Algunos sectores del propio Legislativo piden una investigación interna sobre la participación de exintegrantes o integrantes en la manipulación de la Justicia. En el caso ‘Purga’ está detenido Pablo Muentes (PSC) y en el caso ‘Metástasis’ Ronny Aleaga (correísta) debe rendir versión. 

Desde adoptar una posición institucional hasta deslindar responsabilidades políticas y partidistas son las posiciones que se manejan en la Asamblea frente al caso ‘Purga’, donde la Fiscalía investiga el presunto delito de delincuencia organizada. El proceso ha dejado hasta el momento 12 detenidos, entre ellos el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas Fabiola Gallardo. 

Durante la formulación de cargos, que se realizó entre la noche de ayer y la madrugada de hoy en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, la fiscal general, Diana Salazar, expuso los presuntos nexos entre Muentes y Gallardo para influir en jueces, procesos y sentencias judiciales, en beneficio propio o de involucrados en delitos como narcotráfico. 

Pero no es sólo la detención de Muentes, asambleísta en el anterior periodo, lo que le llevó a manifestar que en este caso es una demostración de que la “política legislativa, la Justicia y el narcotráfico trabajen de la mano” y que la “corrupción se generaba desde las más altas esferas legislativas”. 

Anoche la Fiscal agregó en la audiencia que esta forma equivocada de hacer política a través de la intromisión indebida en la Justicia, se evidencia en las reformas al COIP que están en suspenso de votación en la Asamblea, a la espera de acuerdos entre las bancadas para su aprobación.

Uno de los temas más cuestionados es que se incluya en esa reforma la posibilidad de que la reserva de la investigación previa que realiza la Fiscalía, se levante por pedidos de instancias como la Legislatura. 

Salazar aseguró que estas reformas limitarían la acción de la Fiscalía. “Pretendían que la Fiscalía pusiera al servicio de la Asamblea las investigaciones que, de forma acertada y reservada, venimos manejando”, indicó. Agregó que, si esas reformas estuvieran vigentes, no se hubiese logrado la detención de las 12 personas en este caso, ya que habrían sido alertadas del operativo por sus nexos delincuenciales.

Las reacciones 

La asambleísta Alexandra Castillo, de Construye, considera que los tentáculos de la corrupción están inmiscuidos en todos los poderes del Estado y respalda la gestión de Salazar. Sin embargo, considera que hay temas rescatables en las reformas al COIP que deben mantenerse, como el incremento de penas en ciertos delitos, aunque reconoce que aspectos como levantar la reserva de las investigaciones tuvo siempre la oposición de su bloque y de otros sectores, por lo que no entraba en el paquete de artículos a ser aprobados. Camilo Salinas, de la misma agrupación, asegura que la Asamblea debería aprobar una resolución de apoyo a la labor de la Fiscalía y realizar una investigación interna, ya que en el caso ‘Metástasis’ está llamado a rendir versión el exasambleísta correísta Ronny Aleaga, aunque no está procesado. 

Por su parte, Adrián Castro, de ADN, dijo que la Fiscal no necesita en estos momentos resoluciones de respaldo, sino herramientas jurídicas potentes para continuar realizando su trabajo. Dijo que a la Asamblea le corresponde legislar y fiscalizar. No está de acuerdo en que se integre una comisión especial que investigue la participación de exasambleístas, asambleístas o asesores en actos irregulares, ya que cada legislador y cada comisión está en la potestad de iniciar procesos de fiscalización. “Mucha comisión, poco trabajo; eso no le hace bien al país”, expresó.

PSC vs. correísmo 

El legislador correísta Leonardo Berrezueta pidió un pronunciamiento “concreto” al Partido Social Cristiano sobre el hecho de que uno de sus exlegisladores está involucrado en el caso ‘Purga’. “La Asamblea tiene la necesidad de conocer este caso, así como de otros más de la corrupción de la Justicia y la injerencia de unos cuantos malos políticos”, dijo Berrezueta. Aseguró  que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle (PSC), tiene la posibilidad de convocar a los presidentes de las comisiones y a los jefes de bloque para analizar este tema y, de ser el caso, abrir una investigación sobre las injerencia en la Justicia y los alcances que en ella han tenido legisladores y exlegisladores. 

Por su parte, el jefe de la bancada socialcristiana, Vicente Taiano, manifestó que ni su bloque ni el partido tienen alguna responsabilidad en las actuaciones de Muentes ya que, si de lo que se le acusa es cierto, estás son a título personal. “Él tendrá que defenderse de las imputaciones. En este caso lo que cabe es que la Justicia haga su trabajo”, indicó. 

Te puede interesar:

· Reformas e incentivos al turismo: ver para creer

· Noboa va armado a visitar a los damnificados del invierno

· “Al Municipio de Quito le deben más de $300 millones de dólares”. Pabel Muñoz, alcalde de Quito