Según la Fiscalía, el propósito de los vocales era que Llori regresara a la Presidencia de la Asamblea para que, a cambio, Pachakutik no votara por su destitución, en el juicio político que impulsaba el correísmo en el Legislativo cesado.
En los próximos días, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) deberá realizar el sorteo de los tres jueces de la Sala Penal que se encargarán de llevar el juicio en contra de los vocales de la Judicatura Maribel Barreno y Juan José Morillo, y del juez de Pichincha Vladimir Jhayya.
Los vocales están procesados en calidad de coautores y el juez como cómplice del presunto delito de tráfico de influencias, según el dictamen acusatorio que presentó la Fiscalía.
Las partes partes procesales anticiparon que entre los testigos que convocarán se encuentran exasambleístas del correísmo y de Pachakutik; incluso el abogado del juez dijo que citará a declarar al presidente de la República, Guillermo Lasso.
El caso tiene relación con una presunta presión de los vocales —a través de una acción de protección— para que jueces fallen a favor de Guadalupe Llori, a la fecha de los hechos asambleista de Pachakutik, para que se quede como presidenta de la Asamblea.
El entramado político-judicial
¿Cómo se configura el tráfico de influencias según la Fiscalía? ¿Qué tienen que ver en el proceso los vocales de la Judicatura, el juez y los exasambleístas? Le teoría expuesta por la Fiscalía demostraría un manejo «bajo la mesa», cómo trataron de mover los hilos a su conveniencia los actores de varias instuciones, revestidos del poder por el ejercicio de sus cargos, una especie de ‘nosotros les ayudamos y ellos nos ayudan’.
Oficialmente, la investigación de la Fiscalía inició por una denuncia puesta a raíz de la filtración de un audio de una conversación mantenida en una reunión entre los dos vocales de la Judicatura y Gustavo Osejo, entonces presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, y en la estuvo también presente Jhayya.
La Judicatura es un órgano administrativo encargado de la vigilancia y la disciplina de los miembros de la Función Judicial, entre ellos jueces y fiscales.
Según la Fiscalía, la reunión se efectuó la mañana del 2 de junio del 2022, en una oficina ubicada en el norte de Quito, fuera de las dependencias de la Judicatura. Oficina que, según las investigaciones, era arrendada por Morillo, a esa fecha presidente encargado de la Judicatura, y que la habría devuelto luego de que saltó el escándalo de los audios filtrados.
En esa reunión, Morillo y Barreno habrían solicitado directamente a Osejo, quien integraba el Tribunal que debía conocer la acción de protección, que fallara a favor de Llori y en el menor tiempo posible, para que pudiera regresar a la Presidencia de la Asamblea.
Es que a esa fecha —2 de junio del 2022— había dos hechos importantes en la Legislatura. El uno era la puesta en marcha del juicio político en contra de Barreno, de Morillo y de Fausto Murillo, también vocal de la Judicatura. El juicio político fue propuesto por Viviana Veloz y Fausto Jarrín, en ese entonces asambleístas del correísmo.
El otro hecho es que, dos días antes, Llori había sido distituída como Presidenta de la Asamblea, por lo que asumió Virgilio Saquicela, que en teoría era independiente.
En consecuencia, Pachakutik perdió el control de la Asamblea y la nueva mayoría que se había formado para sacar del cargo a Llori y dar todo su respaldo a Saquicela estaba liderada por la bancada correísta, que, a su vez, impulsaba el juicio político.
En definitiva, según la teoría de la Fiscalía, lo que buscaban los vocales era «quedar bien» con el bloque de Pachakutik, permitiendo que Llori retomara el poder en la Asamblea, a cambio de que no dieran sus votos para la destitución en el juicio político que estaba próximo a cumplirse.
¿Cuál fue rol de Jhayya en esta reunión? Habria sido quien se puso en contacto con Osejo para que acudiera a la reunión y dialogara con Morillo. Además, sería quien dio las indicaciones de cómo llegar al lugar de la reunión, y quien habría dado las ideas, sugerencias y argumentos para motivar el fallo a favor de Llorí.
Según Salazar, es cuando se produjo el tráfico de influencias: funcionarios con poder jerárquico, administrativo y sancionador (Judicatura), que intentan influenciar en otro funcionario (el juez Osejo) para obtener un beneficio para todas las partes involucradas. Osejo debía, a su vez, convencer a los otros dos jueces encargados de conocer el recurso interpuesto por Llori para que fallaran a su favor. Se habría evitado el acercarmiento con los otros dos jueces, ya que eran poco accesibles.
Así quedaron las cosas
La acción de protección fue negada a Llori, que perdió toda oportunidad de mantenerse como titular de la Legislatura. Diana Salazar, fiscal general, dijo que esto se debió, en gran medida, a que saltó el escándalo del audio filtrado y al inicio de la investigación. Pero que había quedado demostrado la buena voluntad con Pachakutik.
¿El resultado? El 13 de octubre del 2022 el juicio político terminó en el archivo. Se alcanzaron 86 de los 92 votos necesarios para su censura y destitución. Gran parte de la bancada de Pachakutik se abstuvo.
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