En medio de denuncias y desacuerdos el Consejo de Participación Ciudadana cambió de autoridades —una vez más— antes de lo previsto por la Ley, algo ya habitual en el organismo, que ha sido criticado y se ha desarrollado entre polémicas y pugnas internas.

Con cuatro votos a favor, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) designó a la consejera Mishelle Calvache como vicepresidenta del organismo. Así se cierra, por el momento, un nuevo capítulo de disputa de poderes, denuncias y cambio de autoridades que no logran terminar los periodos que debían cumplir, lo que se ha tornado frecuente en esta institución. 

Calvache debería estar al frente de esta institución, junto a Andrés Fantoni, en su calidad de Presidente, hasta mayo del 2025, cuando se renueven las autoridades por mandato de Ley. 

Pero la realidad ha sido otra. Está nueva crisis institucional del Consejo de Participación se generó el miércoles, cuando, por moción de Calvache, se removió del cargo de Presidenta a Nicole Bonifaz, con cuatro votos a favor, los mismos que hoy la eligieron como Vicepresidenta. 

Bonifaz duró apenas seis meses como presidenta del organismo. Había sustituido en el puesto a Alembert Vera, quien estuvo cinco meses como titular de la entidad, que tuvo que dejar tras ser destituido por la Corte Constitucional. 

Bonifaz tuvo que dejar la Presidencia luego de que los consejeros Mishelle Calvache, Juan Guarderas, Andrés Fantoni y Johanna Verdezoto argumentaron que perdió la confianza del Pleno.

Verdezoto aseguró que este es un momento crucial para la institución y que la designación de Calvache marcará un antes y un después ante tanta inestabilidad que vive el Consejo. En la sesión no estuvieron ni Bonifaz ni la consejera Yadira Saltos. 

Sin embargo, y a pesar de la evidente crisis institucional que no logra superar este organismo, Fantoni aseguró que los siete consejeros trabajarán para cumplir con la misión encomendada por la ciudadanía.

Para David Mero, analista político, lo que sucede en el Consejo de Participación es un reflejo de la  crisis política institucional que vive en los últimos años el país y que se ha reflejado en el Consejo de la Judicatura, la Asamblea, Corte Nacional de Justicia, entre otras. Mero asegura que, a pesar del intento de tener un Consejo ciudadano, con representantes elegidos en la urnas, en la práctica es un organismo político, donde los movimientos y partidos tratan de obtener su cuota de poder, ya que es la entidad encargada de designar a las autoridades de control. Lo que le resulta paradójico al analista es que, pese a los muchos cuestionamientos al Consejo, este ha sobrevivido a varios intentos de desaparecerlo o de modificar sus atribuciones. 

Una mayoría maleable 

Este recambio de autoridades demuestra lo maleable que es la integración del Consejo y la formación de mayorías, que pueden cambiar de un momento a otro.

Cuando fueron posesionados los siete consejeros, en mayo del 2023, la mayoría estaba integrada por Bonifaz, Saltos, Verdezoto, Vera y Augusto Verduga. Actuaban en minoria Fantoni y Calvache.

Con la destitución de Vera asumió como consejero Juan Esteban Guarderas, quien se unió a Fantoni y Calvache y, con Bonifaz, formaron otra mayoría. En esa etapa se quedaron en minoría Verduga, Saltos y Verdezoto.

Sin embargo, desde hace una dos semanas atrás Verdezoto se unió al grupo de Fantoni mientras que Bonifaz se iba quedando en minoría hasta que fue destituida como Presidenta por esa nueva mayoría. 

Los conflictos 

Verdezoto ha sido cuestionada por mantener un presunto conflicto de intereses en el concurso para designar al Defensor Público. La consejera habría mantenido una reunión reservada con el mejor postulante de ese concurso. El tema es investigado inclusive por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, a donde fuellamada a comparecer, pero no asistió. 

También es denunciada por una de sus excolaboradoras a quien, según su relato, Verdezoto —oriunda de Los Ríos— le había pedido que se hiciera pasar como propietaria de una casa en Quito y firmara un contrato de arriendo, documento que lo habría presentado al Consejo para solicitar el reembolso del dinero por el supuesto alquiler.

La excolaboradora había presentado la denuncia a Bonifaz, quien habría intentado tratar el tema en la sesión del Pleno en la que fue destituida como Presidenta. 

En medio de esta polémica estaría también la intención de ir a la renovación total del Consejo Nacional Electoral y no sólo parcial, como está en proceso. Esta nueva mayoría fue, precisamente, la que aprobó que se elevara a consulta de la Procuraduría si es posible ejecutar un solo concurso para cambiar a los cinco miembros del organismo electoral. 

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