Siete de 10 organizaciones internacionales suscribieron un informe en el que advierten la crítica situación que vive Ecuador en temas relacionados con los derechos humanos en cuatro ejes: estado de derecho, espacio cívico, situación de personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, y extractivismo.
Luego de seis meses de trabajo, la Misión Internacional de Observación y Solidaridad, integrada por 10 organizaciones internacionales de derechos humanos, presentó el informe “Ataques y criminalización contra la sociedad civil en un contexto de militarización y extractivismo en Ecuador”.
Es un documento suscrito por siete de esas 10 organizaciones en el que se abordan los derechos humanos desde cuatro perspectivas: debilitamiento del estado de derecho, espacio cívico, personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, y conflictividades y extractivismo.
“La situación de derechos humanos en Ecuador es extremadamente grave y requiere atención inmediata”, manifestó Natalia Yaya, de la Federación Internacional por los Derechos Humanos.
Situación que se agrava por el enfoque de seguridad militarista impulsado por el Gobierno de Daniel Noboa, ya que lejos de resolver los problemas del país, genera nuevas violaciones de derechos humanos y el debilitamiento institucional, agregó.
Debilitamiento del estado de derecho
Soraya Gutiérrez, de la Federación Internacional por los Derechos Humanos; y César Sivo, de la Asociación de Abogados, Jueces y Fiscales de los Derechos Humanos de América Latina y el Caribe, indican al menos tres elementos para afirmar que hay un debilitamiento del estado de derecho.
Por un lado la declaratoria de conflicto armado interno sin que la violencia criminal del país reúna los requisitos del derecho internacional humanitario para una declaratoria de ese tipo, según los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, dijo Gutiérrez.
Para las organizaciones, esto consolidó la militarización de la seguridad pública; amplió los mecanismos de cooperación internacional en seguridad; incorporó a actores civiles en acciones vinculadas al uso de la fuerza; y contempló disposiciones que pueden operar como señales de impunidad o tratamiento excepcional para militares, policías y particulares que intervengan en dichas acciones.
Otro elemento que consta en el extenso informe son los permanentes estados de excepción decretados el país en el Gobierno de Daniel Noboa, que ha convertido a este mecanismo extraordinario en un instrumento permanente de gobernabilidad para lidiar con la conflictividad social, lo que termina por limitar el espacio cívico y, especialmente, la protesta ciudadana.
Las organizaciones internacionales advierten una paradoja en esa medida, ya que a pesar de ser una medida recurrente, hay mayor respuesta criminal y violencia armada ya que la actuación criminal se mantiene o se traslada entre provincias debido a un comportamiento criminal adaptativo, según el informe.
Por su parte, Sivo dijo que hay un debilitamiento del contrapeso institucional que al parecer no es una casualidad sino parte de una política de estado que se refleja, por ejemplo, en la actuación de la Fiscalía General del Estado, de la Defensoría del Pueblo, o en la campaña de desprestigio que sufrieron los jueces de la Corte Constitucional,
Otros derechos
Eduardo Marenco, de CIVICUS Monitor que clasifica a Ecuador en la categoría de espacio cívico «obstruido», manifestó que esto implica la libertad de expresión, de asociación y de reunión, que son condiciones para que en Ecuador haya pluralidad, representación y participación. “El ejercicio de las libertades cívicas está seriamente comprometido en el Ecuador y quienes ejercen estos derechos lo hacen sabiendo que pueden enfrentar amenazas y hostigamientos por parte de las autoridades”, dijo Marenco.
Sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, Álvaro Gómez del Valle, de Front Line Defenders, dijo que la Misión concluyó que existe un acelerado cierre del espacio cívico, en particular para organizaciones, movimientos y personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. Este se sustenta en restricciones violentas a la protesta y en limitaciones arbitrarias a la libertad de expresión y de asociación.
Mientras que en el capítulo de conflictividades y extractivismos, las violaciones documentadas en el informe revelan patrones de afectación sobre los territorios, los ecosistemas y las comunidades que los habitan, comprometiendo simultáneamente los derechos de la naturaleza, los derechos colectivos y las condiciones materiales, culturales y espirituales que sostienen la vida. Menciona también reformas institucionales, flexibilizaciones regulatorias y mecanismos de control territorial que, en conjunto, generan tensiones con las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado en materia de derechos humanos y protección ambiental.
