Centro político y productivo del país, en Pichincha ninguna de sus nueve autoridades se salva de denuncias, aunque algunas ya están archivadas. A su vez, cuenta con dos alcaldes empresarios que siguen como representantes legales de sus compañías.
Denuncias que van desde delito de odio hasta delitos contra el agua, pasando por estafa, peculado o abuso sexual; las nueve autoridades seccionales de Pichincha acumulan causas penales, muchas de las cuales ya fueron archivadas. Con excepción de la prefecta Paola Pabón, todos podrían ser candidatos a la reelección en los próximos comicios.
Dos alcaldes empresarios no solo son accionistas de sus empresas, sino que también las representan legalmente. Uno de ellos pagaba cero de impuesto a la renta hasta que asumió la alcaldía.
Además, existen cuatro casos de cambios patrimoniales importantes: los alcaldes de Puerto Quito, Cayambe, San Miguel de los Bancos, así como de la prefecta provincial.
Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Ecuador Chequea y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.
Altos y bajos
En lo que respecta a los aumentos de patrimonio, uno de los casos más importantes es el del alcalde de Puerto Quito, Víctor Mieles Paladines, que llegó por el Partido Socialista Ecuatoriano. En 2023 declaró un patrimonio de USD 51.535, que se incrementó en 92% en 2024, llegando a USD 98.981, para situarse en 2025 en USD 144.788 (un aumento de 46%).
De larga trayectoria en el sector público, Mieles fue consejero provincial y concejal de Puerto Quito antes de ser alcalde.
Su crecimiento patrimonial registra un incremento del 517,07% desde que inició su gestión como concejal. En 2019, al asumir dicho cargo en el Municipio, Mieles reportó un patrimonio total de USD 23.463, compuesto por bienes muebles valorados en USD 1.809 y bienes inmuebles por USD 25.564, manteniendo deudas por USD 4.000. Años más tarde, ya en funciones como alcalde, su patrimonio se elevó a USD 144.788.
Por su parte, el alcalde de Cayambe, Alberto Masapanta Cobacango, evidenció un salto del 112% en apenas tres años. En su declaración de inicio de gestión de 2023, Masapanta reportó un patrimonio de USD 90.000, compuesto íntegramente por bienes inmuebles y sin registrar deudas ni bienes muebles.
Sin embargo, en su declaración periódica de 2025, su patrimonio ascendió a USD 190.744,32, desglosado en USD 35.000 en bienes muebles y USD 125.744,32 en bienes inmuebles, manteniéndose sin deudas contraídas. Llegó a la alcaldía por la alianza Unión Popular, PSE y Avanza.
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón Caranqui, también experimentó variaciones al alza en su patrimonio. En funciones desde 2019, el patrimonio de la prefecta de la Revolución Ciudadana se situaba en USD 92.745 ese año y no tuvo fluctuaciones importantes, reportando USD 98.720 en 2023 y 107.237 en su declaración periódica de 2024.
En cambio, para su declaración de 2025, el patrimonio aumentó, registrando un salto del 53,19% frente a lo declarado en 2023, pasando a USD 151.232. Este incremento se explica en el crecimiento de sus bienes muebles a USD 35.000 (que incluyen USD 20.000 en obras de arte y joyas), la aparición de cuentas por cobrar por USD 11.250, el ligero reavalúo de sus bienes inmuebles a USD 178.958 (conformados por un terreno y una casa en la provincia de Pichincha) y, fundamentalmente, por una sistemática reducción de sus pasivos, logrando disminuir sus deudas contraídas de USD 100.295 en 2023 a USD 75.505 en 2025.
Un caso curioso es el del alcalde de San Miguel de los Bancos, Luis Suqui Morocho (Avanza), cuyo patrimonio ha decrecido bastante. En 2023 declaró USD 854.456, al año siguiente USD 748.992 y finalmente en 2025 USD 216.380. El alcalde tampoco presentó su declaración de impuesto a la renta en el 2021.
Tras ser consultado por este equipo periodístico, el alcalde Suqui justificó por escrito la omisión de su declaración de 2021, argumentando que durante ese ejercicio fiscal no se encontraba prestando servicios en ninguna institución pública ni privada, ni desarrollaba actividades económicas que generaran ingresos sujetos a la declaración del impuesto a la renta. Por tal motivo, aseguró el funcionario, no existía una base imponible que lo obligara a presentar dicho documento tributario.
Spondylus Info Lab contactó a los demás funcionarios a través de sus correos electrónicos registrados en el Portal de Transparencia para consultar su postura al respecto; sin embargo, hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.
Negocios paralelos: Autoridades en el mundo empresarial
El cruce de información con los registros de la Superintendencia de Compañías (Supercias) reveló que varios alcaldes de la provincia mantienen nexos societarios y administrativos vigentes con empresas privadas.
Los casos que llaman la atención porque, siendo autoridades, también representan a sus empresas son el del alcalde de Mejía, Wilson Rodríguez Vergara (del Movimiento Fuerza Mejiense), quien consta como administrador actual de la firma Rodriguezcompany S.A.S., dedicada al alquiler de grúas y equipos de construcción.
Y la alcaldesa de Pedro Moncayo, Verónica Sánchez Cárdenas, quien aparece registrada simultáneamente como accionista y administradora actual de la Compañía de Importaciones y Exportaciones Veronica Sanchez Verisan Cia. Ltda., empresa enfocada en la venta al por mayor de productos diversos. Llegó a la Alcaldía por la alianza SUMA-Pachakutik-AIRE.
Además, no presentó su declaración de impuesto a la renta en 2019, según el portal del SRI.
Ninguno dio su versión sobre si esta situación les generaba algún conflicto de interés, aunque sus empresas no tuvieran contratos con el Estado.
De su lado, el alcalde de Pedro Vicente Maldonado, Freddy Arrobo Arrobo (ID), es accionista de la Compañía de Camionetas Pedro Vicente Maldonado S.A. y de Transportes Samiban S.A., esta última con registros de haber mantenido un contrato de subasta inversa electrónica con el Municipio de San Miguel de los Bancos en el año 2015, mucho antes de la posesión de Arrobo.
Tras ser consultado por este equipo periodístico, el funcionario remitió una carta oficial fechada el 5 de junio de 2026, en la cual respondió textualmente: “Me permito poner en su conocimiento que actualmente me encuentro ‘inactivo’ como accionista de las compañías que hace mención». Esa inactividad no se refleja en la Superintendencia de Compañías, según constató Spondylus Info Lab.
Finalmente, el alcalde de Rumiñahui, Fabián Eduardo Iza Marcillo, se encuentra registrado como accionista actual de Galileo Galilei Cia. Ltda., una entidad dedicada a la educación primaria, pero no es su representante legal.
Expedientes acumulados: El historial judicial de las autoridades
El Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje) alberga múltiples expedientes penales que involucran a las autoridades pichinchanas en investigaciones por delitos que van desde peculado y estafa hasta abuso sexual y daño a bienes ajenos.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz López, fue investigado por el presunto delito de peculado con una indagación previa que data de 2024, pero al final la Fiscalía pidió el archivo en octubre de 2025. Además, el alcalde Muñoz es investigado de manera reservada por la compra de 60 trolebuses, proceso en el cual ha sido llamado a rendir versión.
En su historial también consta una causa penal originada por presuntos hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010, cuando se desempeñaba como viceministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el Gobierno de Rafael Correa. La prescripción se dictó en febrero de 2025, al haber transcurrido más de 14 años.
En respuesta a una solicitud de información enviada por Spondylus Info Lab, el alcalde Muñoz señaló que, en el caso de peculado, la denuncia se originó por una escritura no registrada en 1991, fecha en la que él no ejercía funciones municipales, por lo que la Fiscalía ya dispuso el archivo. Sobre la indagación del caso trolebuses, enfatizó que su participación se limitó a la firma de un memorando de entendimiento técnico con la UNOPS, mientras que la decisión de compra, especificaciones y ejecución del contrato fueron competencia exclusiva de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros, la cual cuenta con autonomía administrativa. Finalmente, respecto a la causa prescrita por hechos de 2010, aseguró que durante las diligencias de la Fiscalía no se hallaron elementos que sustentaran responsabilidad alguna en su contra.
El alcalde de San Miguel de los Bancos concentra tres expedientes. En 2024 enfrentó una denuncia por el presunto delito de abuso sexual. En noviembre de ese mismo año, el fiscal provincial solicitó el archivo de la investigación al considerar que la conducta no configuraba dicho delito, pedido que finalmente fue aceptado por la Corte Provincial. A esto se suma una causa por presuntos delitos contra el agua, cuya solicitud de archivo fue remitida por la Fiscalía en agosto de 2025.
Frente a estas indagaciones, Suqui respondió mediante una carta oficial que siempre ha colaborado con las autoridades. Recalcó que tanto en la denuncia por abuso sexual como en la de delitos contra el agua, la propia Fiscalía solicitó los respectivos archivos tras concluir que los hechos no configuraban una infracción penal y al no existir elementos de convicción suficientes que sustenten una imputación, por lo que no existió formulación de cargos. Adicionalmente, el funcionario aclaró que el tercer expediente que figura en su contra por daño a un bien ajeno no guarda relación con su administración actual como alcalde, sino que se trató de decisiones institucionales ejecutadas en el pasado cuando ejercía funciones de procurador síndico en el cantón Pedro Vicente Maldonado.
La prefecta Pabón registra una causa por el presunto delito de ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras, en la cual la fiscal provincial Mayra Soria solicitó el archivo el 7 de octubre de 2025. Asimismo, enfrentó una investigación por los presuntos delitos de homicidio y estafa vinculados a bienes incautados que reposaban en las bodegas de la Prefectura, proceso que fue archivado por falta de elementos de convicción. Como antecedente consta que en 2019 fue procesada por el delito de rebelión, caso que no figura activo en el sistema judicial debido a que recibió amnistía.
El alcalde de Cayambe, Segundo Masapanta, acumula procesos por falsificación, estafa y actos de odio. Todos archivados.
