Durante la primera fase de la audiencia preparatoria de juicio, las hermanas Villavicencio aseguraron que Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, tendría conflicto de intereses ya que habría asesorado al entorno familiar de los procesados.
La audiencia preparatoria de juicio contra siete procesados como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio tomó un giro inesperado esta mañana, cuando las hijas del candidato presidencial, asesinado en agosto de 2023, solicitaron al juez Giovanny Freire que excluya como acusadora particular a Verónica Sarauz.
El caso denominado Magnicidio FV se instaló en el Complejo Judicial Norte, en Quito, y las partes procesales exponían en esta primera fase los posibles vicios de nulidad. Al tomar la palabra Patricio Rosero, abogado de Tamia y Amanda Villavicencio, aseguró que se evidenciaba un conflicto de intereses en la intervención de Sarauz como acusadora particular ya que a la vez habría estado asesorando a María Paula Christiansen, pareja de José Serrano, uno de los implicados en este caso como presunto autor intelectual. El abogado manifestó que hay circunstancias nuevas e informes periciados de celulares entregados por los propios procesados donde se ratifica que Sarauz tiene relación con el entorno de Serrano y, además, articulaban narrativas con Xavier Jordán, también procesado como presunto autor intelectual. ‘Sería desastroso que una persona que tiene relaciones con el entorno de José Serrano y Xavier Jordan pueda hacer anuncios probatorios o que pueda llegar a acuerdos probatorios con ellos o que en su defecto pueda causar un fraude procesal’, dijo Rosero.
Los testimonios
El juez dio la oportunidad a Tamia Villavicencio para que exponga las motivaciones para solicitar la exclusión de Sarauz, quien manifestó que Sarauz y su actual cónyuge, un expolicía que formó parte del equipo de seguridad tras el asesinato del excandidato presidencial, habrían proporcionado al entorno de los procesados información personal y sensible sobre sus actividades y el lugar de residencia, lo que habría facilitado un atentado en su contra. Al pedir la exclusión de Sarauz como acusadora particular, sugirió que ellas podrían actuar como procuradoras de su hermano menor de edad, producto de la relación entre ella y su padre.
Según lo expresado en la audiencia, Christiansen solicitó a Sarauz su cédula de identidad y su acta de matrimonio con Fernando Villavicencio con el propósito explícito de otorgar mayor peso a una carta de apoyo presentada a favor del procesado José Serrano en los Estados Unidos. Sarauz habría condicionado su colaboración a recibir garantías de absoluta confidencialidad, expresando preocupación por la exposición mediática del caso en Ecuador.
La fiscal del caso, Ana Hidalgo, aseguró que también ha sido víctima de hostigamiento por parte de Verónica Sarauz y relató que la viuda grabó un video desacreditando la actuación de la Fiscalía General del Estado en este caso. Hidalgo confirmó que Saruz habría mantenido comunicación Christiansen.
La respuesta de Sarauz y su abogado
Julio César Sarango lamentó que situaciones estrictamente familiares sean expuestas dentro un proceso cuyo objetivo es llegar a la verdad sobre la autoría intelectual de Villavicencio. Agregó que las diferencias que puedan existir al interior de la familia no deben ser tomados en cuenta en este proceso, ni debe distraer de la verdad del crimen. Sarango dijo que Rosero está ejerciendo violencia sobre su defendida y revictimizándola por lo que solicitó al juez la protección de Sarauz. Por su parte la viuda manifestó que las hermanas Villavicencio quieren generar escándalos mediáticos por disputas familiares y que hay una carga enorme de odio en su contra y en contra de su hijo, por lo que el menor no puede estar bajo la procuraduría judicial de sus hermanas, ya que nunca estuvieron pendientes de él. Agregó que quererle separar como acusadora particular es una herejía jurídica.
El juez suspendió la audiencia hasta resolver las solicitudes de nulidad y el pedido de separar a Arauz como acusadora particular.
En el caso están procesados José Serrano, exministro del correísmo; Ronny Aleaga, exasambleísta correísta; Daniel Salcedo, empresario condenado por actos de corrupción; Xavier Jordán, llamado a juicio en el caso Metástasis; y los cabecillas del grupo narco delincuencial Los Lobos: Wilmer Chavarría, alias Pipo; Esteban Aguilar, alias Lobo Menor; y Luis Arboleda, alias Gordo Luis.
Al término de la audiencia preparatoria de juicio se conocerá quienes de ellos son llamados a juicio.
