El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo No. 448, al que se anexa el Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, elaborado por el Ministerio de Defensa Nacional.
El documento, de 201 páginas y dedica su punto 6.4 denominado “Entorno Nacional”, a describir, ámbito por ámbito, el estado de la seguridad en el país.
Es ahí donde el propio Estado reconoce, con cifras propias, el deterioro de los indicadores de violencia, extorsión y actividad empresarial de los últimos años. Este explicativo recorre esas cifras en detalle.
¿Qué es este documento?
Tiene un cuerpo jurídico breve, apenas 7 páginas, 3 artículos, pero viene acompañado de un anexo mucho más extenso y revelador: el Plan Nacional de Seguridad Integral (PNSI) 2025-2029, un documento de cerca de 200 páginas que el propio decreto «declara como política pública de aplicación a nivel nacional».
En términos simples, el decreto hace tres cosas:
- Artículo 1: convierte el PNSI 2025-2029 en política de Estado obligatoria.
- Artículo 2: encarga su implementación al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a Cancillería, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
- Artículo 3: ordena al Ministerio del Interior publicar y difundir el Plan completo, que «se anexa y forma parte integrante» del decreto.
Además, deroga el decreto anterior que regía este plan (el Decreto 1331 de 2021, que databa de la gestión de Guillermo Lasso) y entra en vigencia desde su firma.
El plan fue aprobado meses antes por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (COSEPE) mediante una resolución adoptada en una sesión clasificada como «secretísima», el 9 de marzo de 2026, y llega al decreto en el contexto de que el Ejecutivo ya había reconocido, mediante el Decreto 424 del 18 de junio de 2026, la existencia de un «conflicto armado interno» (CAI) en el territorio nacional.
Lo más valioso de este documento no es tanto el articulado legal, que es formal y protocolario, sino el diagnóstico que el propio gobierno hace de la violencia en el país, con cifras oficiales que rara vez aparecen juntas en un solo texto público.
El punto de partida: un país que dejó de ser “de los más seguros”
El Plan arranca el punto 6.4 con una premisa: el entorno nacional del Ecuador “revela una profunda transformación de las condiciones de seguridad y defensa en los últimos años”.
El documento sostiene que factores estructurales, debilidad institucional, desigualdad social, fragilidad económica, se combinan con amenazas transnacionales como el terrorismo y los ciberataques, generando un escenario en el que “lo interno y lo externo se entrelazan”.
Para sostener este diagnóstico, el Plan organiza la evidencia en varios “ámbitos”: Seguridad, Defensa, Comunicacional, Tecnológico, Educación, Económico, Ambiental, Social, Político Institucional, Judicial, Gestión de Riesgos y Seguridad Penitenciaria.
A continuación, el detalle de cada uno en lo que respecta a violencia, crimen organizado e impacto económico, que es lo que más cifras concentra.
Homicidios: de los más bajos de la región a un pico histórico
El documento reconstruye la evolución de la tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes entre 2014 y 2024, con datos que atribuye al Ministerio del Interior (2025):
Una inconsistencia que vale la pena marcar: el propio Plan no es enteramente consistente en este último dato. Mientras el cuerpo del texto afirma que la tasa de 2024 fue de 39,1, el gráfico que acompaña esa misma sección, marca 39,2 para el mismo año.
Es una diferencia mínima —una décima—, pero ilustra que ni el documento oficial que sirve de base a un decreto presidencial es enteramente consistente en sus propias cifras, algo que conviene señalar antes de que terceros repliquen el dato sin cotejarlo.
Sobre 2025, el Plan no ofrece una cifra proyectada concreta: solo indica que, según el Ministerio del Interior, “se prevé que para el 2025 la tasa de homicidios cierre con niveles altos”.
Extorsión: una cifra que se multiplicó por cuatro
El Plan dedica un apartado específico a la extorsión dentro del análisis del crimen organizado transnacional (COT). Cita al Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (2024) para afirmar que en 2023 se reportaron 21.811 casos de extorsión, “más de 4 veces” los registrados en 2022.
El documento señala que este delito afectó “gravemente la seguridad económica de comerciantes, transportistas y pescadores”, es decir, sectores con alta exposición territorial y económica frente a estructuras criminales.
El aumento de la extorsión aparece en el Plan como parte de un fenómeno más amplio: el uso de armas, la trata de personas y la extorsión son descritos como actividades sostenidas por los Grupos Armados Organizados (GAO) para financiar su operación y disputar territorio.
La fragmentación del crimen organizado: de líderes únicos a facciones locales
El documento explica que la caída de cabecillas históricos y la ausencia de un liderazgo criminal único derivaron en el crecimiento de facciones locales, entre las que nombra a Los Choneros, Los Lobos, Tiguerones y Chone Killers.
Según el Plan, estos grupos mantienen vínculos directos con carteles transnacionales como el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, y disputan corredores estratégicos y zonas urbanas críticas.
El documento distingue entre tres categorías de organización criminal, GAO (Grupos Armados Organizados), GDO y GDOT, según 16 criterios que van desde la “colaboración de dos o más personas” hasta el “uso de la violencia armada” y la “implicación en blanqueo de dinero”. Según esta clasificación, elaborada con información del CentroNacional de Inteligencia y la Policía Nacional para el período 2008-2023, grupos como Los Choneros y Los Lobos son catalogados como GAO, el nivel de mayor organización y capacidad armada.
El Plan también describe la emboscada de Alto Punino, ocurrida en mayo de 2025, donde murieron 11 militares en un ataque que el documento vincula con la minería ilegal.
Lo presenta como evidencia de que estos grupos armados no sólo disputan rutas de narcotráfico, sino también zonas estratégicas de extracción de recursos, donde, según el texto, establecen “formas de control territorial” que incluyen coerción sobre comunidades locales.
Inteligencia y ciberseguridad, más alertas y más ransomware
En el “Ámbito de Seguridad”, el Plan reporta que los boletines de alerta de la Dirección de Obtención y Análisis de Inteligencia Estratégica (DOAIE) pasaron de un promedio de 24 mensuales en 2024 a 32 en el primer semestre de 2025, un incremento que el documento atribuye a la presión de “las principales amenazas multidimensionales” sobre el Sistema Nacional de Inteligencia (SNI).
En el “Ámbito Tecnológico”, aunque el Plan lo trata en una sección separada, aparecen cifras de ciberataques para 2024 y 2025, el ransomware pasó de 121 a 174 casos y se convirtió, según el texto, en “la amenaza dominante”, pese a que el número total de incidentes registrados bajó y varias tipologías menores (como el phishing) se redujeron o desaparecieron.
El Plan interpreta esto como un cambio de estrategia de los atacantes hacia ataques de mayor impacto, no como una mejora generalizada del panorama de ciberseguridad.
El costo económico: empresas que cierran y ventas que caen
Este es el bloque de cifras más directamente vinculado al impacto económico de la violencia, dentro del “Ámbito Económico” del Plan:
- Cierre de microempresas: entre 2022 y 2023 cerraron 65.837 microempresas, “en su mayoría por violencia, extorsión o bloqueos logísticos”, según cifras que el Plan atribuye al Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (2024).
El documento presenta este dato como evidencia de que la inseguridad “provoca una reacción del Estado para asegurar la sostenibilidad empresarial”. - Gasto en seguridad privada: el gasto privado en seguridad supera los 1.500 millones de dólares anuales, según el Plan, mientras “sectores productivos experimentaron contracciones por la violencia, afectando ventas empresariales”.
- Contracción de ventas: las ventas empresariales se contrajeron 0,94% en 2024 y 0,52% en el primer semestre de 2025, una caída que el documento asocia directamente a la violencia.
- Informalidad laboral: la informalidad en el mercado laboral llegó a 53,5% en el primer trimestre de 2025, según el INEC (2025). El Plan conecta este dato con una mayor vulnerabilidad frente al crimen organizado, “especialmente en provincias fronterizas y costeras”, donde según el texto las economías ilícitas, como el contrabando, “encuentran espacios propicios para su expansión”.
- Minería ilegal: descrita como “una de las economías ilícitas de mayor impacto” del país, tendría una contribución estimada del 2,5% del PIB en 2022, con una producción de oro cercana a los 4.000 millones de dólares, cifra que el Plan atribuye al Banco Interamericano de Desarrollo (2023). El documento también menciona, en el mismo bloque, la pérdida de más de 784 hectáreas en el río Punino entre 2022 y 2023 asociada a esta actividad.
- Riesgo país: el índice EMBI pasó de 1.753 puntos en 2024 a superar los 1.900 puntos en abril de 2025, para luego descender a 554 puntos hacia noviembre de 2025, según cifras que el Plan atribuye al Banco Central del Ecuador (2025). El documento describe esta caída reciente como “una señal positiva” vinculada a la posible mejora del clima de seguridad, aunque no detalla qué factores específicos explicarían esa reducción tan pronunciada.
- Crecimiento económico esperado: pese a este panorama, el Plan cita proyecciones del Banco Central del Ecuador que estiman un crecimiento del 3,8% para 2025, al que describe como “un escenario favorable” que podría reforzarse con políticas de dinamización productiva.
Defensa: más militares en tareas de seguridad interna
El Plan documenta una ampliación sostenida de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas que tradicionalmente correspondían a la Policía Nacional.
En 2024, cerca de 31.000 militares se desplegaron en distintas provincias; en 2025 se sumaron 1.750 soldados adicionales a nueve jurisdicciones que el documento califica de “críticas”. Estas tareas incluyen control penitenciario, patrullaje portuario, apoyo en retenes policiales y vigilancia en corredores estratégicos.
El documento también menciona los decretos ejecutivos previos (111 y 218, sin detallar sus fechas exactas en el fragmento correspondiente) que reconocieron la existencia de un “conflicto armado interno”, fundamentados en hechos como el ataque a las instalaciones de TC Televisión y la fuga coordinada de personas privadas de libertad, entre otros.
Según el Plan, la ubicación estratégica del país, su dolarización y la permeabilidad de puertos como Guayaquil, Manta y Esmeraldas lo convierten en un “nodo clave” en la cadena de exportación de cocaína hacia Europa y Estados Unidos.
Justicia y cárceles: impunidad, hacinamiento y muertes violentas que vuelven a subir
En el “Ámbito Judicial”, el Plan describe un sistema bajo presión creciente por la expansión del crimen organizado, con fenómenos nuevos como el sicariato por encargo y la extorsión digital, para los que —según el documento— el sistema judicial aún no cuenta con capacidad operativa suficiente.
En el “Ámbito de Seguridad Penitenciaria”, el Plan reporta que, al mes de julio de 2025, la población penitenciaria era de 34.612 personas, con un hacinamiento del 29,06%. Sobre muertes violentas dentro de los centros de privación de libertad, el documento marca una tendencia a la baja desde el pico histórico de 321 muertes en 2021: 146 en 2022, 69 en 2023 y 46 en 2024.
Sin embargo, señala que en 2025 se registró un nuevo incremento, con 89 muertes violentas, lo que el propio texto reconoce como una reversión de la tendencia de mejora.
Lo social y lo político: el terreno donde la violencia encuentra espacio
El Plan también conecta la violencia con indicadores sociales y de confianza institucional que, según el documento, la facilitan o la profundizan:
- La pobreza por ingresos llegó a 24% a junio de 2025, y la pobreza extrema a 10,4%, con una brecha marcada entre zonas urbanas (15,7%) y rurales (41,7%), según el INEC (2025).
- La confianza ciudadana en las Fuerzas Armadas alcanza 72%, y en la Policía 42%, mientras que instituciones como el Sistema Judicial (23%), la Asamblea Nacional (22%) y los jueces (21%) registran niveles de confianza mucho más bajos (Statista, 2024, sobre una encuesta a 1.000 personas en Quito y Guayaquil). El Plan interpreta esta disparidad como una señal de que la ciudadanía confía más en las “funciones operativas y coercitivas” del Estado que en sus funciones normativas, judiciales y representativas.
- Para mediados de 2024, Ecuador albergaba 77.000 refugiados reconocidos y alrededor de 444.000 migrantes venezolanos bajo estatus de protección (equivalente al 3,2% de la población nacional), además de más de 469.000 personas en situación de desplazamiento interno (ACNUR, 2024). El Plan advierte que estas presiones sociales, aunque requieren respuestas humanitarias, “también generan tensiones en los servicios públicos y pueden ser instrumentalizadas por redes delictivas transnacionales”.
Fuente y nota metodológica: Todas las cifras citadas en este explicativo provienen del texto del Plan Nacional de Seguridad Integral 2025-2029, anexo al Decreto Ejecutivo No. 448, firmado por el presidente Daniel Noboa. El Plan, a su vez, atribuye cada dato a fuentes primarias (Ministerio del Interior, INEC, Banco Central del Ecuador, Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, SNAI, ACNUR, Statista, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras). Este explicativo no verifica esas fuentes primarias de forma independiente: organiza lo que el documento oficial declara.
