Gremios agropecuarios y la Policía Nacional empezaron a elaborar un plan nacional de seguridad rural. Solo en el cantón Mejía, los productores reportan entre 30 y 35 robos recientes. Con los valores proporcionados por el sector, la pérdida directa estimada por los animales sustraídos estaría entre USD 525.000 y USD 735.000.
Representantes de gremios ganaderos y de la Policía Nacional acordaron coordinar acciones para enfrentar el abigeato, o robo de ganado, un delito que, según las autoridades policiales, dejó de ser una actividad aislada y ahora involucra estructuras organizadas con capacidad para estudiar fincas, movilizar animales y comercializarlos ilegalmente.
Los delegados de ambas partes instalaron una primera mesa de trabajo en la que plantearon desarrollar un plan nacional de seguridad rural, mejorar el intercambio de información, fortalecer las investigaciones en territorio y coordinar controles sobre el transporte de ganado, el faenamiento y el funcionamiento de camales clandestinos.
Los productores también pidieron reformas legales, recursos para la unidad policial especializada y una revisión del uso de medidas alternativas a la prisión preventiva en procesos por abigeato.
“El delito de abigeato es mucho más importante de lo que parece. Es un delito mayor, no es un delito menor”, afirmó Ricardo Izurieta, vicepresidente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente, Agso.
Izurieta sostuvo que los robos están provocando que algunos productores reduzcan o abandonen sus actividades. Según el dirigente, esto ya afecta la producción de leche y carne, aunque durante la reunión no se presentaron estadísticas oficiales que permitan determinar la magnitud de esa reducción.
“Ecuador necesita producir más leche, más carne, no menos. Si hay disminución de producción, estamos poniendo en riesgo la soberanía alimentaria”, dijo tras lamentar el cada vez mayor impacto de los robos de ganado en varias provincias de la Sierra.
Izurieta señaló que solo en el cantón Mejía se han registrado entre 30 y 35 robos en lo que va del año. El dirigente calculó un promedio de siete animales robados por caso y estimó que una vaca, especialmente cuando está próxima a parir, puede tener un valor de mercado de entre USD 2.500 y USD 3.000, con pérdidas de entre USD 525.000 y USD 735.000.
En cualquier caso, según las estimaciones del gremio, estos montos de pérdidas aumentan significativamente si se incluyen la leche que los animales dejan de producir, las crías esperadas, y, sobre todo, las obligaciones crediticias que continúan vigentes después del robo.
Izurieta afirmó que las pérdidas nacionales acumuladas entre enero y julio ascenderían a “varias decenas de millones de dólares”.
Policía identifica planificación del crimen organizado
Dorian Valladares, director de la Policía Judicial, coincidió en que el delito ha cambiado. Explicó que actualmente existen grupos que recopilan información, reconocen los lugares, identifican vulnerabilidades y preparan la salida de grandes cantidades de ganado.
“El escenario está estudiado, el escenario está prácticamente analizado y trabajado”, señaló. Así, dijo que antes los casos podían involucrar uno o pocos animales. Ahora, agregó, existen denuncias por la sustracción de 50, 60 e incluso un centenar de semovientes.
“Ya no es un crimen o un delito común, sino toda una estructura que se articula para poder llevar a efecto este tipo de acciones delictivas”, dijo.
Valladares reconoció que no dispone de una fecha o estadística precisa que permita establecer cuándo comenzó la transición hacia estructuras organizadas. Tampoco proporcionó durante su intervención un consolidado nacional de denuncias, animales sustraídos, detenidos o casos judicializados.
La Policía plantea realizar diagnósticos provinciales, establecer canales directos con los gremios y utilizar a las unidades territoriales de Policía Judicial, bajo el asesoramiento de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra el Abigeato, UITA.
El objetivo, dijo Valladares, es recibir información con mayor rapidez para desplegar operativos inmediatos, identificar a los responsables y coordinar las investigaciones con la Fiscalía General del Estado.
Cuestionamientos a jueces
Los dirigentes del gremio ganadero también se quejaron del resultado de los procesos penales. Sostienen que, después de investigaciones que pueden durar varios meses, algunos procesados reciben medidas alternativas a la prisión preventiva.
Valladares afirmó que entre las personas detenidas por estos delitos existen casos recurrentes, con cinco, 10 o más detenciones. “La ley tiene que evolucionar también conforme al fenómeno criminológico”, señaló.
Juan José Lasso, presidente del Centro Agrícola de Mejía, pidió mejorar los procedimientos desde la recepción de la denuncia hasta la etapa judicial. “Queremos que las leyes que existen se apliquen”, dijo luego de lamentar la facilidad con las que quienes cometen estos delitos recuperan la libertad gracias a “medidas sustitutivas” a la cárcel.
Lasso planteó capacitar a policías en la elaboración de partes, evitar errores de procedimiento y actualizar a los fiscales sobre la forma en que deben conducir las investigaciones por abigeato. También exhortó a los jueces a no otorgar automáticamente medidas alternativas..
Una vaca,todo un patrimonio
El impacto es especialmente grave para los pequeños productores, cuyas fincas pueden estar integradas por una, dos o tres vacas.
Cristian Ramírez, director de la Federación de Producción Agropecuaria Sostenible de Cayambe, explicó que los ingresos obtenidos de la venta de leche sirven para mantener la actividad, sostener a las familias y pagar créditos en bancos y cooperativas.
“Si a uno de nuestros pequeños productores se le llevan una vaca, las dos o las siete o nueve vacas, se llevan todo nuestro patrimonio”, afirmó. “¿Cómo sostenemos a nuestras familias? ¿Cómo pagamos los créditos? Los créditos en las cooperativas y en los bancos no nos perdonan”.
Ramírez pidió que el plan de seguridad rural se convierta en una política pública respaldada con presupuesto. Entre las necesidades identificadas mencionó más personal para la UITA, vehículos, tecnología, equipos y drones.
“Por más que nosotros podamos trabajar en un gran plan, si no hay los recursos necesarios, no va a ser viable”, advirtió.
Una planificación pendiente
La Policía y los gremios acordaron mantener reuniones periódicas y elaborar una “hoja de ruta” con acciones inmediatas, de mediano y largo plazo.
Entre los puntos planteados están la prevención comunitaria, la recepción oportuna de información, el fortalecimiento de la investigación, la revisión de procedimientos policiales y fiscales, el control del transporte de animales y la inspección de centros de faenamiento.
Menos denuncias
Las denuncias por abigeato registradas por la Fiscalía General del Estado se redujeron casi a la mitad durante la última década, mientras dirigentes ganaderos advierten que las cifras oficiales ocultan una parte del problema porque cada vez más víctimas temen reportar los robos.
Según el portal de estadísticas de la Fiscalía General, en 2015 se presentaron 2.746 denuncias por abigeato. En 2025 fueron 1.354. La diferencia es de 1.392 casos y equivale a una caída del 50,7% en 10 años.
Los gremios sostienen que esta reducción no necesariamente significa que el delito haya disminuido en la misma proporción. Su hipótesis es que existe un subregistro: robos que ocurren, pero que no ingresan a las estadísticas porque las víctimas no presentan una denuncia formal.
Los productores atribuyen esa falta de denuncias al temor a represalias, especialmente ante la participación de grupos organizados que, según la Policía y los propios ganaderos, investigan previamente las fincas, identifican sus vulnerabilidades y cuentan con medios para transportar y comercializar grandes cantidades de animales.
Una tendencia descendente con repuntes puntuales
Las denuncias bajaron de 2.746 en 2015 a 2.308 en 2016. En 2017 aumentaron a 2.453 y luego volvieron a descender: 2.278 en 2018 y 2.202 en 2019.
La reducción más pronunciada de la serie ocurrió en 2020, cuando se registraron 1.441 denuncias, 761 menos que en 2019. Eso representa una caída anual del 34,6%.
Los casos subieron a 1.733 en 2021 y descendieron a 1.601 en 2022. En 2023 hubo otro incremento, hasta 1.644 denuncias, antes de caer a 1.456 en 2024 y a 1.354 en 2025.
En total, la Fiscalía registró 21.216 denuncias por abigeato entre enero de 2015 y diciembre de 2025, de acuerdo con la serie proporcionada.
Entre enero y junio de 2026 se presentaron otras 684 denuncias, un promedio de 114 cada mes. En 2025, el promedio mensual fue de aproximadamente 113 casos.
