En la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se cumple la sustanciación del juicio político en contra de la exministra de Energía, Inés Manzano, por el perjuicio en el caso ATM.
La presentación de pruebas de cargo y de descargo en el marco de la sustanciación del juicio político a la exministra de Energía, Inés Manzano, inició con cuestionamientos por parte de los proponentes debido a que la exministra compareció de manera telemática a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, dónde sí acudieron presencialmente sus abogados Rafael Oyarte e Ismael Quintana.
El proceso es impulsado por los legisladores correístas Mónica Palacios, Blasco Luna y Lenin Barreto, por un presunto incumplimiento de funciones relacionado con la contratación de la empresa Austral Technical Management (ATM) para superar la crisis eléctrica de 2024. El perjuicio económico sería de unos 71 millones, ya que los motores entregados por la empresa para hacer frente a los apagones, eran técnicamente incompatibles con el sistema eléctrico ecuatoriano, ya que operaban a una frecuencia distinta a los 60 Hz requeridos en el país, según los proponentes de la interpelacion.
En un oficio remitido a la Comisión, los abogados de Manzano pidieron que se permita la comparecencia telemática de la exfuncionaria por encontrarse fuera del país. Manzano apareció en las pantallas habilitadas por la Comisión para la transmisión de la sesion.
«Llama la atención que la señora Inés Manzano no venga acá presencialmente, como lo estamos haciendo nosotros, a darle la cara a los ecuatorianos», manifestó Palacios. Agregó que Manzano no hizo nada para proteger los intereses del país en el contrato que se suscribió con la empresa ATM y que su responsabilidad política no se limita a la celebración inicial del contrato, sino principalmente a sus actuaciones y omisiones en el ejercicio de sus funciones, cuando ya existían advertencias técnicas, juridicas, institucionales que exigían la adopción de medidas inmediatas para proteger los recursos de los ecuatorianos.
Luna agregó que Manzano debía estar presencialmente en la sesión para que responda las inquietudes alrededor de ese contrato y que el rol de sus abogados debería limitarse a asesorarle. «Es la exministra la que tiene que tomar el micrófono y responderle a los ecuatorianos», dijo Luna.
Los interpelantes presentaron como prueba de las presuntas irregulares y de la responsabilidad política de Manzano, un examen de la Contraloría General del Estado sobre el contrato suscrito con ATM y el informe de minoría elaborado en la Comisión de Transparencia respecto a los contratos con ATM y Progen.
La sesión tuvo sus momentos tensos por el cruce de criterios que Palacios mantuvo con el presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez (ADN, antes de la Revolución Ciudadana) a quien acusó de conducir la sesión como si fuese abogado de Manzano.
La defensa de la exministra
Manzano siguió la sesión telemáticamente pero no tomo la palabra en ningún momento lo que generó el rechazo de los interpelantes quienes manifestaron que ella debía responder al país.
Los abogados de Manzano aseguraron que la exministra estaba presente en la sesión a través de ellos. Oyarte manifestó que el informe de minoría presentado por los interpelantes no constituye prueba, y que juzgar sin prueba o con prueba ilícita violenta la presunción de inocencia. Agregó que el informe de Contraloría al que se refieren los interpelantes no se refiere a la exministra.
Quintana argumentó que el contrato con ATM para la adquisición e instalación de generadoras se firmó mucho antes de la designación de Manzano y que fue la propia exministra la que pidió una auditoría a la Contraloría.
La sesión se retomará está tarde para continuar con las pruebas de cargo y de descargo.
