Patrimonios millonarios bajo la lupa, deudas con el SRI e investigaciones archivadas por delitos graves marcan el perfil de las autoridades que manejan los cantones de Bolívar.
Bolívar, centro del país y que comparte con Chimborazo, una gran población indígena, es la provincia con mayores diferencias de patrimonio entre sus ocho autoridades seccionales. Dos de ellas son empresarios y declararon millones en sus formularios, otra supera apenas los USD 1.100, en tanto que el alcalde de Guaranda, la capital provincial, ha disminuido su patrimonio que, partiendo de cero, se ha convertido en negativo.
Con 204.620 habitantes, en la provincia continúa siendo importante el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, que controla la prefectura y dos alcaldías. Como contraste, le sigue el Partido Social Cristiano que ganó tres alcaldías pero en alianza con SUMA o con Avanza.
Solo un alcalde mantiene deudas con el fisco y otro no había presentado declaraciones de impuestos antes de asumir la alcaldía.
Cinco autoridades registran casos judiciales en el registro de consulta de procesos de la Judicatura (e-Satje).
Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Ecuador Chequea y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.
La provincia tiene dos alcaldes como accionistas en empresas activas, según los registros de la Superintendencia de Compañías, pero no son sus representantes legales.
La Compañía de Construcciones y Mantenimiento Industriales AlexCinth S.A., con USD 800 de capital, tiene a la alcaldesa de Chillanes, Mirian Galarza Yépez (SUMA-PSC), como su accionista. La actividad principal de esta empresa es los servicios de instalación de maquinaria industrial, equipos de control de procesos industriales, y montaje de máquinas.
En las declaraciones juramentadas a la Contraloría, desde 2023, Galarza, con un patrimonio actual de USD 546.676, registra un dólar en el apartado de acciones y participaciones. Esta información coincide con la de la Superintendencia de Compañías.
En tanto, el alcalde de Echeandía, Marco Viscarra Vega (Avanza-PSC), es accionista en la Compañía de Transporte Pesado EcheTrans S.A., con un capital total de USD 1.120. Esta empresa se dedica a todas las actividades de transporte de carga por carretera.
Viscarra es uno de los alcaldes con patrimonios más altos declarados en la Contraloría, en el registra en acciones y participaciones cero dólares. El alcalde de Echeandía, que asumió su cargo en 2023, registra una drástica disminución en su patrimonio, que pasó de USD 4,23 millones en 2023 a un valor de USD 2,6 millones en 2025.
El grupo periodístico Spondylus Info Lab consultó a los dos alcaldes con empresas sobre cómo han logrado mantener sus actividades empresariales a la par de su trabajo como autoridades. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no hemos obtenido una respuesta.
El alcalde de Guaranda, Inti Yumbay Taris (que ganó por MAS), registra un caso curioso en su declaración patrimonial. Al asumir la Alcaldía en 2023 declaró cero dólares de patrimonio y en 2025 ese valor es negativo y llega a USD 23.196
Alcaldes con archivos de investigaciones previas
De las ocho autoridades seccionales en Bolívar, cinco registran en el Sistema Judicial (e-Satje) causas que corresponden a archivos de investigaciones previas. Estos son casos en los que se investigó un presunto delito, pero la Fiscalía decidió no avanzar a una formulación de cargos por falta de elementos.
Inti Yumbay Taris, alcalde de Guaranda, tiene tres investigaciones previas archivadas: dos en 2023 y uno en 2025.
Del proceso ingresado el 3 de febrero de 2023, el fiscal pidió el archivo porque no se había justificado nexo causal y el juez archivó la causa. Días después, el 9 de febrero, Yumbay Taris fue denunciado por supuesto robo de accesorios (cerebro, caja fusilera, cuerpo de aceleración y depurador) de un vehículo. Este caso también terminó archivado.
Finalmente, el Alcalde de Guaranda tiene un tercer archivo de investigación previa “en consulta”. La denuncia fue ingresada en mayo de 2025, por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. En este caso, la fiscal provincial pidió el archivo por no haber elementos. Sin embargo, el ofendido solicitó que no se archivara y el juez envió el caso a consulta del fiscal encargado.
Mirian Galarza Yánez, alcaldesa de Chillanes, tiene una investigación archivada por el presunto delito de estafa, el proceso ingresó a la Función Judicial el 19 de marzo de 2024.
El alcalde de Chimbo, José Luis Arteaga (que ganó por Minga), registra una investigación archivada por el supuesto delito de tráfico de influencias, con ingreso el 19 de diciembre de 2025.
La alcaldesa de Las Naves, María Angélica Aldaz Pacheco (Pachakutik), tiene también un archivo de investigación previa, proceso que fue ingresado el 3 de julio de 2025 por el presunto delito de Incumplimiento de Decisiones Legítimas de Autoridad Competente.
En tanto, el alcalde de San Miguel de Bolívar, Ángel Coloma Romero (SUMA-PSC), tiene tres archivos de investigación previa: dos causas iniciaron en 2021, y una en 2024. Coloma Romero fue denunciado por el presunto delito de peculado en perjuicio del Municipio de San Miguel. La fecha de ingreso del proceso fue el 20 de abril de 2021.
Otra denuncia por el presunto delito de retención ilegal de aportación a la seguridad social terminó archivada por falta de elementos.
Coloma también fue denunciado por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente; tras un acuerdo y la cancelación del dinero, el proceso fue archivado. Ingresó el 2 de diciembre de 2021.
El grupo periodístico Spondylus Info Lab solicitó a Coloma su posición sobre este último caso, en el que se logró llegar al archivo después de un proceso de conciliación. Hasta el cierre de esta publicación, no hemos recibido una respuesta de parte del alcalde.
Deudas con el SRI
El alcalde de Chimbo, José Luis Artega, registra en facilidades de pago del Servicio de Rentas Internas (SRI) un valor pendiente por USD 2.990. Contactamos al funcionario para que explique la razón de esta deuda, sin embargo no hemos recibido una respuesta.
A su vez, la alcaldesa Galarza no presentó declaración de impuesto a la renta entre 2020 y 2022, según el SRI.
