Investigaciones archivadas por diversos delitos como estafa, ocupación ilegal del suelo y ocultamiento de información, es la tónica que marca a las autoridades de la provincia de Pastaza. Pérdidas patrimoniales de los alcaldes contrastan con un aumento de 111% del prefecto.
Pastaza es la provincia más grande de Ecuador con 29.641,37 kilómetros cuadrados donde habitan unas 122.784 personas. En sus tupidas selvas convergen siete nacionalidades indígenas: kichwa, Achuar, Shuar, Waorani, Shiwiar, Andwa y Sápara. Esta última está en peligro de extinción con una población de apenas entre 500 y 600 habitantes.
En 2025, el porcentaje de pobreza fue de 56,8%, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Esto contrasta con el patrimonio de sus autoridades, que van desde los USD 63.938 hasta el medio millón de dólares. La mayoría de alcaldes ha formado parte de empresas relacionadas con transporte, construcción y comercio.
Tres de los cuatro alcaldes han sido denunciados por diversos delitos. Todas las causas fueron archivadas. Dos de las cuatro alcaldías, Arajuno y Pastaza están en manos de Pachakutik, en tanto que las otras dos y la prefectura responden a movimientos locales.
Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Este reportaje contó con la participación de Vistazo. Ecuador Chequea y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.
Caídas patrimoniales
De los alcaldes, solo el del Puyo, Germán Flores, tuvo un incremento patrimonial. Inició su gestión con un patrimonio de USD 460.000 en 2023 y, para 2025, este subió a USD 518.994, lo que representa un incremento del 13%, equivalente a más de USD 58.000 en dos años.
En su declaración de inicio registró una casa en Pastaza, por USD 300.000, además de una camioneta de 2014 valorada en USD 30.000 y USD 40.000 en sus dos cuentas bancarias. Dos años después, Flores renovó su camioneta a una del año 2023 con un valor de USD 53.994. El dinero en sus cuentas bancarias pasó de USD 40.000 a USD 75.000.
Germán Flores es uno de los 80 accionistas actuales de la Compañía Anónima Parque Industrial y Artesanal Puyo PIAP, cuya actividad principal registrada en el SRI es la “administración y regulación públicas, incluida la concesión de subvenciones, de los distintos sectores económicos de comercio al por mayor y al por menor”
Por otra parte, el alcalde de Santa Clara, César Castro Wilcapi, declaró, en 2023, un patrimonio de USD 176.000 con un incremento del 5%, en 2024, pasando a USD 184.153. En 2025, tuvo una baja del 23%, y su patrimonio quedó en USD 141.550.
El alcalde de Arajuno, Darwin Tanguila, vio reducido su patrimonio en un 19%: pasó de USD 55 en 2023 a un patrimonio negativo de USD 10.435, en 2024
Gustavo Silva Vilcacundo, alcalde de Mera, mantiene un patrimonio sin mayores variaciones. Arrancó sus funciones con USD 56.685 y en el 2025 bajó a USD 44.929.
Aumentos progresivos de patrimonio
El prefecto de la provincia de Pastaza, André Granda Garrido, es una de las autoridades que presenta una subida permanente de su patrimonio. Sin embargo, en los últimos años, especialmente, entre 2023 y 2024, registró un incremento del 111%. Pasó de USD 22.143 a USD 46.741, es decir, lo duplicó. En 2025, ese monto creció a USD 63.938, un incremento del 37%.
Entre 2023 y 2024 el aumento de dinero se ve, principalmente, en sus cuentas bancarias que pasaron en total de USD 700 a USD 13.500. Entre 2024 y 2025 su patrimonio creció en alrededor de USD 17.000, subida moderada tomando en cuenta que el sueldo mensual de los prefectos va entre los USD 4.500 a los USD 5.000.
Antes de ser prefecto, fue Especialista de Derechos Humanos y de la Naturaleza en la Defensoría del Pueblo, canceló USD 87 al SRI.. Mientras que, en 2023, al empezar su trabajo como prefecto, pagó USD 2.824 de impuesto a la renta y para 2025, USD 6.565.
En diciembre de 2024, Granda fue noticia porque el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) lo sancionó por inducir al voto a favor de un candidato para la Asamblea y por promocionar el ‘Sí’ en la consulta popular del Yasuní 2023. Pidió disculpas y pagó USD 9.200.
Investigaciones previas por estafa fueron archivadas
La mayoría de autoridades de Pastaza han sido denunciadas por diversos delitos como presuntas estafas y contaminación ambiental. Todas las investigaciones han sido archivadas.
Un ejemplo son los procesos contra el alcalde Santa Clara, César Castro, quien registra cinco investigaciones penales, de estas, cuatro fueron archivadas y una conciliada. El funcionario fue acusado de presunta estafa, un presunto ataque o resistencia, de presunto tráfico de influencias y presunto cohecho. Ningún proceso llegó a la etapa de formulación de cargos.
Un ciudadano denunció en 2024 que contrató un paquete turístico de USD 3.381 a El Salvador con una agencia de viajes, vinculada con Castro, que resultó un fiasco. Al final, llegaron a un acuerdo de conciliación, y le devolvieron el dinero.
En junio de 2024, César Castro tuvo otra denuncia por el presunto delito de ataque o resistencia tras ingresar presuntamente de forma agresiva a las instalaciones de la Empresa Pública de Transcomunidad EP. El caso no avanzó. La Fiscalía concluyó que “no existe delito que perseguir”.
En 2019, Castro fue denunciado por el presunto delito de oferta de tráfico de influencia relacionado con una cooperativa de buses de Chimborazo. La Fiscalía de Riobamba pidió el archivo que se dio en 2023.
En 2025, el burgomaestre volvió a ser denunciado por presunta estafa. No hay más detalles en el sistema e-Satje. El proceso igualmente se archivó por falta de elementos de convicción.
Otra investigación contra Castro, relacionada con el presunto delito de cohecho, se archivó cuando el propio prefecto, admitió que, en 2014, el dueño de un almacén de pintura ofreció aportar USD 15.000 a su campaña a cambio de que, al llegar a la alcaldía, le contratara como proveedor del Municipio. Efectivamente la alcaldía de Santa Clara realizó compras por USD 200.000 en el almacén de pintura. El acuerdo terminó cuando el Sercop prohibió direccionar contratos. El dueño de la ferretería se enojó e inició un proceso judicial. No obstante, en abril de 2019, los implicados llegaron a una conciliación.
En relación a estos procesos, César Wilcapi, alcalde de Santa Clara, respondió, por mail, la solicitud de contrastación por parte de Spondylus Info Lab. El alcalde detalla cada uno de los procesos y su situación de archivo, al final del documento afirma que: “los cuatro procesos descritos en el sistema SATJE se encuentran legalmente concluidos y archivados, sin que exista sanción, culpabilidad o antecedente penal alguno en mi contra”
Más casos inconclusos
Gustavo Silva, quien ha ejercido como alcalde del cantón Mera en dos periodos, fue acusado por un presunto delito relacionado con ocultamiento de cierta información de asuntos ambientales, en 2018, luego de que no habría respondido a tres ciudadanos que solicitaron, al Municipio, datos sobre unos predios de la parroquia Shell donde se estaban desfogando aguas residuales. Básicamente, pedían el plan de ordenamiento territorial y una resolución de patrimonio cultural para sustentar la afectación al sitio arqueológico ubicado en la Hacienda Té Zulay. Esos insumos, según los denunciantes, también iban a servir para desalojar a los invasores de la zona. Además, argumentaban que las aguas servidas acumuladas en un tanque del sector Motolo contaminaban al río Pindo. “Las autoridades no nos han prestado atención (…) nunca se ha dado respuesta a los oficios presentados”, decía uno de los denunciantes, según los documentos judiciales.
Por su parte, el alcalde Gustavo Silva manifestó que los terrenos estaban en litigio, por lo que los requerimientos debían hacerse con orden judicial y que gran parte de la información solicitada estaba en la página web institucional. Finalmente, la Fiscalía archivó la causa porque no se reunían “elementos de tipicidad objetiva” que determinaran la existencia de una infracción penal.
Otra causa que no prosperó y que solo se quedó como investigación previa tiene que ver con el presunto delito de ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras contra el alcalde de Puyo, Germán Flores. Registros judiciales indican que un ciudadano denunció que un grupo de personas ingresó a un predio suyo, ubicado en la avenida González Suárez y calle río Pastaza, en Puyo, para destruir las cercas y alambres de su propiedad para construir una cancha deportiva a finales de diciembre de 2024. Los presuntos invasores formaban parte de la Asociación Issac Vargas, quienes argumentaron que fueron presuntamente auspiciados y autorizados por el alcalde Flores. Días después, incluso habría ingresado, según los demandantes, maquinaria pesada para continuar los trabajos, pese a que era una propiedad privada. La investigación previa se inició en enero de 2025. El burgomaestre rechazó la acusación y recalcó que no promueve la invasión o apropiación de bienes ajenos. Mientras la asociación aclaró que la maquinaria no era del municipio y reclamaban el terreno como propio
Posteriormente, la Fiscalía pidió el archivo porque no había elementos que mostraran que el alcalde había promovido la ocupación del predio. La causa sigue en proceso de sustanciación en la Corte Provincial de Pastaza.
