La Comisión de Fiscalización deberá elaborar un informe para conocimiento del pleno de la Asamblea en el caso de ATM.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea concluyó con la sustanciación del juicio político a la exministra de Energía, Inés Manzano, y en el plazo de cinco días deberá remitir al presidente de la Legislatura, un informe que detalle, motivadamente, sus respectivas conclusiones y las razones por las cuales recomienda al Pleno de la Asamblea el archivo del trámite o el juicio político. Si la Comisión no logra aprobar el documento, deberá presentar un informe de posiciones de los legisladores integrantes de esta Mesa Legislativa para que se tome una decisión.
Manzano es acusada por los legisladores correístas Mónica Palacios, Blasco Luna y Lenin Barreto de incumplir funciones al no haber tomado medidas para precautelar los intereses del Estado, que habría resultado perjudicado por alrededor de 71 millones de dólares por la contratación de Austral Technical Management (ATM) para superar la crisis eléctrica de 2024. la empresa habría entregado generadores eléctricos usados y defectuosos.
Hoy, en la última jornada de presentación de prueba testimonial no se presentaron a la Comisión los funcionarios y exfuncionarios solicitados por los interpelantes: Roberto Luque, ministro en funciones; Antonio Gonçalves, exministro de Energía; y Fabián Calero,ex gerente de CELEC.
Quien sí se presentó fue el comunicador Álvaro Martín, quien detalló lo que ha publicado en sus redes sociales sobre este caso.
El balance de la sustanciación
Terminada la etapa de sustanciación, Rafael Oyarte, abogado de la exministra, aseguró que los proponentes de la interpelación no lograron probar nada. “El problema de la acusación constitucional es que utiliza como supuesta prueba de cargo, pruebas que son de descargo”, dijo Oyarte. Calificó de “penosa” la actuación de los proponentes ya que, indicó, han sustentado todo el proceso en suposiciones, en documentos en los que ni siquiera le nombran a la exfuncionaria, en recortes de prensa y reportajes incompletos lo que evidencia que no cumplieron la labor fiscalizadora por la que reciben un salario. “No se viene a los juicios políticos a adivinar los hechos”, manifestó Oyarte.
Por su parte Palacios denunció que tenía conocimiento de que la Comisión de Fiscalización, de mayoría oficialista, recibió la orden del Ejecutivo de archivar el proceso. Palacios reiteró que Manzano no tomó ninguna medida para evitar el perjuicio económico al Estado y por eso es el juzgamiento político. “Se está juzgando por las acciones y omisiones”, dijo. Agregó que como presidenta del directorio de Celec, Manzano tuvo conocimiento de que los equipos entregados por ATM eran obsoletos y que aún así no actuó.
