De la Fiscalía depende de que se incorpore o no el peritaje que señala a dos generales como autores intelectuales del asesinato de Jorge Gabela, quien denunció irregularidades en la compra de helicópteros militares durante el correísmo. ¿Qué sigue en el caso?
Tras 13 años del asesinato de su esposo, Jorge Gabela, y sin sanciones ni para los autores intelectuales ni para aquellos que ocultaron las investigaciones del crimen y las denuncias que él hizo sobre las irregularidades en la compra de 7 helicópteros militares, 4 de los cuales terminaron cayéndose, su viuda, Patricia Ochoa declaró que prácticamente ya no espera nada de la justicia, y que sólo anhela la verdad.
Así respondió Ochoa, con la voz entrecortada, al ser consultada por periodistas sobre lo que esperaba tras recibir el informe de la reconstrucción de la investigación realizada por el perito argentino Roberto Meza, que se “perdió” durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, sin que ninguna autoridad llegara a responsabilizarse por dicha pérdida.
“Después de más de 13 años, lo que menos habrá en el caso Gabela es justicia, sólo verdad. Y eso es lo que pide la familia, sólo verdad, nada más”, declaró Ochoa, dominada por una emoción que le impidió contener sus lágrimas.
Con una mezcla de indignación, dolor y esfuerzo por mantenerse firme, Ochoa dijo que «la justicia no sirve para nada». Y lo dijo luego de recordar que el juez del caso de irregularidades en la compra de los mencionados helicópteros no encontró nada. Tampoco hay una sola sanción para las autoridades de los gobiernos de Correa y Moreno. «Han sido casi 13 años de persecución, años difíciles y duros para la familia, para mis hijos y para mí», agregó.
También declaró: “Desde que entraron a dispararle a mi esposo a la casa estuve clara porque viví la persecución junto con mi esposo. Viví la crueldad del asesinato, de cómo quisieron tapar a los autores intelectuales. Guardo los nefastos recuerdos de un Gobierno que quiso ocultar el asesinato de Jorge”.
Denuncias
Ochoa insistió en que el asesinato de su esposo estuvo relacionado con las denuncias que él realizó en calidad de Comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) sobre irregularidades en el contrato de compra del Estado de siete helicópteros militares. Gabela se pronunció públicamente en contra de este contrato de dichas aeronaves de marca Dhruv, de fabricación india, aduciendo que no eran adecuadas para operar en Ecuador.
Cuatro de los siete helicópteros adquiridos por el Gobierno de Correa (2007-2017) sufrieron accidentes fatales pocos meses después de su compra, cobrando la vida de militares. Los otros tres helicópteros se encuentran actualmente abandonados y con prohibición de vuelo.
Las autoridades atribuyeron inicialmente la muerte de Gabela a la delincuencia común, a pesar de las sospechas de la familia de que había autoridades implicadas.
Ahora, con el documento del peritaje en sus manos, Ochoa y su abogado, Ramiro Román, tienen un plazo de 20 días para realizar observaciones o pedir alguna ampliación o aclaración, tal como lo dispuso la Corte Constitucional al ordenar que se reconstruya la investigación. Consultado por Ecuador Chequea, Román sostuvo que sí realizarán estas tres acciones y que las darán a conocer oportunamente después de un análisis minucioso.
“Este es un dato más que tenemos que incluir en la investigación. Es una parte importante. Hay muchas cosas que se van uniendo para inferenciar un proceso, que por obvias razones que usted ve, va a ser en la Fiscalía”, sostuvo Román.
Las investigaciones
Según las investigaciones realizadas por el perito Roberto Meza, Gabela se convirtió en objetivo de persecución (seguimientos en la jerga militar) y, finalmente, fue víctima de un atentado mortal debido, precisamente, a sus cuestionamientos sobre la compra de los helicópteros militares.
Meza afirmó que existen numerosos indicios que podrían vincular como «probables autores intelectuales» del asesinato de Gabela a los generales Alonso Espinosa y Rodrigo Bohórquez, jefe de Estado Mayor y comandante de la Fuerza Aérea, respectivamente.
“Quien podría tener motivaciones es el general Bohórquez, quien sucede en el cargo a Gabela en abril del 2008 y es quien reabre la licitación para la compra de helicópteros Dhruv”.
Meza, sin embargo, no especificó si ambos militares mencionados contrataron directamente o solicitaron el crimen.
«Existen numerosos indicios que vinculan a estas dos personas como posibles autores intelectuales del asesinato», afirmó Meza. Lo dijo luego de mostrar una gráfica que ilustraba las relaciones entre los implicados tanto como autores materiales del crimen, así como diversas autoridades militares durante ese Gobierno, e incluso al propio Rafael Correa.
Meza también calificó como un cabo suelto por resolver una conversación telefónica donde estaría involucrado el expresidente.
LAS CONCLUSIONES
Sobre la base del mencionado gráfico de relaciones Meza, finalmente, presentó las cuatro conclusiones de su informe:
- Hay «suficientes indicios» que señalan a los generales de la FAE Alonso Espinosa y Rodrigo Bohórquez, como posibles autores intelectuales del crimen.
- La muerte del general Gabela puso fin a sus denuncias públicas sobre la idoneidad técnica de los helicópteros Dhruv.
- El expresidente Rafael Correa, los exministros Wellington Sandoval y Javier Ponce, los miembros de la Junta de Defensa Nacional y los miembros de la FAE conocían de la falta de idoneidad técnica de los helicópteros Dhruv.
- Agentes de la FAE realizaron un seguimiento sistemático al general Gabela desde el 2008 hasta pocos meses antes de su muerte, incluso se evidenció una amenaza durante una sesión en la Asamblea Nacional.
LO QUE VIENE
Estas cuatro conclusiones, en todo caso, no tienen peso legal. Es decir, no forman parte de las investigaciones a cargo de la Fiscalía sobre el tema. Por lo menos así lo dejaron claro las autoridades de la comisión responsable de coordinar la reconstrucción de la investigación.
Para que se incluyan en la investigación este informe debe ser “judicializado”, es decir, debe existir una solicitud previa de la familia de Ochoa o de la propia Fiscalía, aclararon los comisionados.
Consultado por Ecuador Chequea respecto a las expectativas sobre el sistema de justicia tras la presentación del informe pericial de Meza, el profesor de Derecho Ramiro García aclaró que, en efecto, dicho informe carece de validez legal y corresponde a la Fiscalía incorporarlo formalmente a sus investigaciones en este caso.
García consideró que el peritaje debe servir a la Fiscalía no sólo para profundizar sus investigaciones y determinar los grados de participación, ya sea como instigadores o como coautores.
“Habría que ver cuál fue la participación de los generales en el asesinato de Gabela, si fue ordenar su muerte o el haber participado en la logística y en operativo en el que falleció. Eso es lo que tendrá que establecer Fiscalía”, sostuvo.
“Han pasado 13 años, pero no ha prescrito la acción penal por asesinato. Además, en cuanto al fraude procesal, ha habido una cantidad de actos posteriores que caerían dentro del contexto de delito continuado”, acotó respecto a las diferentes acciones para hacer creer que se trató de un tema de delincuencia común.
La especialista en Derecho Penal Úrsula Jumbo también aclaró el contexto en el que el Estado ecuatoriano pidió la colaboración del Meza: Argentina tiene una reconocida trayectoria internacional y experiencia en el desarrollo de peritajes que han ayudado a esclarecer casos difíciles y complejos de investigar en materia criminalística.
Sostuvo que, en la práctica, lo que hizo Meza fue realizar un “meta peritaje”, una compilación y sistematización de todos los peritajes previos que se han realizado en el mismo caso en diferentes instancias y tiempos, por ejemplo, informes de balística, reconocimiento del lugar de los hechos, versiones y declaraciones.
“Hace un resumen de todos los peritajes y saca sus conclusiones para ayudar al fiscal del caso a que tenga un mejor entendimiento. Esto es permitido de acuerdo con la Ley”, explicó Jumbo, luego de insistir en la calidad del perito de “auxiliar de la justicia”.
Este tipo de peritajes, agregó Jumbo, permiten a los fiscales tener mayores grados de objetividad, certeza, desarrollo y convencimiento de lo que están investigando, en este caso, quiénes serían los autores intelectuales y de lo que ha pasado dentro del proceso judicial.
“El siguiente paso corresponde a la Fiscalía, para aceptar o no este informe. De aceptarlo, tendría que llamar a juicio a los autores que ha descubierto el señor perito y continuar con las respectivas investigaciones”, indicó Jumbo.
El también especialista en Derecho Diego Chimbo indicó que en términos judiciales a la presentación de este informe de peritajes se la puede calificar como “noticia nada vinculante sin validez jurídica”.
Chimbo también advirtió la posibilidad de que dicho informe pueda ser desacreditado debido a las expresiones previas de Meza publicadas en medios sociales, supuestamente con animadversión en contra de las personas que hoy constan en su informe y en las que habría anticipado su criterio sobre este caso. “No soportaría un interrogatorio”, añadió.
La remuneración para que Meza y su equipo técnico realizaran esta tarea superó los 300 mil dólares.
UNA FRASE:
“No desistan porque en este país seguirá habiendo casos Gabela y aquí es fácil cuando se tiene jueces a la medida. Pese a que hubo muertos por los helicópteros, los jueces no hicieron nada y siguen ahí, como si nada. Nuestra justicia no sirve para nada”.
Patricia Ochoa
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