Un nuevo remezón a nivel seccional ocurrió a inicios de junio: al alcalde de Cuenca se le suspendieron los derechos de participación y ya no puede ejercer su cargo. Ahora Marisol Peñaloza dirige los destinos de la tercera ciudad más grande del país.
Azuay es una de las provincias más prósperas y estables del Ecuador. Con más de 900.000 habitantes y una economía que combina industria, comercio, minería y servicios, alberga a Cuenca, la tercera ciudad más poblada del país. Sus cifras de violencia contrastan con el resto del país: en el primer semestre de 2025 fue la única zona de planificación policial que registró una reducción de homicidios, con un descenso del 54% frente al mismo período de 2024. Pero esa calma no se refleja en todo el territorio provincial.
El cantón Camilo Ponce Enríquez, en el extremo occidental de la provincia, se convirtió en 2024 en el cantón más violento de Ecuador por tasa anual de homicidios: 258,56 muertes por cada 100.000 habitantes, doce veces más alta que el promedio latinoamericano. La violencia sucede en medio de disputas por el control de la minería ilegal por parte de la delincuencia organizada. Ese año el cantón registró secuestros masivos de personal minero, masacres con víctimas encontradas descuartizadas en campamentos clandestinos y el asesinato del propio alcalde, José Sánchez, en abril de 2024. Desde entonces, la abogada Magali Sánchez Guerrero ejerce como alcaldesa designada para completar el período 2023–2027. Llegó a la concejalía por la alianza Cambio Histórico Ponceño (DSI-UP-APP).
Pese a los operativos militares sostenidos, la minería ilegal persiste: casi cada semana el Ejército clausura bocaminas y destruye campamentos, pero siguen apareciendo nuevos.
Esta investigación cubre a las 14 autoridades municipales actualmente en funciones y al prefecto de la provincia con consulta en registros públicos de varias instituciones. Uno de los casos más curiosos es el de dos alcaldes de cantones distintos que son accionistas de una misma empresa constituida en 2026 que declara operar como restaurante en una dirección del Centro Histórico de Quito donde no existe ningún establecimiento verificable.
Mientras se desarrollaba esta investigación, se produjo un cambio inesperado en la conducción de la capital provincial: el 11 de junio de 2026, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, perdió sus derechos políticos de participación por seis meses tras una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral por violencia política de género, y la vicealcaldesa Marisol Peñaloza Bacuilima asumirá como subrogante.
Además, cuatro alcaldes azuayos registran incrementos patrimoniales de entre el 35% y el 134% entre una declaración y otra; cuatro mantienen vínculos con empresas privadas activas; solo uno mantiene una deuda tributaria en firme y una sola autoridad aparece vinculada a una investigación penal que no derivó en formulación de cargos.
Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Ecuador Chequea y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.
Aumentos en patrimonio
Cuatro de los 15 alcaldes de la provincia de Azuay registran incrementos patrimoniales significativos de entre el 35% y el 134% entre una declaración y otra, según los registros de la Contraloría General del Estado. El caso con mayor recorrido a lo largo del tiempo es el del alcalde reelecto de Paute, Raúl Delgado Orellana, ingeniero civil de 55 años, que ganó por la alianza Paute Bonito. Acumula cuatro períodos consecutivos al frente de municipios azuayos: dos en Guachapala y dos en Paute. Incluso fue presidente de la Asociación de Municipalidades del Ecuador en el año 2019.
Sus registros ante la Contraloría muestran un crecimiento sostenido desde el inicio de su primera gestión en Paute: USD 84.205 en 2019 y USD 126.079 en 2020, equivalente a un 50% más, impulsado por inversiones en bienes muebles e inmuebles. Para 2022, el incremento fue de 61%, principalmente por bienes inmuebles, su patrimonio total entonces era de USD 202.641.
Al cierre de su primer período en 2023, Delgado Orellana declaró USD 304.772. Pero hay un detalle que los registros no explican: al día siguiente de esa declaración, al iniciar su segundo mandato, presentó una nueva declaración por USD 292.778. Dos declaraciones con un día de diferencia que arrojan una diferencia de casi USD 12.000.
Otro de los incrementos corresponde al alcalde de Gualaceo, Marco Tapia Jara, cuyo patrimonio pasó de USD 19.139 en 2024 a USD 44.730 en 2025, esto es un aumento del 134% en apenas un año. El salto se explica, según la información declarada ante la Contraloría, por la incorporación de bienes muebles: USD 5.000 en menaje de casa, USD 5.000 en semovientes (ganado) y una motocicleta valorada en USD 2.109.
El alcalde de Chordeleg reelecto, Deifilio Arévalo Vásquez (que ganó por la alianza SUMA-Construye), tiene una de las trayectorias más particulares con incrementos y caídas drásticas. En 2020 declaró USD 579.510. En 2022 reportó USD 165.840, lo que indica una caída del 71% en dos años. En su declaración de inicio de gestión de 2023 registró USD 223.913, es decir un incremento del 35% y ese mismo año, en su declaración periódica, reportó USD 308.830, lo que significa un aumento adicional del 38% asociado principalmente a bienes inmuebles. En su caso, en cuatro años, su patrimonio cayó casi a la mitad y luego se recuperó por completo.
William Patricio Maldonado Jiménez, al frente de la alcaldía de Nabón, registra el patrimonio absoluto más alto entre los cuatro casos analizados. En 2020 declaró USD 498.517, cifra que ascendió a USD 711.906 en 2023, un incremento del 43% explicado principalmente por aumentos en inversiones y bienes muebles e inmuebles.
El panorama patrimonial de Azuay tiene un capítulo adicional que se definió durante los primeros días de junio. El 11 de junio de 2026, el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora (que ganó por la ID) perdió sus derechos políticos de participación por seis meses tras una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral por violencia política de género, a raíz de una denuncia presentada por la concejala Diana González Arteaga.
Zamora deberá pagar una multa de USD 12.050 y tomar un curso de 40 horas sobre violencia de género; además, enfrenta una investigación de la Fiscalía por presunto enriquecimiento ilícito. En su ausencia, asumirá como alcaldesa subrogante la vicealcaldesa Marisol Peñaloza Bacuilima, concejala de Cuenca desde 2019 y reelecta en 2023 con la lista Democracia Sí-Pachakutik.
Las declaraciones patrimoniales de Peñaloza ante la Contraloría muestran una trayectoria estable. Sus activos incluyen tres terrenos en Azuay valorados en conjunto en USD 130.571,78, además de bienes muebles: menaje de casa, maquinaria y equipo, inventarios por alrededor de USD 50.000. Su patrimonio total se ha mantenido entre USD 117.805 y USD 127.735 en sus declaraciones más recientes, con pasivos de alrededor de USD 38.000 a USD 59.500 en préstamos personales y tarjeta de crédito. A diferencia de otras autoridades de la provincia, Peñaloza no registra empresas activas en la Superintendencia de Compañías, no tiene procesos en el E-SATJE, no registra deudas en firme con el SRI y mantiene al día sus declaraciones de impuesto a la renta.
Dos alcaldes accionistas de la misma empresa
Entre los registros de la Superintendencia de Compañías aparece un dato que conecta a dos alcaldes de cantones distintos: tanto Raúl Delgado Orellana, de Paute, como Adrián Berrezueta Barreto, de Pucará, figuran como accionistas activos de Terrauio S.A.S., empresa en la que el primero tiene invertidos 300 y el segundo 700 dólares del capital total de 1.000 dólares. La compañía fue constituida el 12 de enero de 2026, tres años después de que ambos asumieran sus alcaldías. Su actividad declarada ante el Servicio de Rentas Internas es la de restaurante, con establecimiento matriz registrado en la calle García Moreno del Centro Histórico de Quito, en el edificio Amador. Como la compañía fue creada en enero de este año, aún no reporta balances.
Sin embargo, tras una revisión in situ de este equipo, en la dirección y edificio señalados no se identificó ningún restaurante que respondiera al nombre Terrauio S.A.S. ni a variantes de este. Además, tras una búsqueda en la web, el número telefónico fijo de la empresa, registrado ante la Superintendencia de Compañías, coincide con un registro antiguo de los teléfonos institucionales del Banco Central del Ecuador (BCE) que data de 2016. Al llamar, el mensaje de la operadora indica que el número “no es el correcto”.
Ni Delgado Orellana ni Berrezueta Barreto respondieron las solicitudes de información de este equipo periodístico.
El segundo vínculo de Berrezueta Barreto añade otra capa. El alcalde de Pucará figura también como accionista de la Compañía Minera Espinoza & Asociados Commine S.A., una empresa activa creada en 2019 por ocho socios. El alcalde tiene USD 200 de acciones y maneja el 14% del capital.
Según la información de la Superintendencia, la compañía minera de Berrezueta Barreto se dedican a la extracción de minerales metalíferos como oro, plata, platino y a la extracción y preparación de minerales por su contenido de metales no ferrosos, como aluminio (bauxita), cobre, plomo, zinc, estaño, manganeso, cromo, níquel, cobalto, molibdeno, tántalo, vanadio, etcétera.
El último balance financiero registrado ante la Superintendencia es del 2019, cuando la compañía declaró un patrimonio total de USD 1.400 y cero dólares en ingresos.
Las otras dos empresas de Delgado Orellana son Animalpaute S.A.S. que opera Animal Paute, un parque temático en el propio cantón donde interactúan más de 40 especies de animales, desde conejos y cobayas hasta aves exóticas, orientado al turismo familiar. También tiene a Jurassicpaute S.A.S., que está detrás de Jurassic Paute, un parque de réplicas de dinosaurios animatrónicos de hasta diez metros que se promociona activamente en redes sociales como uno de los atractivos turísticos del cantón.
De su lado, el alcalde de Sevilla de Oro, Byron Rubio Heras, figura como accionista de Asoturi S.A.S., una operadora turística constituida el 7 de febrero de 2022 en la parroquia Palmas, aproximadamente un año antes de que Rubio Heras asumiera la alcaldía en 2023. La empresa está dedicada a la planificación y organización de paquetes de viajes y tours en un cantón que el Ministerio de Turismo identifica como uno de los destinos con mayor potencial turístico del Azuay.
Una sola autoridad con deuda en el SRI y otra con un proceso judicial archivado
La revisión de los registros tributarios muestra que la mayoría de los alcaldes de Azuay y el prefecto provincial mantienen al día sus declaraciones de impuesto a la renta y no registran obligaciones pendientes en firme ante el Servicio de Rentas Internas (SRI). Junto con Loja e Imbabura, Azuay figura entre las provincias con mejores indicadores de cumplimiento tributario.
La única excepción identificada es el alcalde de Girón, Cristian Ochoa Carchi, quien registra una deuda tributaria en firme de USD 127 con corte al 2 de mayo de 2026. Aunque se trata de un monto reducido, el dato contrasta con el patrimonio de USD 153.579 que reportó en su más reciente declaración juramentada ante la Contraloría General del Estado. Este equipo periodístico solicitó su versión sobre el tema, pero no obtuvo respuesta.
La revisión de los registros del sistema judicial Satje, también muestra que Azuay presenta el menor número de autoridades seccionales vinculadas a investigaciones penales entre las provincias examinadas. Durante el período analizado se identificó un solo caso.
Se trata de la alcaldesa de San Fernando, María Aurelia Sarmiento Gavilanes, quien aparece vinculada a una causa por presunto daño a bien ajeno ingresada en diciembre de 2020. Según los registros judiciales, el proceso no avanzó a etapa de juicio ni derivó en una sentencia condenatoria o absolutoria. El expediente atravesó conflictos de competencia y tampoco llegó a la fase de formulación de cargos.
