El pasado 8 de enero, Lenín Rodríguez, exasesor de Ana Galarza, legisladora del Movimiento Creando Oportunidades (CREO), presentó ante la Fiscalía General del Estado una denuncia en contra de la funcionaria por uso doloso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito, concusión, entre otros. Según el denunciante, se desvió el 50% del sueldo de Omar Mayorga, asesor 1 de Galarza; y el 100% del de Carmen Alvarado, asesora 2, en beneficio de la exreina de Ambato. Lo anterior implicaría un perjuicio de más de USD 100.000 en el manejo de recursos públicos. De acuerdo a la parte acusadora, Mayorga y Alvarado son esposos.
Rodríguez también afirmó que, pese a que la legisladora sostiene que Alvarado «cumplía sus funciones en territorio» (Ambato), en el registro de acceso la asesora habría ingresado a la Asamblea en más de 800 ocasiones. De acuerdo a Luigi García, abogado del acusador, la tarjeta electrónica de acceso perteneciente a Alvarado habría sido usada por Juan Francisco Sevilla, esposo de Galarza. El jurista añadió que en el registro de asistencia de Alvarado se observa a simple vista que su rúbrica era falsificada.

#ATENCIÓN | Lenín Rodríguez presenta denuncia penal en contra de la asambleísta Ana Galarza por supuesto cometimiento de varios delitos, entre estos, el uso doloso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y concusión. La desafía a someterse al polígrafo. Vía @JKESPINOZA6 pic.twitter.com/9W1m38Ha2G

— Pública FM (@PublicaFM) January 8, 2019

Tras la formalización de la denuncia, distintos periodistas preguntaron a la también psicóloga ambateña si sería prudente dar un paso al costado mientras se desarrolla la investigación. Frente al cuestionamiento, Galarza afirmó que no permitirá que le impidan fiscalizar y que, a diferencia de otros funcionarios acusados de diezmar a sus asesores, ella tiene declaraciones juramentadas de su equipo de trabajo confirmando que «no les han pedido un centavo». El 8 de enero, cuando la entrevista en los pasillos del Palacio Legislativo finaliza, la Asambleísta responde irónicamente diciendo «no te preocupes, no se va a conformar la Comisión». Es decir, la instancia que debería investigar si hubo o no un ilícito.

#Atención la asambleísta @AniMeGalarza dice que jamás a realizado cobros indebidos en su despacho y que la denuncia en su contra es porque su exacolaborador tiene resentimientos contra ella y su equipo legislativo vía @melvherrera1 pic.twitter.com/2aKKWNoJNd

— Canal RTU (@CanalRTU) January 8, 2019

El cuerpo legal que regula las acciones de los asambleístas es la Ley de la Función Legislativa. En su artículo 115 se establecen las causales de cesación para los mismos. En el numeral 3 se menciona la destitución del funcionario, conforme al trámite previsto.

Además, en el Capítulo XIX se abordan las prohibiciones y sanciones a los legisladores. El artículo 163 especifica las prohibiciones de los asambleístas, entre las que se encuentran: gestionar nombramientos de cargos públicos y percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función. La norma especifica que “quien incumpla alguna de estas prohibiciones perderá la calidad de asambleísta luego del trámite previsto”.
El tramite se encuentra detallado en el artículo 164 que indica que para la investigación de los actos señalados será necesario que un asambleísta presente una denuncia juramentada, suscrita por uno o más asambleístas, debidamente motivada, dirigida al Presidente de la Asamblea Nacional. El acusado podrá ejercer su derecho a la defensa; pero si no desvanece las acusaciones en su contra, deberá enfrentar las sanciones previstas:

Finalmente, el artículo 167 dispone que la sanción de suspensión o destitución será impuesta por el o la Presidente de la Asamblea Nacional o de la autoridad que este delegare, previo sumario administrativo. Es decir, ningún asambleísta está libre de ser sometido a la investigación de una Comisión Multipartidista de investigación.
El primer paso en este trámite fue dado por el asambleísta Ronny Aleaga, de la Bancada de la Revolución Ciudadana. Él presentó una demanda juramentada en contra de Galarza el 8 de enero de 2018. El legislador entregó un escrito en la Secretaría de la Asamblea y señala, al menos, tres presuntos delitos que se le imputan a la funcionaria: cobrar dinero ilegalmente a sus asesores, hacer uso doloso de documentos falsificados y enriquecimiento ilícito.

A partir de este punto el Consejo de Administración Legislativa (CAL) tiene la obligación de calificar la solicitud en los próximos cinco días. Si el CAL da paso, Galarza tendrá derecho a la defensa; pero si no consigue desvanecer las acusaciones en su contra, podría ser destituida.

En contexto

En la sesión 551 del Pleno de la Asamblea Nacional se debatió la destitución de las entonces legisladoras de la bancada de la Revolución Ciudadana Norma Vallejo y Sofía Espín. En el caso de la primera, fue acusada de injerencia para tramitar cargos públicos y posteriormente sancionada con su destitución conforme a los resultados de la investigación emprendida por una Comisión Multipartidista. La exvicepresidente María Alejandra Vicuña también fue acusada de pedir contribuciones económicas a su exasesor Ángel Polivio Sagbay, entre el 2011 y 2013, para mantenerlo en su cargo. La sucesora de Jorge Glas renunció a su cargo a finales de 2018.
Galarza se suma a la lista de funcionarios y exfuncionarios que han sido acusados, con nombre y apellido, por supuestos cobros indebidos y otros delitos. Aquí algunos de los nombres: