Mientras el 58% de los habitantes de Sucumbíos vive en la pobreza, sus máximas autoridades acumulan expedientes penales por presunto peculado y desacato. A la par, registran millonarios saltos patrimoniales, deudas, omisiones tributarias y vinculación con empresas privadas.
Ubicada en la región amazónica, Sucumbíos es una provincia marcada por las brechas sociales y la migración. Según los datos del censo de 2022, de sus 207.014 habitantes, el 58% reside en el sector rural y el 49,7% no nacieron ni en la provincia ni en el Ecuador. En medio de esta realidad, casi el 59% vive en la pobreza. No obstante, las autoridades políticas seccionales que dirigen sus destinos reflejan una realidad diametralmente opuesta.
El escrutinio a los siete alcaldes y al prefecto de la provincia evidencia un escenario de patrimonios importantes, intereses corporativos y un constante desfile por los tribunales de justicia.
El análisis de las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Contraloría General del Estado expone que las máximas autoridades de Sucumbíos manejan un poder económico importante que fluctúa vertiginosamente. Los comparativos documentales demuestran que estos funcionarios han incrementado sus fortunas mediante la adquisición de bienes raíces o han reportado caídas patrimoniales basadas en cambios en inversiones y el crecimiento de pasivos.
Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Ecuador Chequea y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.
Un caso evidente de incremento sostenido es el del alcalde de Lago Agrio, Abraham Freire Paz, quien experimentó un salto patrimonial del 326%. Al iniciar su primer periodo en 2019, Freire declaró un patrimonio de USD 58.197, respaldado únicamente por una construcción, una casa y una camioneta. Al arrancar su segundo mandato, en 2023, su declaración se disparó a USD 132.345 al incorporar tres lotes, un predio y una construcción adicional. La curva ascendente no se detuvo, ya que para 2025 reportó un patrimonio neto de USD 248.210, consolidando su riqueza en tres lotes, un terreno, un predio, un departamento, dos construcciones, una casa y el mismo vehículo.
En respuesta a un requerimiento de información de Spondylus Info Lab, el alcalde Abraham Freire justificó su incremento patrimonial asegurando que corresponde a una «capacidad de ahorro real, prudente y proporcional» derivado estrictamente de su cargo. Según el funcionario, sus ingresos netos legales como primera autoridad municipal durante más de seis años de gestión sumaron USD 304.316, una cifra superior al crecimiento de su patrimonio (USD 190.013). Además, precisó que la evolución de sus finanzas también está atada a pasivos, detallando que en su última declaración constan deudas adquiridas mediante préstamos en el Biess y en la banca privada por más de USD 119.000.
El prefecto de la provincia, Yofre Poma, también evidencia un historial de variaciones patrimoniales. En 2017, cuando asumió el cargo de asambleísta, declaró un patrimonio negativo de USD 13.009, provocado por una elevada deuda de USD 203.000 que superaba sus activos compuestos por un terreno, cuatro solares y una casa. Años después, para asumir la prefectura en 2023: su economía mejoró al declarar USD 316.100 de patrimonio positivo tras incorporar nuevos vehículos y liquidar pasivos. Para 2025, sus recursos continuaron en ascenso, reportando USD 403.151 gracias a la tenencia de dos terrenos, tres solares, tres casas y un automóvil. Poma es un político con largo historial en la Revolución Ciudadana: ha sido Gobernador, Alcalde, Asambleísta y, ahora, Prefecto.
En esa misma dinámica también figura el alcalde de Cascales, Wilson Sanmartín, quien pasó de un patrimonio de USD 352.572 en 2023 a USD 397.736 en 2025. De este monto, USD 299.523 corresponden exclusivamente a bienes raíces.
El alcalde reelecto del cantón Cuyabeno, Nelson Yaguachi Capa, muestra una acumulación de propiedades que contrasta con el crecimiento de sus deudas. Inició en 2019 con USD 17.009, poseyendo una casa y una finca valoradas en USD 23.000 y deudas por casi USD 6.000. En 2023, su patrimonio subió a USD 54.948 tras sumar una segunda finca y un terreno, aunque sus pasivos treparon a USD 17.552. Para su declaración de 2025, el burgomaestre registró un patrimonio de USD 50.917, pero la cantidad de sus inmuebles se amplió a seis fincas, un terreno y una casa, tasados en USD 90.000, mientras su deuda creció a USD 45.090.
Otras cifras que llaman la atención corresponden a las autoridades de Gonzalo Pizarro y Putumayo, quienes arrancaron sus mandatos con patrimonios cercanos al millón de dólares para luego reportar contracciones.
Darwin Azes, alcalde de Gonzalo Pizarro, declaró USD 851.000 en 2023, amparados en tres casas ubicadas en Guayas y Sucumbíos, bienes muebles por USD 179.000 y un rubro de USD 200.000 por concepto de inversiones y otros USD 200.000 en cuentas por cobrar. Sin embargo, para 2025, su patrimonio decreció a USD 534.979 debido a la desaparición total del rubro de inversiones.
Por su parte, Armando Rea Gualoto, alcalde de Putumayo, inició su gestión declarando USD 751.000 y cuatro casas, cifra que se redujo a USD 623.700 en 2025. Esta contracción no se debió a la venta de bienes, sino a la desaparición de USD 120.000 reportados inicialmente como derechos fiduciarios y de herencia, sumado a una caída en la valoración de sus bienes muebles.
El alcalde de Sucumbíos, Carlos Ernesto Buitrón, mantuvo relativa estabilidad, reportando USD 216.967 en 2023 y USD 215.663 en 2025, sustentados en casas y terrenos en Sucumbíos. Únicamente Lorena Cajas Rodas, alcaldesa de Shushufindi, reportó un saldo en rojo en su declaración de inicio de gestión con un patrimonio negativo de USD 72.329, fruto de tener apenas USD 10.410 en activos frente a deudas superiores a los USD 82.000.
Spondylus Info Lab contactó al resto de autoridades a través de sus correos electrónicos registrados en el Portal de Transparencia para consultar su postura al respecto; sin embargo, hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.
Expedientes acumulados: El historial judicial de las autoridades
La Función Judicial registra expedientes penales y controversias legales que involucran a gran parte de las autoridades seccionales de la provincia, caracterizados por presuntos delitos contra la administración pública y el sistemático desacato a órdenes de jueces.
El prefecto Yofre Poma acumula un historial que se remonta a las violentas protestas de octubre de 2019. En aquel entonces, fungiendo como asambleísta, fue procesado penalmente por el delito de paralización de un servicio público tras liderar la toma de la estación de bombeo del Sistema del Oleoducto Transecuatoriano, obligando a suspender las operaciones petroleras. Por este hecho fue sentenciado como cómplice a un año y cuatro meses de prisión y permaneció recluido varios meses hasta beneficiarse de la suspensión condicional de la pena en 2020. Posteriormente, en 2022, la Asamblea Nacional le otorgó la amnistía. A pesar de ello, el prefecto fue investigado en 2024 por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones públicas, causa para la cual la Fiscalía requirió el archivo definitivo.
Durante su etapa como exalcalde de Lago Agrio entre 2009 y 2014, Poma también fue enjuiciado por el presunto delito de peculado debido a la presunta venta irregular de un terreno municipal sustentada en avalúos presuntamente desactualizados, proceso que tuvo un auto de sobreseimiento a su favor ante la falta de elementos probatorios suficientes por parte del fiscal de la causa.
El presunto desacato a las sentencias judiciales, especialmente en el ámbito de los derechos laborales, es un denominador casi común. El actual alcalde de Lago Agrio, Abraham Freire, enfrentó múltiples investigaciones previas por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Estos procesos nacieron por presuntamente no cancelar indemnizaciones ordenadas por magistrados. Los expedientes únicamente fueron archivados cuando el Municipio finalmente pagó. Freire también fue investigado en 2019 por la presunta paralización de un servicio público e incitación a la protesta en las afueras de instalaciones estatales, una investigación previa que fue archivada de forma definitiva por la justicia ante la falta de indicios en su contra.
Sobre el presunto desacato a las sentencias laborales, Freire argumentó que el pago de indemnizaciones exige estrictamente de disponibilidad presupuestaria previa y no responde a una «voluntad inmediata o capricho del Alcalde». El funcionario atribuyó las demoras a demandas heredadas de administraciones pasadas, a los constantes atrasos en las transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas y a retenciones presuntamente ilegales de fondos ejecutadas por jueces. Adicionalmente, el funcionario indicó que solicitó a la Contraloría un examen especial a las liquidaciones que originaron los pagos, pues cuestiona la legalidad y el sustento técnico de los peritajes contables que las dispusieron.
El caso del alcalde del cantón Sucumbíos, Carlos Buitrón Montenegro, es parecido. El funcionario acumuló cuatro investigaciones previas en el sistema judicial por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Los expedientes evidencian que las indagaciones se dieron por presuntamente no acatar sentencias de indemnización laboral a favor de extrabajadores. No obstante, los jueces resolvieron el archivo definitivo de todas estas causas tras corroborarse la materialización de los pagos.
Por otro lado, Wilson Sanmartín, alcalde de Cascales, registró investigaciones por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y asociación ilícita, las mismas que concluyeron en resoluciones de archivo definitivo en 2023 por requerimiento directo del fiscal a cargo, tras no hallar sustento en la acusación.
Spondylus Info Lab contactó al resto de autoridades a través de sus correos electrónicos registrados en el Portal de Transparencia para consultar su postura al respecto; sin embargo, hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.
Las bases de datos del Servicio de Rentas Internas evidencian incumplimientos. Carlos Buitrón Montenegro, alcalde de Sucumbíos, no presentó su declaración de impuesto a la renta en 2019 ni en 2021. A su vez, el alcalde de Cascales, Wilson Sanmartín, mantiene una deuda con el SRI con facilidades de pago por USD 1.544.
Negocios paralelos: Autoridades en el mundo empresarial
A pesar de sus altas dignidades y responsabilidades con la ejecución del presupuesto público, las autoridades de Sucumbíos mantienen actividad corporativa. Los registros de la Superintendencia de Compañías certifican que casi todos los representantes seccionales tienen acciones o posiciones gerenciales en empresas privadas constituidas a nivel nacional.
El alcalde de Putumayo, Armando Rea Gualoto, mantiene participaciones en la empresa Transporte Transitalia, entidad que actualmente está en proceso de liquidación. En el gremio del transporte también está el alcalde de Sucumbíos, Carlos Buitrón Montenegro, quien figura como accionista activo en la Compañía de Transporte en Taxis Possalg S.A. y posee intereses directos en Sucumtransa, empresa especializada en el transporte de carga pesada a través de camiones y volquetas.
El alcalde de Cascales, Wilson Sanmartín, concentra sus negocios privados en el ámbito del transporte. Es gerente de Transporte Escolar e Institucional El Dorado de Cascales, Eldorcars SA., y de Servioil&Tourism SA. La primera se dedica a todas las actividades de transporte y la segunda instala surtidores de combustibles. Además, es accionista en la compañía Transporte de carga pesada y maquinaria Joaquín Sánchez de Orellana Trajosao S.A. Y consta como accionista en la compañía de transporte mixto El Dorado de Cascales Doracastrans S.A.
Por su parte, el alcalde reelecto de Cuyabeno, Nelson Yaguachi, mantiene acciones en Transtarapoa S.A., dedicada al transporte terrestre de carga pesada. En respuesta a un requerimiento de información de Spondylus Info Lab, Yaguachi justificó su actividad corporativa argumentando que ha procurado mantener su labor libre de conflictos de interés y que su rol empresarial es limitado y «sin incidencia en la gestión pública». Sobre su participación en Transtarapoa S.A., el funcionario aclaró que ingresó como socio recientemente en 2025, mediante la transferencia de 50 acciones equivalentes a USD 1.000 de capital. «Mi participación es únicamente pasiva, pues no poseo equipos ni he ejercido actividad alguna dentro de la empresa», aseguró. Respecto a su vinculación pasada con Lagunas del Cuyabeno S.A., indicó que fue socio constituyente en 2007, pero que la compañía nunca tuvo actividad y posteriormente cedió sus acciones.
En un giro corporativo distinto, el alcalde de Lago Agrio, Abraham Freire Paz, ha incursionado en el sector del entretenimiento masivo en pleno ejercicio de su segundo mandato municipal. Los registros oficiales certifican que, en septiembre de 2025, el burgomaestre asumió el cargo de presidente y accionista principal de la compañía Raymi AFP S.A., entidad que reportó el inicio de sus actividades en diciembre de ese mismo año, enfocándose en la producción de obras de teatro, conciertos, óperas y espectáculos afines.
Otro caso es el de Darwin Azes, alcalde del cantón Gonzalo Pizarro, quien concentra sus negocios privados en el rubro de la construcción, figurando como accionista en tres firmas: Aguaricoriente Construcciones Cía. Ltda., Avameconsul Consulting y D&B Serv Construcciones.
