La Contraloría General del Estado inició el 24 de abril de 2018 un análisis del uso de los aviones presidenciales durante la gestión del expresidente Rafael Correa. El informe borrador entregado por la entidad de control se evidenciaron irregularidades en el uso de los aviones y vuelos presidenciales realizados entre el 1 de enero de 2014 y el 24 de mayo de 2017. Dichas acciones habrían causado un perjuicio de más de USD 13 millones para el Estado, como resultado de vuelos que no habrían realizado actividades oficiales.
De acuerdo a la Contraloría, 58 vuelos en el Legacy 600 y Falcon 7X, así como 24 de Tame y 9 de Petroamazonas, no contaron con autorización. Entre otros hallazgos se identificaron 24 vuelos a paraísos fiscales (offshore), traslados de autoridades extranjeras, y viajes realizados por distintas autoridades sin la autorización de la Presidencia.
En relación al tema, el Contralor General del Estado, Pablo Celi participó en el programa de entrevistas Los Desayunos transmitido el 17 de diciembre por Teleamazonas. En el espacio el funcionario comentó que: «En lo que atañe en el uso de aviones presidenciales hay una ausencia de normativa rigurosa que permita un control estricto de las funciones que esos aviones debieron cumplir».
Declaraciones de Pablo Celi Min 0 Seg 50
La Constitución del Ecuador establece que ningún servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Sin embargo, el Reglamento para la Administración y Control de Bienes del Sector Público no hace ninguna referencia al uso de los aviones presidenciales.
Los dos aviones presidenciales (Legacy 600 y Falcon 7X) fueron adquiridos por el Ministerio de Defensa en 2008 y 2013 por un suma de USD 80 millones. El Legacy 600 se compró a la firma brasileña Embraer en diciembre del 2008 para vuelos nacionales y regionales, cuando el Ejecutivo tenía a su disposición aviones militares. Cinco años después, la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), en su plan para incrementar la capacidad operativa, sustentó la compra del Dassault Falcon 7X.
De acuerdo a la Directora de Comunicación de la Presidencia de la República, Valeria González, la Presidencia no maneja o regula los vuelos presidenciales sino «que está a cargo del Servicio de Protección Presidencial quienes están a cargo del Grupo de Transporte Aéreo Especial (GTAE)». El 15 de mayo a través de un decreto presidencial se ordenó que el Grupo de Transporte Aéreo Especial (GTAE), creado para el traslado de las autoridades del gobierno, no forme parte de la FAE y sea dependencia del Servicio de Protección Presidencial.
El abogado aeronáutico, Chester Salazar aseguró que no existe legislación que regule el uso de los aviones presidenciales. «Debemos entender que esos vuelos conllevan un tema de seguridad de Estado; en estos viaja el Presidente de la República o altos funcionarios gubernamentales, y por ello la información al respecto es muy reservada». Salazar añadió que el Servicio de Protección Presidencial maneja con total hermetismo el uso de los aviones, y ellos tampoco son los encargado de decidir quienes abordan estas aeronaves o sus destinos.