El CNE publicó la lista de los 65 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. En un hecho inédito, en la lista que corresponde a pueblos y nacionalidades hay una sola candidata calificada: Martha Toapanta Cuascota, lo que le convierte en virtual consejera.
El 29 de noviembre será la tercera vez que Ecuador escoja a través de las urnas a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, pero es la primera vez que ya se conoce, antes de la elección, a la virtual consejera en representación de pueblos y nacionalidades: se trata de Martha Toapanta Cuascota.
El Consejo de Participación Ciudadana (CPC) está integrado por siete consejeros principales elegidos por voto popular. El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó ayer la lista oficial de 65 candidatos en total y para los comicios tiene que agruparlos en tres listas: una de mujeres, una de hombres y una de pueblos y nacionalidades indígenas.
En la lista de mujeres hay 26 candidatas de las que se deberá escoger a tres; en la lista de hombres hay 38 candidatos y se deberá escoger a otros tres; pero en la lista de pueblos y nacionalidades indígenas, de la que se escoge a una autoridad, Toapanta es la única candidata calificada, de 40 que se postularon, por lo que no tendrá competidor en el proceso electoral.
En declaraciones a Televistazo, el consejero del CNE, Enrique Pita, explicó que al ser la única candidata en esa lista podrá ganar con un, con dos o con los votos que obtenga el 29 de noviembre. “Ya está elegida prácticamente”, dijo Pita.
Es algo inédito en esta elección ya que para el periodo 2019 – 2023, la primera vez que se eligió a través de las urnas a las autoridades del CPC, en la lista de pueblos y nacionalidades hubo cuatro postulantes y resultó ganadora Rosa Chalá, con el 38,24% de los votos.
Para el periodo 2023 – 2027 hubo ocho candidatos en esa lista y resultó ganadora Johanna Verdezoto, con el 19,53% de los votos. Verdezoto aspira a la reelección y está calificada, pero en la lista de mujeres.
¿Quién es la virtual consejera?
Es licenciada en Ciencias de la Educación, mención Informática. Magíster en Planificación y Perspectiva Multisectorial. Fue concejala del cantón Pedro Moncayo; jefa política del mismo cantón; directora de la Población Adulta Mayor en el MIES; gestora comunitaria, voluntaria en la Fundación Por una Mirada Feliz para niños especiales. Según su expediente es miembro fundador de la Fundación Agua y Vida.
Según consta en su declaración juramentada de la Contraloría, al 2023 tenía un patrimonio total de $ 199.340. Como bienes inmuebles consta una casa y como bienes muebles registró equipo de oficina, menaje de casa, entre otros.
Mientras que en la página de la Superintendencia de Compañìas consta como accionista de Inmobiliaria Inmomasued SA.
Entre las razones para haber presentado su postulación, según su expediente, están la de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en todos los niveles de gobierno; consolidar el control social de la gestión pública; promover la cultura democrática, la equidad y la justicia social en beneficio del interés colectivo; contribuir al ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, fortaleciendo la democracia participativa y el buen vivir.
Prohibiciones generales para los candidatos
La normativa sobre el Consejo de Participación Ciudadana establece que las postulaciones de los candidatos deben ser respaldadas por organizaciones sociales o por los ciudadanos a título personal.
El espíritu de la norma era evitar que tengan intereses o vínculos políticos – partidistas ya que, en teoría, ejercen un control estrictamente ciudadano.
Por eso la Ley prohíbe que los candidatos sean afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos, durante los últimos cinco años.
Sin embargo, en la práctica, una vez en el cargo han demostrado que responden a algún lineamiento o interés político – partidista.
En cuanto a la promoción se les prohíbe, también en teoría, hacer campaña electoral.
Es el CNE el encargado de promocionar los nombres, trayectoria y propuestas de cada uno de los candidatos en igualdad de condiciones y oportunidades.
Ningún partido o movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano puede realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de ningún candidato a esa dignidad y de hacerlo se considerará infracción electoral.
Esta disposición fue vulnerada, por ejemplo, en el proceso de 2023 cuando un grupo de postulantes se identificó y recibió el apoyo público, a través de redes sociales, de la Revolución Ciudadana y directamente de su líder Rafael Correa, en la llamada “Liga Azul”.
Este grupo estuvo integrado por los consejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y la suplente Vielka Párraga.
En enero de 2025 el Tribunal Contencioso Electoral ratificó su destitución por haber cometido infracción electoral muy grave al haber hecho proselitismo y recibido auspicio político.
