Una comisión formada por el Gobierno para analizar posibles soluciones a la prolongada crisis del IESS propone aumentar de 30 a 35 el mínimo de años de aporte para la jubilación. Esto no es una decisión tomada, pero revive un viejo debate que no se sabe cuándo ni cómo terminará. 

¿Qué contiene la propuesta de una comisión formada por el Gobierno de aumentar los años de aportaciones para acceder a la jubilación? Esta propuesta revive un viejo dilema: la crisis del fondo de pensiones del IESS. En esta nota analizamos si lo que se plantea es la mejor opción. 

Siempre ha sido uno de los temas sociales más sensibles en cualquier parte del mundo: las leyes que establecen la edad mínima necesaria para jubilarse. En Francia, por ejemplo, continúan las protestas que iniciaron en abril anterior debido a la propuesta del presidente Emmanuel Macron de aumentar la edad de jubilación a los 64 años, en comparación con los 62 actuales.

Las estadísticas son inequívocas: menos de un tercio de la población se vería afectada, ya sea de manera positiva o negativa. Así lo indican los datos oficiales del INEC con relación a las personas que tienen seguridad social y, por lo tanto, podrían aspirar a jubilarse en el futuro.

¿Qué señala exactamente el documento?

En pocas palabras, propone aumentar el número de años de cotización necesarios para acceder a las prestaciones de jubilación, manteniendo la edad mínima de jubilación en 60 años. 

En este sentido, sugiere aumentar los años de aporte de 30 a 35 años. También plantea ampliar el número de años para tomar en cuenta como los de mejores aportaciones, para calcular la pensión de jubilación y ofrece incentivos para que la gente se jubile más tarde, con la promesa de una pensión más alta.

Además de Augusto De la Torre, exgerente del Banco Central, quien la preside, esta comisión está integrada por la docente de la Espol Andrea García, el economista y exasambleísta Pablo Lucio Paredes, el economista Fabián Villerna, la abogada Karla Morales y el exdirectivo de El Comercio y empresario Andrés Hidalgo Cevallos.

De la Torre aclaró en entrevista a El Universo, que la propuesta busca modificar la fórmula de cálculo de la pensión jubilatoria, que actualmente toma como base los cinco mejores años de sueldos. Se busca, explicó, que esta base se amplíe gradualmente a 10 o 15 años.

“Una base de cálculo con más años reflejaría una proporción más real de lo verdaderamente aportado”, agregó.

De La Torre defendió la propuesta de aumentar la cantidad de años de cotización de 30 a 35. Argumentó que esto permitiría mejorar las pensiones con relación a la expectativa de vida a los 60 años, la edad actual de jubilación en Ecuador.

Aunque esta propuesta parece comprensible al ser expresada por De La Torre, surge la interrogante sobre su capacidad para resolver el problema fundamental del sistema de seguridad social, el cual afecta no sólo a las jubilaciones, sino también a la viabilidad misma de la seguridad social en el país: la crisis de los fondos de pensiones. Se trata, en todo caso, de una pregunta básica para comprender la compleja situación que atraviesa la seguridad social.

Ecuador Chequea intentó este martes formular esta pregunta a De la Torre, pero responsables de comunicación de dicha comisión señalaron que los comisionados no están dando entrevistas sobre el tema antes de la presentación formal.

‘El fondo es el problema de fondo’

Quien sí respondió fue la abogada Patricia Borja, una de las expertas en derecho con mayor conocimiento sobre esta materia en el país y autora de un libro sobre la crisis del fondo de pensiones.

Borja considera que, debido a la ausencia de la Asamblea y al poco tiempo que le queda al actual Gobierno saliente, cualquier propuesta que la comisión llegue a presentar podría, en el mejor de los casos, ser considerada como un aporte a un debate nacional, el cual calificó como indispensable.

La experta también señaló que el tema del fondo de pensiones se encuentra sumido en una gran cantidad de problemas generados por más de 600 disposiciones y normas legales  dispersas y contradictorias entre sí, así como por una deficiente administración de los recursos económicos y una escasa capacidad administrativa.

Además, destacó que algunas de las principales disposiciones de la Ley de Seguridad Social aprobada en noviembre del 2001 nunca se llegaron a aplicar, no sólo por la falta de un reglamento, sino también debido a una declaratoria de inconstitucionalidad del ‘régimen mixto’ que, en teoría, debía servir para financiar el sistema de pensiones.

Según el artículo 161 de dicha ley, las pensiones debían financiarse «con los aportes de los actuales cotizantes y el que combine las virtudes de la solidaridad intergeneracional y las ventajas del ahorro individual obligatorio».

«El sistema mixto nunca llegó a ser implementado, debido a esta declaratoria de inconstitucionalidad. Sin embargo, existe una discusión sobre cuáles disposiciones que eran aplicables a ese régimen están vigentes y cuáles no. Estas disposiciones del régimen mixto eran las piedras angulares del sistema», acotó.

No sólo crisis, también deudas

A criterio de Patricio Camacho, quien en 2004 fuera asesor de Ricardo Ramírez, representante de los afiliados ante el Consejo Directivo, la propuesta de reforma planteada por la comisión tampoco resuelve la crisis del fondo de pensiones.

Camacho sostuvo que aumentar los años de aportaciones, tal como plantea la comisión, no sólo carga el problema de desfinanciamiento del fondo de pensiones en los propios afiliados, sino que también ignora el origen de dicho desfinanciamiento, que es el cobro pendiente de la deuda del Estado al IESS, estimada en al menos 60 mil millones de dólares.

«No se menciona nada sobre las deudas del Estado. Entre el Ministerio de Finanzas y el IESS, se han pasado la pelota para definir los montos de las deudas: el monto de la deuda por servicios de salud a jubilados y enfermos catastróficos, el monto de la deuda por el seguro campesino y por los bonos que obligan al IESS a comprar. Este año, por ejemplo, se compraron 2.000 millones en bonos», comentó.

Camacho afirmó que a través de estas deudas, el IESS ha tenido un déficit en su «flujo de caja» durante cuatro décadas, lo cual es otro factor de la crisis de su fondo de pensiones.

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