La capacidad de los centros penitenciarios es para 30.169 personas. Sin embargo, hasta el momento hay más de 38.000. 

La Organización de las Naciones Unidas y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos corroboran esta información, e incluso, van más allá. Señalan que en los últimos 13 años la población penitenciaria se triplicó. Esto junto al número de mujeres encarceladas, que se ha incrementado masivamente. 

La Organización Inredh explicó que se pasó de encarcelar a 136 personas por cada 100 mil habitantes en el 2012, a 220 personas por cada 100 mil habitantes en el 2020. 

Esto es un inconveniente muy grave, debido a las limitaciones de infraestructura en las cárceles. Las 36 cárceles del país tienen un deterioro en sus construcciones, e incluso hay carencia de servicios públicos.

En el análisis para la política pública de rehabilitación social se explica que un baño en malas condiciones puede ser compartido hasta por 30 personas. Y eso más allá de los problemas de limpieza y mantenimiento de los servicios.

“En ciertas ocasiones, las conexiones de energía eléctrica son realizadas de forma artesanal o anti técnica por las PPL (presos), aumentando el riesgo de provocar incendios”, señala el texto. 

El documento contiene capítulos completos sobre problemas serios y de falta de servicios básicos para la vida del ser humano. Se explica que en muchos de los centros no existe provisión de agua potable.

En el caso de que sí haya provisión, es restringida para el consumo humano, porque causaría problemas de salud y enfermedades. 

Incluso si un recluso llega a enfermarse tampoco puede acceder a un servicio de salud adecuado. La infraestructura no es suficiente y hay falta de personal, lo que genera turnos para que puedan ser atendidos.

“En el acceso a la salud se materializan factores de corrupción, puesto que las PPL deben pagar a guías penitenciarios para que les permitan acceder a la atención médica”, se indica. 

Todas estas condiciones se unen a los múltiples motines dentro de las cárceles que han dejado en evidencia un sistema roto y debilitado. En noviembre del 2021, 62 internos murieron.

En septiembre, el enfrentamiento más sangriento, 118 fallecieron y se registraron más de 80 heridos. En julio ocho murieron en la penitencia de litoral. Los datos de la Secretaría de Derechos Humanos explican que más del 68% de los reclusos que fallecieron en el enfrentamiento de septiembre no tenían una sentencia ejecutoriada. 

Al encontrar los cuerpos se evidenció que no había una clasificación ni separación  entre sentenciados y procesados, peor aún por peligrosidad. 

Según el primer mandatario, más del 40% de los presos nunca tuvo un trabajo previo. Más del 50% de ellos tiene entre 18 y 30 años. Fueron niños y se dedicaron desde temprana edad al delito. 

Jan Jarab, representante de las Naciones Unidas, comentó que “los sistemas judiciales tienen un rol importante, no sólo de proteger a la sociedad del crimen, sino también dar una nueva oportunidad a los seres humanos que se encuentran privados de la libertad. Sin embargo, en América Latina existen graves problemas”.

En Ecuador se evidencia que las mega cárceles que se crearon, se propusieron como una forma de resolver el hacinamiento, pero conllevan condiciones “deshumanizantes”. Es allí donde surgieron los actos de violencia y masacres. Jarab resalta que la crisis carcelaria es un reflejo de disparidades sociales y también de prácticas punitivas excesivas en la justicia penal.

¿Qué contiene esta nueva política?

Tras analizar y evidenciar las grandes problemáticas dentro del sistema penitenciario, el plan se presenta en 12 ejes: 

1. 1. La garantía de los derechos de la salud: Se adecuarán los modelos de gestión operativos incluidos infraestructura y responsabilidades de los actores y flujos de proceso. Se espera un servicio las 24 horas del día con personal capacitado. También se propiciará un enfoque en salud mental. 

• Garantía del trabajo: Se diagnosticará la demanda y oferta laboral, con énfasis en paridad de género. Se incorporarán a los adolescentes con medidas no privativas. Se instalarán talleres inclusivos con la población LGTBI+. Además, se implementará una capacitación laboral y formación. 

1. 1. La educación: Se definirá una estructura curricular con ofertas en carreras técnicas y tecnológicas. Se realizarán procesos de tutoría y seguimiento durante el desarrollo profesional. 

• Fortalecimiento del vínculo social y comunitario: Se evitará la prohibición de visitas familiares como sanciones por faltas cometidas. Además, se contempla la situación de los solicitantes de refugio. Se trabajará en espacios adecuados para fortalecer las visitas de familiares y priorizará el cumplimiento de la pena de la población extranjera que se encuentre alejada de sus vínculos sociales cercanos. 

• Rehabilitación física y psicológica: Se prevé un diagnóstico inicial para una rehabilitación integral. Se propone brindar nuevos tratamientos especializados para los presos con problemas de drogadicción. Se prevén programas y tratamientos específicos para cada recluso y se propone una mejora en las “garantías penitenciarias”. 

• Garantía de derecho al deporte: Se espera dotar de implementos deportivos y lugares equipados para realizarlo. Se desarrollarán planes deportivos a corto plazo. 

• La cultura: Se propone un mapeo de las instituciones aliadas para garantizar la libertad de culto e identificar las carreras con temas artísticos. Se proveerá a los presos de revistas y contenido cultural. 

• El desarrollo de la información: Se actualizarán los datos por medio de un censo penitenciario. Se prevé una transparencia de información sobre los fallecidos, puesto que algunos no contaban con identidad. Y también se propone viabilizar procesos para conocer a los presos que requieran un carné de discapacidad 

• Adecuación de infraestructura: Se buscarán reemplazos para determinados centros penitenciarios considerados obsoletos. Además, se espera remodelar las condiciones de detención y construir infraestructura específica para talleres. 

• Aplicación de recursos humanos requeridos: Este eje se basa en la contratación y selección de nuevos perfiles de los funcionarios dentro de los centros penitenciarios. Se prevé una capacitación constante a los agentes penitenciarios y una evaluación periódica. 

• Establecimiento de alianzas, convenios y cooperación: Se espera contar con alianzas con la sociedad civil, academia y universidades, empresas, municipios y cooperación internacional.
• Proceso de adolescentes en los Centros de Adolescentes Infractores: Para los adolescentes se propone un sistema penal adecuado, con un objetivo socioeducativo. En este caso se remarcan los mismos ejes para todos los reclusos, como la salud, ocupación laboral, entre otros.

El proyecto público incluye la creación de carreras técnicas y convenios con empresas para que generen empleo para los detenidos. Y se espera crear un mecanismo de comunicación a sus familiares y brindar atención a los hijos de los detenidos. 

Para el eje de alianzas y convenios, se propone un presupuesto de USD 605.000, hasta diciembre del 2025. Se espera que el 100% de agentes de seguridad penitenciaria estén capacitados en Derechos Humanos. 

Para los ejes de rehabilitación, información, infraestructura, recursos humanos y  adolescentes, se propone un valor de USD 8’543.164. Y sólo para el eje de salud se prevén USD 12’181.590. 

Aquí el desglose total del presupuesto: 

Opinión de los organismos de Derechos Humanos 

Billy Navarrete Benavidez, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y la Alianza contra las cárceles, explica que no existen referentes numerosos de políticas en el ámbito carcelario.

Aunque resalta que se puede tomar en cuenta la inversión significativa de fondos públicos que se dio en 2010, considera que es la única de la historia. En esa década se ampliaron las cárceles; sin embargo, hubo muchos sacrificios para las familias, que vieron cómo sus parientes se incomunicaron y se alejaron del mundo exterior. El contacto de las familias resultaba un premio de buena conducta. 

“Las masacres han mostrado la incapacidad del Gobierno para controlar las cárceles”, señala Navarrete. Comenta que las organizaciones tienen la expectativa del plan como una promesa, como muchas otras. Lo que se comprometen es a realizar un rastreo de todo lo que se va haciendo sobre Derechos Humanos de los reos.

Para Navarrete, el Gobierno está rodeado de retos en el control de la violencia social y surgen a cada paso que dan. “No son fáciles de resolver. Las cosas que se han venido dando tienen un efecto comunicacional, más que político.

El principal reto es que se procure que la violencia cese, dentro y fuera de las cárceles”, indica. Además, señala que una de las prioridades del Ejecutivo debe ser una depuración dentro de las fuerzas del Estado. 

Considera que la pieza clave para llevar a la práctica el plan es trabajar conjuntamente con la población carcelaria. El plan puede reemplazar la fuerza militar de las cárceles y llegar dentro de las cárceles desde otro lugar, y así, ganar gobernabilidad entre cada pabellón. 

Para llevar el plan de la hoja a la realidad, la Alianza por Derechos Humanos espera reuniones por provincia, dado que, cada una  tiene sus propias realidades.

Christian Palacios, representante de la organización SOS Cárceles, sociólogo y exdetenido, explica que los presos no tienen ningún equilibrio emocional, psicológico. Dice que salen de un entorno físico casi inhumano, por lo que existe reincidencia. “En este momento no hay ningún plan de reinserción laboral. La reincidencia no se da sólo por problemas psicológicos, sino que es una forma de sobrevivir”, comenta. 

Palacios considera que se debe considerar a los seres humanos capaces de cambiar. Se debe dar formación técnica y pueda encontrar plazas laborales; que es eso donde han fracasado los sistemas penitenciarios.

Explica que los reos a nivel cultural y social no son considerados rentables. Y ese es el gran reto de este plan de rehabilitación social. “Lo más frecuente es que los ppl están abandonados a su suerte donde sufren todo tipo de violencia psicológica, física y sexual”, explica. 

Él, igual que todos los presos, espera que este plan mejore la situación en la que cumplen sus condenas y les permita una vida digna después de las rejas. 

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