Orellana, una de las provincias con niveles de pobreza más altos de Ecuador, tiene autoridades con patrimonios que, en tan solo dos años, registran aumentos de hasta el 15.810%. Algunos de esos mismos funcionarios han sido investigados por diversos presuntos delitos como presunta falsificación de documentos, tráfico de influencias, usurpación de funciones y abuso de confianza.
En la provincia de Orellana, la belleza del Parque Nacional Yasuní se contrapone con la extracción petrolera de los once principales bloques de la estatal Petroecuador. Con apenas cuatro cantones, un cuarto de sus casi 200 mil habitantes vive en la capital conocida como Coca, cuya alcaldía ha sido objeto de disputa y ahora cuenta con una alcaldesa designada que registró un aumento en su patrimonio de 15.810% en dos años.
Otro alcalde, el de Aguarico, cuya condena por registrar un título falso de abogado se volvió noticia nacional hace pocas semanas, tuvo un incremento patrimonial del 3.222% en seis años. La prefecta y dos alcaldes han tenido investigaciones archivadas por varios presuntos delitos como falsificación de documentos, tráfico de influencias, usurpación de funciones y abuso de confianza; en tanto que dos autoridades seccionales tienen empresas.
Al mismo tiempo, los recursos públicos no han llegado a la población de Orellana: solo el 39,7% de los hogares tienen alcantarillado, de acuerdo al último Censo 2022.
Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Este reportaje contó con la participación de Vistazo. Ecuador Chequea y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.
Patrimonios multiplicados como panes
El alcalde de Aguarico, Juan Carlos Orellana (UP-PSP), registró al inicio de su gestión, en el 2019, un patrimonio de USD 6.000. Para 2025, en su segundo mandato, este valor subió a USD 199.320. Es decir, un incremento del 3.222%. La diferencia la hace una casa de USD 250.000 comprada el año mismo en que inició su gestión como alcalde, en 2019. La última declaración juramentada presentada por Juan Carlos Orellana es de 2025 en la que un automóvil comprado en 2022 por USD 18.000 se suma a su patrimonio. A pesar de que la compra del auto es de 2022, de acuerdo con registros públicos de la Contraloría General del Estado, en la declaración de 2023, no aparece este bien en la lista de su patrimonio.
Hace pocas semanas, el alcalde Orellana fue condenado por la Corte Provincial de Orellana por uso doloso de documento falso y sentenciado a tres años de prisión, al pago de diez salarios básicos unificados (USD 4.820) y la publicación de una disculpa pública. Él por su parte se acogió al silencio mientras su abogado declaró en medios de comunicación que apelará la sentencia.
Según la investigación, habría registrado un título de abogado para poder firmar documentos públicos y privados y los habría respaldado con un récord académico y un certificado de modalidad presencial de estudios de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. No obstante, la institución negó haber tenido al alcalde en sus aulas. Tampoco existen movimientos migratorios de salida del país durante el supuesto periodo de estudio.
De acuerdo con el sistema e-Satje de la Función Judicial, Juan Carlos Orellana también registra otras dos investigaciones por el presunto delito de tráfico de influencias. El primer caso fue denunciado en septiembre de 2020, cuando en plena pandemia del COVID-19, el alcalde que entonces estaba en su primer periodo, habría pretendido construir ocho canchas techadas por más de USD 1 millón. El Municipio de Aguarico habría designado al contratista antes de la adjudicación del contrato. El proceso aún no culminaba en el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), pero dos canchas ya tenían un avance del 30%. Tras enterarse de la denuncia, la empresa paralizó la obra retirando la maquinaria y el personal.
El denunciante alertó sobre el hecho a la Fiscalía luego de no obtener respuesta por parte de la Contraloría, según se menciona en documentos judiciales del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (e-Satje). Por su parte, el alcalde argumentó que los procesos de contratación estaban a cargo del Director de Obras Públicas, Jorge Jara Morocho, y los cuatro intentos de licitación fueron declarados desiertos o cancelados.
Finalmente, la Fiscalía provincial pidió el archivo del caso porque “no existe acción u omisión punible” por parte del alcalde, la vicealcaldesa ni el director administrativo de Aguarico. La solicitud fue enviada a la Fiscalía General del Estado para la ratificación o revocatoria, por lo que aún no se cierra definitivamente el proceso.
Algo similar ocurrió con otra investigación por presunto tráfico de influencias en la que el alcalde Juan Carlos Orellana fue denunciado en 2023 por Huabe Pegui Omeway Tironha, presidente de la Comunidad Kawymeno. Los acusaban de presuntamente intentar incidir en la elección de la directiva de la comunidad por haber enviado un funcionario municipal a supuestamente supervisar el proceso electoral. Actualmente, el caso está en proceso de archivo.
Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta de Orellana.
Alcaldesa con salto patrimonial de 15.810%
El alcalde de Aguarico no es la única autoridad controversial de Orellana. Datos de la Contraloría General del Estado (CGE) muestran otro salto patrimonial importante en los registros de la alcaldesa designada de El Coca, Shirma Cortés Sanmiguel, quien llegó al cargo porque el alcalde reelecto, Ricardo Ramírez, fue destituido por una sanción relacionada con violencia política de género.
Este proceso se inició en 2022 cuando la vicealcaldesa anterior, Verónica Saritama, denunció al alcalde Ramirez de menoscabar su imagen pública al referirse a la vida sexual de la concejala en un acto público. En primera instancia, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) falló a favor del alcalde. Sin embargo, en el recurso de apelación, el 20 de marzo de 2023, el TCE le dio la razón a Saritama y destituyó a Ramirez, que ya había sido electo para su segundo periodo pero aún no se posesionaba.
En esas elecciones, Shirma Cortés fue electa como concejala y ante la destitución de Ramirez, ella asumió la alcaldía de Coca el 8 de junio de 2023. Ese mismo día, Ramírez la denunció por el presunto delito de usurpación y simulación de funciones públicas. El caso fue archivado.
Desde que asumió la alcaldía de la capital provincial, Cortés ha enfrentado dos pedidos de remoción en el Concejo Municipal, sin que ninguno llegue a concretarse. La funcionaria declaró al inicio de su gestión, en 2023, un patrimonio en negativo de USD 500. Al año siguiente, su patrimonio subió a USD 78.550 y para el 2025 su declaración patrimonial juramentada registra USD 79.792. Es decir que, en dos años creció en un 15.810%. Lo que marca la diferencia es la obtención de dos bienes en 2024: un lote avaluado en USD 14.282 y una casa de USD 63.848.
Cortés envió su respuesta a Spondylus Info Lab y en el correo electrónico explicó que el crecimiento registrado en 2025 se debe, indicó, a la donación que le hizo su expareja de dos terrenos: uno avaluado en USD 63.848,32 y otro en USD 14.282,30.
Otros incrementos patrimoniales
En el caso de la alcaldesa de Joya de los Sachas, Lizeth Hinojosa, que llegó por la alianza UP-PSP, el aumento del patrimonio es del 50% en dos años. En 2023 empezó su mandato con la declaración de un patrimonio de USD 88.899. En el 2025 subió a USD 134.209.
Al inicio de su gestión declaró un lote en Santo Domingo de los Tsáchilas equivalente a USD 17.476, más una casa en Orellana, avaluada en 91.347, un auto de USD 8.000 y una camioneta de USD 39.000. En la misma declaración aparece una hipoteca por USD 83.700 y un préstamo personal de USD 17.476. En la declaración patrimonial de 2024, a los bienes de Lizeth Hinojosa se suma un lote de USD 5.500. Y, es en 2025, donde su patrimonio sube más con el registro de un departamento en Pichincha avaluado en USD 112.727, sin registro del año de adquisición.
Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta por parte de la alcaldesa de Joya de los Sachas, Lizeth Hinojosa
Por su parte, la prefecta de la provincia de Orellana, Magali Orellana, tuvo un incremento de su patrimonio de 20% en seis años, tomando en cuenta que ella ha estado en ese cargo por dos periodos, desde el 2019. El crecimiento más significativo fue entre 2024 y 2025, cuando pasó de USD 467.624 a USD 517.134, es decir, un incremento del 11%, equivalente a casi USD 50.000 en un año.
Magali Orellana, que ganó por la alianza UP-PSP, también registra una denuncia archivada por presunto abuso de confianza. El caso hace referencia a una denuncia de un miembro de su organización política, Unidad Popular, quien alegó que organizó eventos y contrataciones en el marco de la campaña del 2019, pero que no se le habían pagado esos valores que supuestamente ascendían a USD 77.466.
Sin embargo, la prefecta afirmó que el demandante “jamás fue designado como coordinador de campaña” y que los militantes apoyaron voluntariamente. Finalmente, la investigación quedó archivada. Orellana no respondió al pedido de contrastación enviado por la alianza Spondylus Info Lab.
