Este 28 de febrero, Carlos Ochoa afirmó que “el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición no podrá declarar la terminación anticipada de los periodos del Superintendente de Comunicación ni del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Gustavo Jalkh”. Y es cierto.
El anexo de la pregunta 3 aprobada el pasado 4 de febrero explica cómo funcionará el régimen de transición del CPCCS. En el texto se indica que los consejeros posicionados este 28 de febrero asumirán transitoriamente todas las facultades, deberes y atribuciones que la Constitución y las leyes les otorgan.
Ello significa que el Consejo Transitorio “tendrá por misión el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y control, de participación ciudadana, y de prevención y combate a la corrupción para lo cual propondrá a los órganos competentes las reformas necesarias”. Además, “evaluará el desempeño de las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesado, en el plazo máximo de seis meses desde su instalación, pudiendo, de ser el caso, declarar la terminación anticipada de sus periodos”.
Esto quiere decir que no evaluará a las autoridades nombradas por el CPCCS 2010-2015. Entre esos funcionarios, efectivamente, se encuentran Carlos Ochoa y Gustavo Jalkh.
En el informe ‘CPCCS: Un régimen de transición que siembra dudas’, elaborado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), se señala que, conforme a estas competencias, el Consejo Transitorio deberá iniciar los procesos de designación de las siguientes autoridades que han renunciado o cuyos períodos han terminado o terminarán en los próximos meses. Ese sí es el caso del cargo de Superintendente de Comunicación. Ochoa finalizará su período en octubre de este 2018.