El análisis documental a las autoridades de Santo Domingo de los Tsáchilas revela que sus patrimonios crecieron hasta en USD 1,2 millones desde 2019. A este inusual enriquecimiento inmobiliario se suman procesos judiciales por presunto fraude procesal y falsificación de documentos.
Creada en 2007 y la cuarta más pequeña del Ecuador, la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas cuenta con apenas dos alcaldes y una prefecta, que llegan al tercer año de administración, la recta final de sus mandatos con miras a las elecciones de finales de 2026. Todos ellos registran millonarios patrimonios, así como cambios importantes en sus declaraciones juramentadas de los registros de la Contraloría General del Estado (CGE).
Las tres autoridades llegaron por la alianza 5-100 Somos Todos, que incluye a la Revolución Ciudadana y el movimiento local Construir. Los dos alcaldes representan las principales actividades productivas de la provincia: el transporte pesado y la agricultura.
Solo el alcalde de Santo Domingo tiene investigaciones archivadas en el registro del sistema de consulta de procesos judiciales, Satje; en tanto que todos han pagado impuesto a la renta desde 2019 y no mantienen deudas con el fisco, según el Servicio de Rentas Internas (SRI).
Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Ecuador Chequea y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.
Variaciones patrimoniales
El caso que más llama la atención es el de la prefecta reelecta Johana Núñez García, quien registró un salto patrimonial de USD 1.204.513 durante el ejercicio de sus funciones, a lo largo de siete años. Actualmente, la prefecta tiene un RUC suspendido desde 2025, que había estado abierto desde 2001 asociado a ventas por televisión y servicios de comunicación visual.
En su declaración de inicio de gestión de su primer periodo en 2019, reportó un patrimonio neto de USD 1.302.150, resultado de activos tasados en USD 1.314.600 frente a pasivos de USD 12.450. En ese momento, poseía bienes raíces que incluían una casa en Santo Domingo de los Tsáchilas adquirida en noviembre de 2012 por USD 440.000, una casa comprada en julio de 2002 por USD 167.000, un departamento en Guayas obtenido en octubre de 2018 por USD 170.000 y dos vehículos valorados en USD 25.000 y USD 10.000, respectivamente.
Para 2023, al iniciar su segundo mandato en la Prefectura, su patrimonio personal ya se había duplicado hasta reportar un patrimonio de USD 2.524.657, derivado de registrar activos que escalaron a USD 2.548.606 frente a pasivos por USD 23.949.
En su declaración periódica de 2025, el patrimonio de Núñez García se ubicó en USD 2.506.663. Sus activos totales crecieron a USD 3.035.719 mediante la incorporación de nuevos bienes raíces, durante su gestión pública. Incluyó un terreno en Santo Domingo valorado en USD 670.000, adquirido el 22 de diciembre de 2020; un terreno de USD 80.000, sumado el 15 de octubre de 2024; un automóvil valorado en USD 100.000, comprado el 13 de noviembre de 2024; además de un galpón en Guayas tasado en USD 45.000.
Sus cuentas corrientes en 2025 sumaron montos por USD 163.453 y USD 73.651, en tanto que sus pasivos subieron a USD 529.055.
A su vez, Wilson Erazo Argoti, alcalde reelecto del cantón Santo Domingo, refleja un incremento patrimonial de USD 1.167.158, también a lo largo de los siete años que ha estado al frente de la Alcaldía del principal cantón de la provincia.
Además de su trayectoria pública, el político tiene un vínculo con el negocio del transporte pesado y de pasajeros, ya que los registros societarios oficiales detallan que es accionista activo de la empresa Volquetrans y que en el pasado actuó como administrador del Servicio de Transporte Ejecutivo Calazacon.
En su declaración patrimonial de 2019 indicó poseer un patrimonio de USD 5.428.289, derivado de activos por USD 6.461.439 y pasivos de USD 1.033.149. Su lista de propiedades abarcaba cinco terrenos en Santo Domingo que suman un valor de USD 1.830.106, bienes en Manabí por USD 1.987.211 y cuentas por cobrar por más de USD 1.400.000.
En su declaración periódica de 2024 expuso un patrimonio que ascendió a USD 6.595.447. Sus activos escalaron a USD 7.877.877, impulsados por cuentas por cobrar de USD 1.798.259 y la adquisición de dos casas en Santo Domingo con fecha 21 de enero de 2025, valoradas en USD 80.000 cada una. Sus obligaciones pasivas subieron a USD 1.282.429. Además, en los registros de bienes muebles de su última declaración reportó un automóvil de 2024 tasado en USD 97.320, una volqueta de 2025 por USD 78.260, inventarios de mercaderías por USD 226.380, maquinaria y equipo por USD 406.610,72 y obras de arte valoradas en USD 70.000,00.
Finalmente, en el pequeño cantón La Concordia, la alcaldesa Sandra Ocampo Heras presentó una declaración patrimonial que refleja un patrimonio total de USD 2.297.015 en 2025. Revisando el monto contra su declaración de 2023, que registraba USD 2.188.692, se evidencia una variación por la cancelación de préstamos de USD 13.956.
En el ámbito corporativo privado, los registros oficiales de la Superintendencia de Compañías detallan que la autoridad fue accionista y administradora de Safran Foods Safrangroup Import Export entre los años 2015 y 2018, y también figuró como accionista de la Extractora y Procesadora de Aceites Epacem entre 1998 y 2021.
Su riqueza se concentra en bienes raíces, resaltando un extenso lote en Santo Domingo de los Tsáchilas valorado en USD 1.900.000, adquirido el 16 de octubre de 1998, una finca en la misma jurisdicción tasada en USD 172.032, comprada en 2017, y una finca en Pichincha valorada en USD 81.880, obtenida en 2001, todo antes de su período. La alcaldesa declara no poseer pasivos en 2025.
La alianza Spondylus Info Lab contactó a los funcionarios a través de sus correos electrónicos registrados en el Portal de Transparencia para consultar su postura al respecto; sin embargo, no hubo respuestas.
Alcalde de Santo Domingo con procesos archivados
El alcalde de Santo Domingo, Wilson Erazo, tiene dos investigaciones previas archivadas. La primera fue impulsada por la Fiscalía Provincial de Pichincha, que consideraba que estaría envuelto en un presunto delito de fraude procesal. Los hechos investigados se centran a principios de 2020, cuando Erazo ya ejercía como alcalde del cantón, cargo que asumió en mayo de 2019, y actuaba simultáneamente como delegado ante el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito.
Posteriormente, al concluir la fase de investigación previa y determinar que los hechos denunciados no constituían delito, la misma Fiscalía pidió el archivo de la causa. Esta solicitud fue aprobada por el juez y el proceso se archivó definitivamente con fecha 25 de octubre de 2023, extinguiendo las acciones legales.
En otro caso, que data de 2018, de acuerdo con los registros del Satje, Erazo enfrentó una investigación por el supuesto delito de falsificación y uso de documento falso. En octubre de 2018 se archivó definitivamente el proceso.
La alianza Spondylus Info Lab contactó al funcionario a través de su correo electrónico registrado en el Portal de Transparencia para consultar su postura al respecto; sin embargo, no recibió respuesta.
Cuentas pendientes: Omisiones y registros tributarios
A diferencia de otras provincias, las tres autoridades seccionales de Santo Domingo de los Tsáchilas registran pagos regulares de impuesto a la renta y no tienen deudas en firme con el fisco.
De su lado, el alcalde Erazo Argoti lidera las contribuciones fiscales, reportando pagos de USD 17.236 por impuesto a la renta en 2019 y llegando a USD 37.972 en 2025. Por su parte, la prefecta Núñez ha cancelado aportes impositivos todos los años, alcanzando su pico de USD 7.428,09 liquidados en 2022. El historial de la alcaldesa de La Concordia, Sandra Ocampo, perfila aportaciones iniciales de USD 700 en su renta de 2019, hasta llegar a USD 5.517 en 2025.
Negocios paralelos: Autoridades en el mundo empresarial
Desde la óptica empresarial, el alcalde Wilson Erazo Argoti tiene relación directa como accionista actual de la empresa Volquetrans, una operadora activa en el mercado ecuatoriano. Además, el burgomaestre registra antecedentes corporativos, habiendo actuado como administrador y accionista anterior de Wilerconst, administrador anterior del Servicio de Transporte Ejecutivo Calazacon y accionista anterior de la firma Ecuacaminos. Esta última tuvo contratos con el Estado años después de que Erazo saliera de su nómina de accionistas.
El cruce de datos también señala que la alcaldesa Sandra Ocampo mantiene o ha mantenido relación formal con empresas inscritas en la Superintendencia de Compañías. Los registros detallan que fue accionista y administradora de Safran Foods Safrangroup Import Export entre los años 2015 y 2018, y accionista de la Extractora y Procesadora de Aceites Epacem entre 1998 y 2021.
