Fueron 31 días de audiencia de juicio en el caso Sinohydro, donde las partes procesales presentaron sus alegatos y pruebas sobre si hubo o no cohecho en la gestión del crédito del Eximbank de China para financiar la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
La Fiscalía sostiene que alrededor de este proyecto operó una red de corrupción que se benefició de pagos indebidos por la adjudicación del contrato de ese proyecto hidroeléctrico. Serían 76,1 millones de dólares en sobornos que se habían movido a través de cuentas en paraísos fiscales, 4% del contrato que la empresa Sinohydro habría entregado mediante pagos indebidos para asegurar la adjudicación.
Son 20 los procesados, que incluye autores directos e indirectos, entre ellos funcionarios de alto nivel y empresarios. Entre los principales imputados se encuentran el expresidente de la República, Lenin Moreno, su esposa Rocío González, la hija de ambos, Irina González, y los hermanos del exmandatario Guillermo y Edwin.
El tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) suspendió al medio día de hoy la audiencia para convocar oportunamente a las partes procesales para anunciar su resolución respecto a la responsabilidad de los procesados.
Las expectativas
Al salir de la audiencia y a la espera de la sentencia de primera instancia, los abogados de los procesados coincidieron en señalar que la Fiscalía no pudo probar la existencia del delito de cohecho. David Meza, abogado de Lenin Moreno y de su entorno familiar cercano, manifestó que a lo largo del proceso no hubo un solo elemento de la Fiscalía que demuestre la participación del exmandatario, de su esposa o de su hija en el esquema de corrupción. Añadió que la acusación de la Fiscalía fue variando durante los días de audiencia de juicio. “Creo que fue un error de la Fiscalía haber formulado cargos por el tipo penal de cohecho, ya que no ha podido demostrar que hubo el cometimiento de ese delito”, dijo el abogado del exmandatario, para quien la Fiscalía pidió seis años y seis meses de prisión.
La misma apreciación tiene Pablo Lizarzaburo, abogado de Conto Patiño, otro de los procesados. A su criterio, la Fiscalía ha cambiado de manera permanente la imputación a los procesados, lo que es uno de los mayores ‘vicios’ que tiene este proceso. “Finalmente terminó de acusar de un delito que no existe en el catálogo de delitos del Ecuador, lo que demuestra las falencias y vacíos que tiene este proceso”, dijo Lizarzaburu.
Los abogados de los procesados consideran que la formulación de la sentencia podría tardar un par de meses por la serie de documentos, testimonios y otros elementos que debe revisar el tribunal, que lo integran Manuel Cabrera (ponente), Daniella Camacho y Julio Inga. La sentencia se dictará primero de forma oral y luego por escrito, al ser de primera instancia podrá ser apelada.
