Cinco asambleístas de Pachakutik, afín al movimiento indígena; tres del correísmo y un independiente son los encargados de investigar los hechos relacionados con las movilizaciones del mes pasado.
Entre el 13 y el 30 de junio el país sufrió los efectos del paro convocado por las tres organizaciones indígenas-campesinas más grandes del país: Conaie, Fenocin y Feine, en contra de la política económica y social del Gobierno.
Fue una jornada que tuvo graves hechos de violencia. Los alrededores de la Asamblea y del Parque de El Arbolito, en Quito, se convirtieron en verdaderos campos de batalla entre manifestantes y fuerzas del orden; varias carreteras del país resultaron bloquedas; algunas ciudades sufrieron desabastecimientos y en no pocos casos se presentaron actos de vandalismo.
Estos antecedentes llevaron al Pleno de la Asamblea a aprobar, el 5 de julio, una resolución en la que se dispuso que se investiguen los hechos relacionados con el paro, las medidas adoptadas durante esa jornada, los hechos de violencia que constituyan infracciones y los acuerdos establecidos entre el Gobierno y las organizaciones indígenas y sociales.
El desarrollo de esta investigación está a cargo de la Comisión de Garantías Constitucionales, que deberá entregar el informe con las conclusiones y recomendaciones hasta el 12 de agosto, para que sea debatido y aprobado por el Pleno de la Asamblea.
Como parte del proceso, la Comisión tiene previsto convocar a especialistas en Derechos Humanos, penalistas, antropólogos, indigenistas, actores del paro y a autoridades, como ministros y comandantes relacionados con el sector de seguridad.
Comisión con historia
El asambleísta Fernando Cabascango (ala rebelde de Pachakutik), presidente de la Comisión, aseguró que realizarán una investigación objetiva, transparente e imparcial.
¿Es posible eso? El jefe de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, lo duda. Y sus dudas nacen por los antecedentes de esta Comisión, integrada por cinco asambleístas de Pachakutik, dos de ellos denominados rebeldes, afines al movimiento indígena; por tres correístas y un independiente.
El correísmo inclusive, a pretexto del paro, presentó una moción para que se debatiera la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, lo que no prosperó en el Pleno. En tanto que, recientemente, Jhajaira Urresta, legisladora correísta, presentó, junto a Peter Calo (rebelde de PK), una solicitud de juicio político en contra de Patricio Carrillo, ministro del Interior, por hechos relacionados con el paro. Mientras que los rebeldes de Pachakutik han venido trabajando bajo los lineamientos de Leonidas Iza, presidente de la Conaie, la figura más visible del paro.
Además, en términos generales, Flores recuerda que la Comisión de Garantías Constitucionales fue la que elaboró y aprobó el informe sobre los Papeles de Pandora, en el que se mencionaba a Lasso por su presunta relación con paraísos fiscales. Y que esa misma Comisión fue la que elaboró el informe sobre las amnistías de las que se beneficiaron miembros de la Conaie, entre ellos Iza, tras el paro de octubre del 2019.
«Yo creo que en esa Comisión no va a existir transparencia», menciona Flores; y considera que ninguna Comisión debería estar a cargo de la investigación, ya que muchos asambleístas estuvieron involucrados, de una u otra manera, en el paro, por lo que sugiere que debería ser una comisión de la verdad con respaldo internacional, la que se encargue de la investigación.
Por su parte, Washington Varela, asambleísta independiente, agregó que debería ser una investigación neutral que tome en cuenta no sólo las acciones directas del paro, sino los efectos que tuvo en otros sectores, así como los daños o agresiones «colaterales» que se dieron durante esas jornadas.
Los comisionados a cargo de la investigación
Fernando Cabascango, presidente. Es del ala rebelde de Pachakutik, que responde a la línea de la Conaie. Participó en algunas movilizaciones y en el Ágora de la Casa de la Cultura estuvo junto a los dirigentes del paro. «La solidaridad y el espíritu de lucha fueron los factores para 18 días de movilización que buscan la defensa de los derechos de todos los ecuatorianos. El pueblo merece una vida digna y que sus derechos sean respetados», posteo en su cuenta Twitter.
Victoria Desintonio, vicepresidenta. Asambleísta del correísmo, fiel seguidora de Rafael Correa. Fue una de las legisladoras de esa agrupación que con su firma respaldó el pedido de adelantar elecciones.
Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea. Del ala tradicional de Pachakutik, que se había mantenido cercana al oficialismo, logrando su respaldo en el intento de destituirla del cargo.
Paola Cabezas, del correísmo. El 30 de junio, al acabar el paro, publicó en su Twitter: «Finaliza el paro. 18 días que le costaron al país enormes recursos y lo más lamentable, heridos y vidas humanas. ¿Por qué el Gobierno no acordó antes? Nos hubiéramos evitado esta tragedia y el inmenso desgaste social. Ahora solo queda esperar que los acuerdos se cumplan».
María Fernanda Astudillo, correísta. El 28 de junio posteó: «No podemos tolerar las detenciones arbitrarias y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES que se han dado en estas jornadas de protestas, el ministro Carrillo tiene que dar un paso al costado».
Mario Ruiz, del ala rebelde de Pachakutik, afin a Leonidas Iza. En su momento, anunció que él recogería las firmas para enjuiciar políticamente al ministro del Interior, Patricio Carrillo. El legislador aseguró que la Policía no respetó los Derechos Humanos durante el paro y que atacó con bombas lacrimógenas la Universidad Central.
Sofía Sánchez, del ala orgánica de Pachakutik. Cuando se firmó el acta de paz entre el Gobierno y el movimiento indígena posteó: «Aplaudimos el acuerdo firmado hoy. Se priorizó la vida del pueblo ecuatoriano frente a 18 días de caos, desabastecimiento y resistencia. Seguiremos luchando por un país mejor desde nuestra curul, sin el uso de la violencia. Viva el Ecuador».
Édgar Quezada, del ala orgánica de Pachakutik.
Gruber Zambrano, asambleísta independiente.
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