Querían iniciar el juicio político contra el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite, para apresurar la interpelación a la Fiscal General. Pero el resto de bancadas votó por tratar primero los procesos represados. Hubo de todo en una jornada más que atropellada. 

Los asambleístas correístas de la Comisión de Fiscalización fracasaron ayer en su intento de iniciar el juicio político en contra del exministro de Energía Fernando Santo Alvite, a quien responsabilizan de falta de gestión para prevenir los apagones en el país. Era para ellos importante porque lograrían, así, adelantar los plazos para tratar  la interpelación a la fiscal general, Diana Salazar, principal objetivo de la Revolución Ciudadana.    

La Comisión fue convocada este lunes para avocar conocimiento del proceso contra Santos Alvite, calificado ya por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Sin embargo, comunicados de última hora y desconocimiento del procedimiento parlamentario por parte de los legisladores nuevos hicieron que no se calificara el juicio político propuesto por la asambleísta Nicole Saca, de la bancada oficialista (ADN).

Confusa situación 

La sesión estaba convocada para las 16:00. Hasta ese momento la presidenta de la Comisión, Pamela Aguirre (correísta), aseguraba que se debía dar inicio al proceso de sustanciación contra el exministro de Energía, ya que no se contaba con los expedientes completos de los juicios políticos represados de la Asamblea disuelta. Según el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle (PSC), antes de iniciar la interpelación a Santos Alvite, Fiscalización debía evacuar cinco procesos represados. “Sin el expediente sería una violación al debido proceso”, argumentó, sin embargo, Aguirre.

Una vez instalada la sesión, los legisladores de otras bancadas insistieron en que primero debía tratarse en orden cronológico de presentación los juicios políticos represados y luego los de Santos Alvite, Juan Zapata (ex Ministro del Interior) y después el de Salazar, presentados en este periodo. Sin embargo, Aguirre insistió en que se avoque conocimiento del proceso contra Santos, ya que no había documentación completa ni sabían en qué estado se encontraban los juicios políticos represados. 

Poco después de iniciada la sesión, según Aguirre, llegó la notificación del criterio jurídico sobre cómo proceder en el caso de los procesos represados. Ese criterio jurídico señaló que la Comisión de Fiscalización debía elaborar un informe al Pleno de la Asamblea sobre el estado en que se encuentran las interpelaciones represadas, para que sea esa instancia la que defina cómo proceder. Aguirre argumentó, una vez más, que por plazos primero se debía avocar conocimiento del proceso contra Santos y luego analizar cómo se encuentran los otros casos.

La votaciones 

El legislador correísta Lenín Barreto presentó la moción para que se califique el juicio político contra Santos. Votaron a favor los cuatro correístas, pero los cinco restantes, de distintas bancadas, lo hicieron en contra. Entre ellos Adriana García, de Construye, quien solicitaba que se vote su moción sobre aprobar una resolución para tratar en orden cronológico los juicios pendientes, pero el secretario de la Comisión le respondió que primero tenían que acabar de tramitar la moción de Barreto para luego entrar a votar la suya. 

Negada en primera votación la calificación del proceso contra Santos, se pidió de inmediato la reconsideración. Hubo un largo receso donde el correísmo se encerró en la oficina de Aguirre y el resto en la oficina del vicepresidente Luis Alvarado, de ADN. 

Al reinstalarse la sesión, se votó por unanimidad reconsiderar la votación. Esto implica que se debía volver a votar la moción propuesta por Barreto. Al momento de volver a tomar la votación, García pidió que se votara su moción, pero el correísmo le recordó que mientras estaba en marcha una primera moción, no era posible tratar otra.

Fue cuando los legisladores de otras bancadas se dieron cuenta de que su propuesta no hubiese sido considerada ya que, una vez aprobada la primera moción, de inmediato darían paso al juicio político contra Santos Alvite sin tomar en cuenta el orden cronológico del resto de procesos presentados. Por lo que abandonaron la sesión y la dejaron sin quórum. Pero Aguirre hizo que se tomara votación y declaró que este juicio político no había sido calificado y suspendió la sesión.