El candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023. Un analista político, una activista de Derechos Humanos y un militante de Construye aseguran que el crimen sacó a la luz una dura realidad en el Ecuador, la que se va empeorando.
Este domingo se cumplen tres años del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El 9 de agosto de 2023, el aspirante a Carondelet por el Movimiento Construye fue asesinado a tiros a la salida de un mitin político, al norte de Quito. El país quedó en ‘shock’, ocurrió lo que hasta entonces parecía impensable: asesinar a un candidato presidencial en plena capital de la República, en medio de sus seguidores y rodeado de su dispositivo de seguridad, dispositivo que ha sido cuestionado. Un asesinato en un sector de la ciudad (Gaspar de Villarroel y Amazonas) que no entraba en el mapa de las zonas inseguras. Un crimen ocurrido al terminar la tarde, no en la noche o en la madrugada. Un crimen ocurrido a tan solo 11 días de las elecciones presidenciales.
Tres años han pasado desde el magnicidio y todavía hay preguntas sin respuestas y situaciones incomprensibles y extrañas como por ejemplo el asesinato en prisión de siete presuntos implicados como autores materiales del crimen, dejando al caso sin testigos clave.
En el plano judicial hay cinco sentenciados como autores materiales; y está en desarrollo la audiencia preparatoria de juicio contra siete presuntos autores intelectuales: José Serrano, exministro correísta; Ronny Aleaga, exasambleísta correísta; Xavier Jordán, empresario; Daniel Salcedo, sentenciado en otros casos de corrupción; y los cabecillas de la banda de ‘Los Lobos’, Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’; Luis Arboleda, alias ‘Gordo Luis’; y Esteban Aguilar, alias ‘Lobo Menor’.
A tres años del magnicidio, Jorge Peñafiel, exasambleísta de Construye; Vivian Idrobo, activista de Derechos Humanos; y Giuseppe Cabrera, analista político, comparten sus criterios sobre qué destapó el crimen del político y cuál es la situación del país a raíz de ese asesinato.
‘Fue la inauguración de la narcopolítica en el país’
Jorge Peñafiel, exasambleísta de Construye
Para el exlegislador, el crimen de su compañero de Movimiento significó para el país ‘la inauguración de la narcopolítica en Ecuador’ que reflejó la crueldad y la brutalidad con la cual pueden actuar esos grupos contra sus potenciales enemigos políticos. “Es la vinculación, es la expresión y la evidencia de la vinculación de la narco-delincuencia con la política”, dijo Peñafiel. A su criterio, el crimen obedeció a las investigaciones que Villavicencio realizó sobre hechos de corrupción ligados a grupos de alto poder delictivo con vinculaciones a la política. “Bajo esa lógica, él se convirtió en un objetivo a eliminar, a borrar”, dijo. Agregó que desde esa fecha la política cambió también hacia un discurso más virulento, volviéndose en un campo de batalla con una lógica de violencia que no se había visto antes. Las consecuencias, manifestó, fue darse cuenta que existe una agenda criminal que funciona y trabaja el Ecuador como eje fundamental de su actuar, de sus prácticas; y que recobrar ese país de calma, de política transparente, libre de corrupción y contaminación delincuencial no va ser fácil, ya que evidentemente habrá una reacción del crimen organizado muy fuerte, muy sólida.
“Se ha erosionado el Estado de derecho en todos sus niveles”
Vivian Idrobo, Alianza de Derechos Humanos
Para la activista, el magnicidio de Fernando Villavicencio y otras situaciones como la toma de TC Televisión en enero de 2024, fueron los pretextos para el Gobierno justifique decisiones como la declaratoria de conflicto armado en el país, que le permitió la militarización como una estrategia de dominio, pero que después de dos años y medio no se ha evidenciado un resultado favorable en el sentido de combatir la inseguridad ciudadana, que fue el fundamento de toda la maquinaria el Gobierno para erosionar las libertades, para decir que los defensores y defensoras son antipatrias.
“Lo que tenemos es una estrategia de dominación en el sentido de que se utiliza la legítima demanda ciudadana por seguridad como justificación para erosionar el Estado de derecho en todos sus niveles”, dice Idrobo. Manifestó que es evidente que las economías criminales siguen floreciendo en el país y la violencia sigue creciendo, lo que demuestra que las medidas son ineficaces ya que Ecuador está a escala internacional está en las peores listas en relación con muertes violentas y crimen organizado. Y a nivel interno, agrega, las medidas han servido para precarizar la vida en general de los ecuatorianos. “A partir de enero de 2024, que tiene antecedentes varios hechos, entre ellos el asesinato de Fernando Villavicencio, el Ecuador justifica la erosión del Estado de derecho a partir del combate a las economías criminales”, considera la activista. Su criterio es que estas medidas, estas estrategias para combatir al crimen organizado lo que han logrado es empobrecer a la gente, precarizar la vida, que los servicios públicos sean peores.
“Develó que los GDO tienen vínculos con el Estado en todos sus niveles”
Giuseppe Cabrera, analista político.
Para el analista político resulta evidente que el crimen de Fernando Villavicencio puso en evidencia que en política la notoriedad pública ya no es una garantía de que el crimen organizado, que los grupos de delincuencia organizada, no “van ir tras de ti”. “Ahora ya todos se olvidan, pero muchos también pensaban que lo que decía Villavicencio sobre su vida en riesgo, eran exageraciones”, dijo Cabrera.
Agregó que ahora está en riesgo la vida de cualquiera que haga política, lo que afecta a la democracia, limita el ejercicio de participación. Para el analista político, el Ecuador de hoy entró a esa etapa que solo los millonarios podrán hacer política, porque son los únicos que pueden pagar seguridad privada, ya que el Estado no garantiza protección. “Con protección del Estado murió Fernando Villavicencio, con seguridad de la policía. Entonces esos son golpes muy fuertes, porque nos ponen un punto que Colombia estaba acostumbrado, pero que nosotros lo veíamos lejos, y no hay que olvidarnos de eso”, manifestó.
Y del otro lado, los que podrán hacer política serán aquellos que no tienen miedo porque probablemente estén vinculados a grupos de delincuencia organizada, como ya se investiga a ciertas autoridades locales.
El analista manifestó que estamos en una democracia lastimada, lacerada y en condiciones cada vez más difíciles e inaccesibles para hacer política; con una sociedad que no conoce con claridad quién es el autor material, con un sistema de justicia que no revela las verdades por lo que toda va quedando en la impunidad. “No sería ya ninguna novedad que se vuelva a cometer otro magnicidio”, manifestó.
Para Cabrera el magnicidio de Villavicencio desnudó una dura realidad: que los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) están ligados y entrelazados con el Estado, no solo con la política, sino también con la Policía, las Fuerzas Armadas, los periodistas, la Fiscalía, los jueces. “Si están tan compenetrados es difícil que pueda haber un proceso de saneamiento y por eso actúan con tanta impunidad y no les da miedo matar”, dijo el especialista.
