El rubro de seguridad en el presupuesto de Quito para el 2022 fue de más de 50 millones y se ejecutó el 72,7%. Sólo como ejemplos, la Secretaría de Seguridad alcanzó a usar 4,2 millones y el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano 21,2 millones.
En tiempos de elecciones la gente escucha numerosos ofrecimientos de combatir la inseguridad en las parroquias, ciudades, provincias o el país. La presente campaña para las elecciones de autoridades locales no ha sido la excepción: casi todos los postulantes a las 221 alcaldías y 23 prefecturas priorizan este tema en sus numerosas apariciones públicas
Sin embargo, no todas las propuestas se sustentan en datos reales y confiables, sobre los principales problemas de inseguridad que afectan a la población. Otras, en cambio, no son del todo ciertas.
Este 20 de enero anterior, por ejemplo, el candidato a Alcalde de Quito Andrés Páez, aseveró en una entrevista en FM Mundo que en Quito, durante el 2022, el Municipio capitalino invirtió en seguridad menos de 4 millones de dólares.
“Hay una tasa de seguridad. ¿Cuánto es el presupuesto que se asigna en el Municipio de Quito, en el último año? 3,5 millones. Esto hasta diciembre con una reforma presupuestaria tiene que crecer al 8%, porque es una de las áreas más sensibles”, sostuvo el postulante.
Calificamos a esta aseveración como falsa: el informe municipal de ‘Ejecución presupuestaria de gastos al 31 de diciembre de 2022’ confirma que el año anterior se asignó más de 50 millones de dólares para el área de seguridad y que la ejecución o cumplimiento de ese presupuesto alcanzó el 72,7%.
La Secretaría de Seguridad alcanzó a usar 4,2 millones (91,5%), el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano 21,2 millones (76,4%) y la Empresa Pública Metropolitana de Seguridad 11,1 millones de dólares (62,3%), indica el documento.
En todo caso, el gasto total de seguridad corresponde al 3,8% del presupuesto general del Municipio de 2022 de 1.323’475.000 dólares, se puntualiza en este documento publicado en el portal de Gobierno Abierto, en cumplimiento de la legislación de transparencia vigente en el país, que obliga a transparentar la información financiera de las instituciones públicas.
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