Una revisión documental de las siete principales autoridades locales de Carchi identifica variaciones en el patrimonio neto declarado por seis de ellas, vínculos de dos alcaldes con tres empresas privadas y dos investigaciones penales archivadas antes del inicio del período municipal 2023-2027.
Localizada en la frontera norte del país, Carchi es una jurisdicción marcada por las dinámicas del comercio binacional, la seguridad y las tasas aduaneras. Aunque es una provincia con una menor densidad poblacional frente a sus pares de la Sierra y refleja un tablero partidista donde el poder local se reparte entre figuras tradicionales y movimientos independientes, los registros oficiales exponen una realidad administrativa vertiginosa: el inusual crecimiento económico de sus autoridades en el ejercicio del poder público.
Carchi refleja un patrón en el que cuatro de sus siete autoridades incrementaron su patrimonio reportado ante la Contraloría General del Estado.
Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Ecuador Chequea y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.
Las declaraciones patrimoniales juradas presentadas ante la Contraloría General del Estado muestran variaciones relevantes en los patrimonios declarados por autoridades locales de Carchi entre el inicio del período 2023-2027 y los últimos formularios disponibles, correspondientes a 2025.
El mayor incremento patrimonial corresponde a Arnaldo Cuacés Quelal (CREO), alcalde de Espejo. Su patrimonio declarado pasó de USD 179.980 a USD 511.023,34, entre 2023 y 2025, lo que consolida un aumento de USD 331.042, equivalente al 183,93%.
El valor declarado de sus inmuebles subió de USD 68.909 a USD 445.471, alcanzando USD 376.562 adicionales, equivalentes al 546,46%. La declaración de 2025 incorpora una finca adquirida el 22 de febrero de 2024, 284 días después del inicio del período municipal, por un monto de USD 114.453. Además, el burgomaestre registra dos bienes comprados en 2006 y 2010 que no constaban en el formulario inicial y exhibe mayores valores declarados para otros cinco inmuebles.
En el cantón Bolívar, el patrimonio declarado por el alcalde Livardo Benalcázar aumentó de USD 184.675 en 2023 a USD 291.096 en 2025, lo que arroja USD 106.421 más, equivalentes al 57,63%. Sus inmuebles pasaron de USD 130.000 a USD 240.000, lo que representa un incremento de USD 110.000 o del 84,62%. Aunque no se registran compras durante la gestión municipal, en la declaración de 2025 aparece una casa valorada en USD 100.000, adquirida en el año 2015, la cual no figuraba en el documento de inicio del período. Reelecto en 2023, Benalcázar llegó por una alianza entre el Movimiento Social Conservador del Carchi y el Centro Democrático (MSC-CD).
El alcalde de Tulcán, Andrés Ruano (RETO), registró el mayor crecimiento porcentual del patrimonio declarado en toda la provincia. El monto pasó de USD 39.061 al inicio de la gestión a USD 113.597 en la última declaración periódica disponible de 2025, certificando un aumento de USD 74.535, equivalente al 190,82%. Sus pasivos disminuyeron de USD 32.689 a USD 7.000, con una reducción de USD 25.689 o del 78,59%. La declaración de 2025 incorpora una camioneta valorada en USD 20.000, adquirida el 24 de febrero de ese año, y también eleva de USD 11.309 a USD 30.000 el valor declarado de un terreno comprado en 2017, evidenciando USD 18.690 más, equivalentes al 165,27%.
En Montúfar, el patrimonio declarado por el alcalde Raúl Lucero (MSC) pasó de USD 213.144 a USD 253.186, un aumento de USD 40.042. El valor declarado de sus inmuebles aumentó de USD 100.000 a USD 173.611. La diferencia coincide con tres propiedades adquiridas durante su gestión: un terreno comprado en 2024 por USD 1.874; otro terreno adquirido en 2025, por USD 12.000 y una casa comprada ese mismo año por USD 59.736. En paralelo, sus saldos bancarios disminuyeron en USD 17.839, equivalentes al 77,08%, mientras que sus pasivos crecieron en USD 15.729..
También constan reducciones patrimoniales. El patrimonio declarado por Jairo Huera, alcalde de San Pedro de Huaca, subió de USD 48.000 en 2023 a USD 65.856 en 2024. Sin embargo, en 2025, el monto bajó a USD 28.783,32, materializando una reducción de USD 37.073 frente al año anterior, equivalente al 56,29%. La disminución coincide con menores saldos bancarios y con la incorporación de un préstamo personal pendiente de pago por USD 23.944.
El prefecto de Carchi, Julio Robles, declaró un patrimonio neto de USD 397.517 en 2025, frente a los USD 439.509 consignados al inicio de su período, el 14 de mayo de 2023. La diferencia es de USD 41.991 menos. La principal variación corresponde a sus bienes muebles, cuyo valor declarado bajó de USD 140.000 a USD 63.000. En los formularios posteriores dejaron de constar tres automóviles valorados, en conjunto, en USD 77.000.
El patrimonio neto declarado por el alcalde de Mira, Fausto Ruiz Quinteros (MSC-DSI), disminuyó de USD 310.265 a USD 266.270 entre su declaración patrimonial de inicio de gestión y la declaración periódica de 2025. La reducción fue de USD 43.995, equivalente al 14,18%. La variación responde a dos movimientos simultáneos: los activos disminuyeron en USD 21.995 y los pasivos aumentaron en USD 22.000. En la declaración inicial consta un préstamo personal por USD 40.000, con un saldo pendiente de USD 30.000. En la declaración periódica analizada figura un préstamo personal por USD 105.000, con un saldo pendiente de USD 52.000. El valor declarado de los bienes inmuebles no varió, manteniéndose en USD 277.250, un rubro que corresponde a cuatro propiedades ubicadas en Carchi divididas en 2 terrenos y 2 casas.
Spondylus Info Lab contactó a los funcionarios a través de sus correos electrónicos registrados en el Portal de Transparencia para consultar su postura al respecto; sin embargo, hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.
Expedientes acumulados: El historial judicial de las autoridades
El sistema judicial ecuatoriano también alberga un historial documentado sobre los funcionarios carchenses. La revisión del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (e-Satje) permitió identificar dos investigaciones penales archivadas relacionadas con los actuales alcaldes de Tulcán, Andrés Ruano Paredes, y de Montúfar, Raúl Lucero Benalcázar. Ambos procesos concluyeron de manera definitiva antes del 14 de mayo de 2023, fecha de inicio del período municipal 2023-2027.
En el caso del alcalde de Tulcán, Andrés Ruano, fue denunciado como miembro del Concejo de Tulcán por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La Fiscalía investigó un supuesto desacato a un fallo constitucional, pero el caso se archivó por falta de pronunciamiento previo de la Corte.
Simultáneamente, el alcalde del cantón Montúfar, Raúl Lucero, figura en los registros como investigado por el presunto delito de lesiones. El expediente detalla que el juez aceptó el pedido de archivo presentado por la Fiscalía el 22 de noviembre de 2022, ya que no hubo pronunciamiento de la víctima u ofendido sobre dicha solicitud.
Cuentas pendientes: Omisiones y registros tributarios
De acuerdo con los registros oficiales de declaraciones alojados en las bases del Servicio de Rentas Internas, el alcalde del cantón Montúfar, Raúl Lucero Benalcázar, no presentó su declaración del impuesto a la renta correspondiente al año 2019.
Un alcalde empresario
Según los portales de consultas de la Superintendencia de Compañías y del SRI, el alcalde de San Pedro de Huaca, Jairo Huera Aldás, es accionista de la Compañía de Transporte de Carga 2 de Febrero S.A. Además fue gerente de Compañía de Transporte Ciudad de Huaca Cidhuac S.A., puesto al que renunció una semana después de haber asumido la Alcaldía.
Spondylus Info Lab contactó a los funcionarios a través de sus correos electrónicos registrados en el Portal de Transparencia para consultar su postura al respecto; sin embargo, hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.
