Decir «esto es falso» no es lo mismo que desmentirlo

El caso: la Fiscalía reposteó una parodia sobre el alcalde Aquiles Álvarez, quien está preso, la borró minutos después y calificó de «falso» cualquier señalamiento al respecto. Aquí explicamos por qué esa respuesta –similar a otras que han hecho las instituciones públicas en diversas ocasiones– no cumple con los estándares mínimos de una verificación.

Qué ocurrió

El lunes 13 de julio, la cuenta oficial de la Fiscalía General del Estado en X reposteó un video humorístico del actor y precandidato a concejal Fernando Villarroel. El sketch parodia la situación judicial y médica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez —procesado en el caso Goleada y en prisión preventiva desde febrero de 2026—, a partir de su reciente hospitalización por un problema de vesícula.

Minutos después, la Fiscalía eliminó el repost. Horas más tarde, luego de que el abogado del alcalde, Julio César Cueva, cuestionara públicamente a la institución, la Fiscalía publicó un comunicado que no reconocía ni negaba explícitamente el hecho, sino que rechazaba «cualquier intento de desinformar a la ciudadanía y vulnerar la seguridad de sus cuentas oficiales». Varios periodistas habían capturado pantalla del repost mientras estaba activo, antes de que la institución lo diera de baja.

La respuesta de la Fiscalía

La institución no ofreció una explicación sobre cómo ocurrió el repost, ni presentó evidencia técnica (registro de acceso a la cuenta, denuncia por vulneración de seguridad, reporte de la propia plataforma X). En su lugar, calificó de «desinformación» el señalamiento de que había reposteado el video, y reafirmó de forma genérica su «compromiso con un manejo serio y responsable de la comunicación institucional».

Por qué una autodeclaración de «falso» no es una verificación

1. Quien es señalado no puede ser, al mismo tiempo, quien juzga el señalamiento. Una institución que responde a una acusación sobre su propia conducta no está en posición de fungir como árbitro neutral de esa misma acusación. Este es precisamente el papel que cumple la verificación independiente: contrastar la versión de la parte interesada con evidencia externa.

2. Negar no es lo mismo que refutar. Refutar una afirmación exige presentar evidencia que la contradiga: metadatos, registros de acceso, un peritaje técnico, una denuncia formal por hackeo. Calificar algo de «falso» sin mostrar esa evidencia es una afirmación, no una prueba.

3. Existía contraevidencia verificable antes de la negación. Varios periodistas —entre ellos Daniela Moina, de diario Expreso— realizaron la captura pantalla del repost mientras estaba activo en la cuenta oficial, antes de que la Fiscalía lo eliminara. Una captura con marca de tiempo, tomada por una fuente independiente antes de que el contenido cuestionado fuera retirado, tiene mayor valor probatorio que una declaración posterior sin respaldo documental.

4. La secuencia de los hechos es, en sí misma, un dato. Repostear, borrar minutos después y luego negar, sin mencionar la eliminación ni explicarla, es una secuencia que contradice la versión de que nunca ocurrió. Si el argumento de fondo fuera una vulneración de seguridad, lo esperable sería una denuncia formal ante las autoridades competentes y una auditoría técnica, no solo un comunicado y si es un error de quien gestiona las redes sociales institucionales, también valdría la aclaración.

Un desmentido real requiere: (a) evidencia técnica verificable que respalde la versión institucional, (b) una explicación coherente con la línea de tiempo documentada por terceros. Ninguno de estos elementos estuvo presente en el comunicado de la Fiscalía.

Nuestro propio estándar en Ecuador Chequea

En Ecuador Chequea aplicamos el principio de «cero inferencia»: no incluimos ningún dato que no esté explícitamente respaldado por la fuente, y no inferimos más allá de lo que las fuentes confirman. Cada verificación se clasifica en una de seis categorías —Cierto, Falso, Impreciso, Engañoso, Inverificable o Sátira—, y una calificación como «Engañoso» exige, además, evidencia concreta de intención de inducir a error. Ese es el estándar que aplicamos a cualquier institución, funcionario o ciudadano por igual, sin excepción.

Medido con ese mismo criterio, la respuesta de la Fiscalía no calificaría ni siquiera como un desmentido verificable: no aportó una sola fuente, dato o evidencia que sustente la palabra «falso». Aplicar a otros un estándar de evidencia que la propia institución no cumple al defenderse sería, precisamente, la clase de doble rasero que el periodismo de verificación existe para señalar.

Estándares de la verificación internacional

Este no es un criterio exclusivo de Ecuador Chequea: es la base metodológica de toda la industria del fact-checking a nivel global.

El Código de Principios de la IFCN (International Fact-Checking Network), del cual Ecuador Chequea es signatario verificado, establece que los verificadores deben usar el mismo estándar de evidencia para cada ejercicio, sin importar quién hizo la afirmación, y dejar que la evidencia —no la palabra de una de las partes— determine la conclusión. Una institución que se autodeclara «no culpable» ante una acusación sobre su propia conducta no cumple ese estándar: es juez y parte.

Maldita.es, verificador español y firmante del mismo código, aplica dos principios que ilustran bien la diferencia: primero, que los políticos e instituciones están obligados a ofrecer datos verdaderos y comprobables en sus declaraciones públicas; segundo, que todo desmentido debe publicar y enlazar las fuentes en las que se basa, precisamente para que la audiencia pueda comprobar cómo se llegó a esa conclusión y detectar si hubo un error. La Fiscalía no ofreció ninguna fuente ni evidencia verificable detrás de su calificación de «falso»: solo la afirmación misma.

Chequeado, verificador argentino y fundador de LatamChequea, estructura su proceso de verificación de discursos en varios pasos antes de confirmar o desmentir una afirmación: consultar la fuente original, consultar la fuente oficial y consultar fuentes alternativas. La fuente oficial es un insumo más dentro de ese proceso, no el árbitro final. Cuando la institución señalada se convierte en la única fuente consultada —y además emite el veredicto sobre sí misma— el proceso de verificación deja de existir.

Por qué esto importa

Este caso ilustra un patrón que se repite con frecuencia en la comunicación de instituciones públicas: usar la palabra «falso» como herramienta retórica para cerrar un debate, en lugar de someterse al mismo estándar de evidencia que exige a cualquier otro actor. Distinguir entre una negación institucional y una verificación con evidencia es parte central de la alfabetización mediática: no todo lo que se etiqueta como «desinformación» lo es, y no toda negación pública equivale a un desmentido comprobado.

Fuentes

Yalilé Loaiza
Yalilé Loaiza
Editora general de Ecuador Chequea. Corresponsal de Infobae en Ecuador. Tiene 14 años de experiencia en coberturas e investigaciones políticas, de derechos humanos y corrupción. Ha sido docente universitaria, ha recibido premios nacionales y regionales por su trabajo. Además, ha trabajado en proyectos de la cooperación internacional. Es presidente de Fundamedios.

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