Universidades, estudiantes, moradores y autoridades coinciden en que beber en calles y veredas alrededor de los campus se volvió un problema de convivencia y seguridad, pero discrepan sobre la respuesta. El Municipio ofrece controles, puestos de mando, prevención, cámaras y obras. La Universidad Central pide reformar el Plan La Mariscal porque teme que sus restricciones empujen locales hacia fuera del perímetro. La Carta de Adhesión por la Seguridad firmada el 30 de julio no prohíbe todavía la venta de alcohol en tiendas cercanas a las universidades: ordena evaluar esa medida durante el último trimestre de 2026.
En la calle Ulloa, entre Carrión y Ramírez Dávalos, cerca de la Universidad Central, comerciantes consultados por Ecuador Chequea lamentaron que los problemas de desorden que afectan la convivencia ya no se concentran en las noches de los viernes. Testimoniaron que grupos de personas ocupan las aceras para beber y dejan botellas en la vía pública. También denunciaron malos olores y el uso de paredes como urinarios.
A pocas cuadras, en los alrededores de las universidades Católica, Salesiana y Politécnica, residentes de las calles Carrión, Veintimilla y José Tamayo también describieron que similares problemas ocasionan un deterioro progresivo de la tranquilidad en el sector.
Dentro de estas mismas universidades, estudiantes y autoridades coinciden en un diagnóstico: aumentar la presencia policial y endurecer las multas puede ser necesario, pero no será suficiente.
Se trata, en cualquier caso, del escenario en el que empieza a operar la Carta de Adhesión por la Seguridad suscrita el 30 de julio entre el Municipio de Quito y 15 universidades. El documento compromete a las universidades con programas de prevención, convivencia y coordinación, y obliga al Municipio a mantener los controles en el tiempo, no únicamente durante las primeras semanas. Su anexo contiene 10 acciones concretas, desde tres Puestos de Mando Operativo, PMO, hasta más cámaras, reorganización de paradas, campañas preventivas y una evaluación trimestral de resultados.
Pero, por ahora, estas quejas por la venta de alcohol alrededor de los campus, todavía no están resueltas. La acción 7 del plan de la Carta de Adhesión, ordena “evaluar e impulsar” reformas para restringir o prohibir la venta de bebidas alcohólicas en tiendas y micromercados de sectores aledaños a universidades. Así, fija un plazo para el último trimestre de 2026.
Consultado sobre este tema, Gustavo Chiriboga, director de la Agencia Metropolitana de Control, AMC, reconoció expresamente que “no existe, actualmente, se está tramitando esa normativa. Eso es parte del acuerdo que se ha firmado”, dijo. Según Chiriboga, el Municipio deberá definir “cómo es el parámetro para establecer esta prohibición”.
En este sentido aclaró que beber alcohol en calles, plazas y veredas ya está prohibido y puede ser sancionado, pero impedir que determinadas tiendas y micromercados vendan alcohol alrededor de todas las universidades es una medida distinta y todavía está en evaluación.
La Central advierte un efecto no previsto: que los locales se muden hacia la Ulloa
La Universidad Central expresó una de las reacciones de mayor preocupación. Ximena Baño, directora de Bienestar Universitario, respaldó la recuperación de La Mariscal, pero adviertió que el Plan Urbanístico Complementario Parcial aprobado el 10 de febrero anterior puede tener un efecto de desplazamiento.
El Plan La Mariscal fija como límite occidental la calle Versalles. Al norte llega hasta Selva Alegre, 10 de Agosto y Orellana; al sur, hasta Patria y Alfredo Pérez Guerrero; y al este, hasta 12 de Octubre y Coruña. Al interior de ese polígono se endurecen y restringen los permisos para vender alcohol.
Baño teme que las actividades que ya no puedan continuar dentro de ciertas partes del polígono busquen instalarse afuera.
“Todos los locales actuales que están dentro de La Mariscal probablemente van a migrar hacia los exteriores del perímetro”, sostuvo. “Todos conocemos que en la calle Ulloa están ahora concentrados todos estos sitios de expendio de licor, de comida y otras cosas”.
La funcionaria universitaria añadió que “pensamos que esto se va a acrecentar, se va a agravar la situación del impacto que se da en esta zona y probablemente no solamente hacia la calle Ulloa, sino hacia otras calles aledañas. Esto nos causa gran preocupación”.
Baño dijo que la institución ya planteó la preocupación al alcalde, Pavel Muñoz, y que recibió el compromiso de revisar técnicamente la ordenanza. La Central quiere incorporarse a las mesas que discutan una posible reforma.
“No estamos en contra de la ordenanza, nos parece totalmente positiva”, dijo. “Lo que queremos es que efectivamente se reforme esta ordenanza, se pueda obviamente cubrir ojalá todo el perímetro de la Universidad Central”.
Por ahora, consultada por Ecuador Chequea sobre este tema, Carolina Andrade, secretaria de Seguridad del Municipio, confirmó que la petición existe y que una ampliación tendrá que ser tratada por el Concejo Metropolitano.
¿Qué cambiará realmente desde 2027?
Andrade sostuvo que desde el 1 de enero de 2027 “se eliminan las preexistencias”, es decir autorizaciones bajo normativas anteriores de bares, discotecas y centros de tolerancia dentro del polígono y que entran a un período de transición hasta el uno de enero de 2027.
La disposición transitoria novena del Plan La Mariscal establece que las licencias antiguas correspondientes a actividades de bares y discotecas (catalogadas por el Municipio como CZ1A), salas de recepciones y banquetes (CZ1B);Moteles (CM1B) casas de cita, prostíbulos, (CM1A) y licorerías que, bajo las nuevas reglas de uso de suelo, pasen a estar prohibidas podrán funcionar hasta que venza su última renovación, con un límite máximo del 31 de diciembre de 2026.
Después, explicó la funcionaria, deberán sujetarse a las nuevas compatibilidades de uso de suelo. La transición afecta a las actividades que fueron autorizadas bajo normas anteriores y que resulten incompatibles o prohibidas con las nuevas reglas.
LUAE no significa simplemente “licencia para vender licor”
Rocío Bastidas, activista ciudadana e integrante del Cabildo Cívico de Quito, plantea una respuesta más fuerte: retirar las Licencias Únicas de Actividades Económicas, Luaes, a los negocios que expenden alcohol cerca de los campus.
“El primer compromiso que creemos que lo pueden hacer y de inmediato es eliminar las Luaes que permiten el expendio de licor en tiendas, en bares, en discotecas que están cerca a las universidades”, dijo.
2.700 sancionados por libar en espacios públicos en Quito
Chiriboga afirmó que entre enero y julio de 2026 más de 2.700 personas fueron sancionadas en Quito por consumir bebidas alcohólicas en el espacio público.
“Los 2.700 sancionados están en toda la ciudad, pero el 80% de ese gran número pertenecen a personas que están en los sectores aledaños de las universidades”, dijo.
Eso equivale a alrededor de 2.160 sancionados en sectores universitarios. Chiriboga sostuvo que personas ubicadas en sectores aledaños a universidades; no precisó que todas estas personas fueran estudiantes.
Sobre este tema Andrade puntualizó que más de 500 estudiantes fueron sancionados durante el primer semestre alrededor de la Universidad Central y que 80% se acogió a trabajo comunitario.
“Nos toca bajar a la calle para poder caminar”
Mientras el Municipio presenta estas estadísticas de sanciones, los vecinos miden el problema de otra manera. Consultado por Ecuador Chequea, un comerciante de la Ulloa, entre Carrión y Ramírez Dávalos, describió las consecuencias para los negocios.
“Aquí en la calle Ulloa los jóvenes que se dedican a tomar convierten a todas estas calles, la Ulloa y la Carrión se convierten en urinarios públicos”, dijo. “Dejan el lugar hecho una pestilencia que afecta a nuestros negocios”, lamentó.
Otro propietario del mismo tramo afirmó que, en ciertos momentos, la concentración dificulta incluso caminar por las aceras. “Son tantos los estudiantes que se ponen a tomar que a veces se llega a cerrar la vía”, relató. “Son tantos que se apoderan de las aceras para beber alcohol y nos toca bajar a la calle para poder caminar”.
Esta situación, insistió, “es de todos los días, a todas horas, no solo los viernes”.
Ambos entrevistados, sin embargo, señalaron que en estas últimas dos semanas ha disminuido el problema debido al actual período de vacaciones en la universidad.
Centro comercial ofrece sus cámaras
Un representante del Centro Comercial Quipus, de 586 locales y situado a dos cuadras de la Central, que pidió a Ecuador Chequea mantener su identidad en reserva, testimonió casos de jóvenes con niveles severos de embriaguez.
“Se nos han quedado dormidos en los baños, nos ha tocado retirarles de los baños, llamar a familiares”, dijo.
También afirmó que se vende alcohol informalmente en mochilas y describió los controles como “un juego del gato y el ratón”, cuando las autoridades dispersan un punto, los grupos se trasladan a otro. Esta situación, dijo, se incrementó desde 2021, un año despúes de la pandemia de covid-19.
El representante propuso que los vecinos dejen de ser solamente denunciantes y se incorporen a la coordinación. “Nosotros tenemos cámaras de videovigilancia. Se puede contribuir a hacer un trabajo mancomunado para ver cuáles son los infractores”, sugirió.
Veintimilla y Tamayo: vecinos cuestionan también la calidad del control
Una moradora de un edificio cercano a la Universidad Católica identificó a Veintimilla y José Tamayo como otro punto conflictivo. Aseguró que grupos se reúnen a beber y cuestionó la actuación de policías que, según su testimonio, permanecen estacionados utilizando sus celulares. También afirmó haber observado posible tráfico de drogas.
Su reclamo a las universidades es que su responsabilidad no termine en la puerta del campus. “De las universidades, que haya una mayor responsabilidad por parte de las autoridades, no solamente en cuanto al manejo dentro de la universidad, sino también fuera”, dijo.
“¿Qué pasa afuera con sus estudiantes que se reúnen a beber? No hay respeto por la comunidad y por los vecinos”, lamentó.
Otra moradora de una torre de la calle Carrión, que también pidió reserva de identidad, dijo que comenzó a denunciar problemas hace unos tres años y que ha reducido sus caminatas con su hijo y su mascota.
“Yo casi he dejado de salir a caminar porque considero que este lugar ya no es familiar”, dijo.
Percibe más seguridad, pero siente temor de que la medida sea temporal.
Presencia de policías
Jenny Vallejo, comunicadora y conductora del noticiero de la Radio Irfeyal, ubicada a tres cuadras de la Universidad Central comentó que “he visto que, en los últimos días, hay una mayor presencia de policías, patrulleros y personal municipal”.
Ese despliegue, dijo, sí tiene un efecto: “Saber que hay personal de seguridad recorriendo esta zona hace que uno también se sienta un poco más seguro al caminar”.
Su preocupación está en la continuidad. “El desafío consiste en evitar que estas acciones sean temporales”, señaló. “Se requiere una presencia constante de las autoridades y un trabajo coordinado en materia de seguridad”.
Vallejo también pidió no confundir consumo de alcohol con delincuencia. “Más que verlos como potenciales delincuentes por consumir alcohol en espacios públicos, se necesitan acciones de prevención, educación y convivencia, además de espacios seguros en los que puedan compartir de manera responsable”.
La Carta de Adhesión por la Seguridad recoge, precisamente, esa preocupación. En el documento señala que el Municipio se obliga a garantizar que las acciones se mantengan “más allá del primer impulso”, y el anexo clasifica los operativos de control como una tarea permanente.
Estudiantes: sí al acuerdo, no a una respuesta exclusivamente coercitiva
Consultados por Ecuador Chequea, representantes estudiantiles dijeron que respaldan el acuerdo, pero rechazaron que toda la política se reduzca a sancionar.
Jatari Ulcuango, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, reconoció que beber en la calle es un problema social, pero sostuvo que “no hay que atacarlo desde una forma coercitiva” y pidió analizar las razones detrás del consumo, la salud mental y la disponibilidad de actividades extracurriculares.
“No es necesario ir a lanzar agua desde la Policía a quienes están entreteniéndose en la vía pública”, dijo. “Sí es necesario entender por qué los estudiantes salen de clases y se van a libar y por qué los estudiantes no salen de clases y se van a hacer ejercicio, por qué no salen de clases y se van a los teatros”.
Ulcuango dijo que las organizaciones estudiantiles pueden contribuir con recomendaciones de autocuidado y entregando a las autoridades información sobre las necesidades reales de los alumnos.
Jousne Sanguña, dirigente de la Federación de Estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional, calificó el acuerdo como un inicio, no como una solución.
“Está muy bien que sea una iniciativa, pero sí haría el llamado a que continuemos trabajando, que no se quede solo en este primer paso”, dijo.
Sanguña señaló que la Federación conoce casos de robos de celulares, computadoras y otros equipos fuera de la institución y que, según los reportes recibidos por los dirigentes, no existe una hora específica para esos hechos.
Sobre las alternativas culturales, sostuvo que existen, pero “deberían realizarse cercanas a nuestros campus”.
El Municipio propone combinar sanciones con psicólogos, cultura y bailoterapia
Zadkiel Cárdenas, secretario de Educación del Municipio, coincidió en que la política debe tener un componente de salud pública. “Un joven que está consumiendo alcohol a las 10 de la mañana posiblemente lo que necesita es tener más cercanía a un psicólogo que a cualquier otro profesional”, dijo.
Para lugares como la Ulloa, propuso combinar controles con actividades capaces de cambiar el uso del espacio público. “Un buen ejemplo de eso es un espacio donde hay gente libando, que podamos meter una bailoterapia, por ejemplo, o podamos meter una serie de actividades culturales”, señaló.
Cárdenas no excluyó las sanciones. Dijo que el Municipio apuesta primero por el diálogo con los expendedores, pero que, si este fracasa, “no hay otra forma que la sanción y el control”.
La Salesiana pide aplicar con mayor firmeza las normas
Juan Cárdenas Tapia, rector de la Universidad Politécnica Salesiana, puso mayor énfasis en el cumplimiento de las ordenanzas. “Aspiramos a que las entidades de control puedan ser más enfáticas en la aplicación de las ordenanzas que existen”, dijo.
El rector señaló que los lugares de expendio de alcohol y otras sustancias pueden aumentar la exposición de estudiantes a “robos de oportunidad”.
También impulsa el concepto de un corredor universitario entre la Casa de la Cultura, 12 de Octubre, Patria e Isabel La Católica, en el que las universidades funcionen casi como un solo campus.
Cárdenas estimó que en ese corredor confluyen más de 50.000 estudiantes. Los insumos no incluyen registros de matrícula para comprobar independientemente esa cifra, por lo que debe mantenerse como una estimación atribuida al rector.
Activista pide cronogramas y presupuestos
La activista ciudadana e integrante del Cabildo Cívico de Quito, Rocío Bastidas señaló que es indispensable crear un corredor universitario con más árboles y menos predominio del automóvil, y reducción de velocidades en las vías próximas a los campus hasta 20 o 30 kilómetros por hora.
También propuso abrir más infraestructura deportiva universitaria a los barrios. “Mientras más se abra y más se comparta con la gente, con la comunidad, es más fácil contrarrestar la inseguridad porque nos conocemos”, dijo.
Pero su principal advertencia apunta a la ejecución. “Esperemos que este acuerdo no quede como todo más o menos en papel”, afirmó. “Estamos muy cansados de los discursos y ofrecimientos y queremos ver ya cronogramas y presupuestos para ver si va o no va”.
