El correísmo intentará nuevamente llevar a juicio político a la exministra de Energía, Inés Manzano; el oficialismo se prepara para fiscalizar un presunto mal uso de las cámaras de Segura EP, en Guayaquil, que habría servido para espionaje político por parte del correísmo.
En medio de acusaciones mutuas sobre actitudes tendientes a promover la impunidad, el correísmo y el oficialismo se disputan la fiscalización política de varios casos de presunta corrupción.
El correísmo presentó una nueva solicitud de juicio político en contra de la exministra de Energía, Inés Manzano, esta vez por el caso Austral Technical Management (ATM).
La empresa, junto a Progen, suscribió un contrato con la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP), para tomar medidas que permitan mitigar la crisis eléctrica del país en 2024. Según las denuncias, los equipos proporcionados eran inservibles y no entraron en funcionamiento.
Mónica Palacios, asambleísta correísta, aseguró que el perjuicio económico para el país sería de 71 millones de dólares, ya que la empresa uruguaya ATM envió, dijo la legisladora, motores viejos que no tenían la misma frecuencia eléctrica con la que se opera en Ecuador.
Palacios agregó que la responsabilidad política de Manzano se da al no salvaguardar los intereses públicos de los ecuatorianos. «Por eso debe ser enjuiciada políticamente», dijo la legisladora, quien presentó la solicitud con 42 firmas de respaldo.
El correísmo indicó que la Contraloría determinó que la compañía uruguaya se constituyó con un capital de 260 dólares solo unos meses antes de recibir el millonario contrato; que los generadores comprados no eran nuevos, sino que eran usados y databan de 2016; y que la mayoría de ellos son incompatibles con el sistema eléctrico del país, pues operan a una frecuencia de 50 hercios, mientras que nuestro sistema opera a 60 hercios. «Esto evidencia que se compró chatarra usada», asegura la bancada de la Revolución Ciudadana en un comunicado.
Palacios manifestó que todas estas irregularidades fueron conocidas por Manzano, pero no hizo nada al respecto.
«Al contrario, durante su gestión se otorgaron prórrogas y modificaciones al contrato, y se pagó a Austral Technical Management alrededor de 67 millones de dólares. Incluso cuando ya había vencido el plazo del contrato, se siguió pagando a ATM, generando un gran perjuicio para el Estado», consta en el comunicado.
La respuesta del oficialismo
Por su parte la bancada de ADN, a través de una moción de cambio del orden del día, logró que el pleno debata y apruebe una resolución a través de la cual se encarga a la Comisión de Seguridad, de mayoría oficialista, que fiscalice el presunto mal uso de las cámaras de Segura EP, empresa del Municipio de Guayaquil.
La resolución establece que la Comisión conozca, y de seguimiento a los hechos relacionados con las presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso de los sistemas de videovigilancia administrados por Segura EP, así como sus posibles implicaciones para la seguridad ciudadana, la seguridad pública y la protección de información estratégica.
La Comisión tendrá un plazo máximo de 60 días para presentar un informe que contenga las conclusiones, observaciones y recomendaciones derivadas del proceso de fiscalización.
La propuesta fue presentada por el legislador oficialista Andrés Castillo, quien manifestó que por medio de esas cámaras, el correísmo habría realizado espionaje político.
La moción de Castillo fue aprobada por unanimidad, con 143 votos a favor, incluído la bancada correísta, que considera una oportunidad para retomar el caso Porsche, donde la Revolución Ciudadana sostiene que el ataque con un coche bomba en junio de 2025 en el sector de La Bahía (Guayaquil), fue un autoatentado promovido desde el Gobierno de Daniel Noboa.
