Cinco cantones conforman esta provincia amazónica que tiene una extensión de 1`251.300 hectáreas en el que más del 67% es bosque natural. La minería ilegal es uno de los principales conflictos de Napo, que va de la mano de la violencia. A excepción de una alcaldesa cuyo patrimonio pasa el millón de dólares, el promedio del resto de alcaldes, cinco en total, es de USD 70.000.
La extracción minera, principalmente ilegal, está en auge en Napo, provincia que cuenta con cinco cantones. En uno de ellos, Carlos Julio Arosemena Tola, la Fiscalía investigó a la alcaldesa Ligia Caiza Obando de supuestamente realizar actividades de minería ilegal y de tráfico de combustible. En enero de 2026 fue declarada inocente.
Mientras, otra alcaldesa, de Archidona, Amada Grefa Tapuy, fue blanco de un atentado. El 20 de mayo pasado, hombres armados que iban en motos dispararon contra su vivienda. La Policía investiga el hecho pero hasta ahora no se conocen más detalles.
Algunas autoridades seccionales de Napo registran cambios patrimoniales; solo la alcaldesa Caiza tiene una deuda con facilidades de pago con el fisco, pero de menos de mil dólares, y solo el prefecto de la provincia tiene una actividad empresarial: es socio de una cooperativa de transporte.
Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Este reportaje contó con la participación de Vistazo. Ecuador Chequea y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.
Alcaldesa declarada inocente
Ligia Caiza Obando es la actual alcaldesa del cantón Carlos Julio Arosemena Tola que, junto con Tena, son los municipios que concentran el 97% de las concesiones mineras de Napo. Llegó por la alianza Partido Sociedad Patriótica, Avanza y CREO el movimiento local Antisuyo Ushito.
En 2023 se abrió abrió un expediente judicial contra Caiza, ingeniera ambiental. La Fiscalía la vinculó con presuntas actividades de minería ilegal y de tráfico de combustible. Según los documentos públicos del portal digital del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (e-Satje), entre 2020 y 2021 se realizó un operativo policial para desarticular una presunta banda de tráfico de combustibles usados para minería ilegal. La alcaldesa de Carlos Julio Arosemena Tola y su esposo Jofre Coronel (quien tiene a su nombre una concesión minera artesanal) fueron identificados como presuntos líderes, según un informe que consta en el proceso, y los acusaron del presunto delito de asociación ilícita.
El fiscal Luis Chipantiza presentó el detalle del trabajo de vigilancia y seguimiento como llamadas telefónicas con conversaciones de coordinación de las presuntas actividades ilícitas. La Fiscalía dijo que el grupo investigado se dedicaba a la extracción de recursos mineros (oro), utilizando maquinaria pesada. También, se los acusó de presunto tráfico de combustible y de extracción del producto aurífero en lugares no autorizados.
La investigación fue abierta el 31 de marzo de 2023, mes y medio antes de que Ligia Caiza fuese posesionada como alcaldesa. El proceso duró tres años e incluyó medidas cautelares como presentación semanal y prohibición de salida del país de los involucrados. El 13 de enero de 2026, el Tribunal de Garantías Penales de Napo declaró la inocencia de los procesados al “no establecerse ni siquiera la existencia material de la infracción”.
De acuerdo con el Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (e-Satje), Caiza registra tres investigaciones más por el mismo delito de asociación ilícita. Dos se archivaron y la tercera está a la espera de la audiencia evaluatoria.
Salto patrimoniales y amenazas a alcaldesa de Archidona
Amada Grefa Tapuy es la actual alcaldesa de Archidona, cantón con 33.000 habitantes. Grefa fue víctima de una atentado el 10 de mayo de 2026: dos sujetos en moto y armados dispararon contra su vivienda. La Policía Nacional se encuentra investigando.
Una semana antes, el 4 y el 8 de mayo de 2026 a la alcaldesa Grefa le abrieron dos expedientes judiciales por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Las dos investigaciones previas fueron archivadas el 11 de mayo sin mayor detalles de la especificación de los presuntos delitos.
Electa por la alianza Sociedad Patriótica–Avanza–CREO y un movimiento local, el patrimonio de Grefa tuvo un aumento del 136% entre el inicio de su gestión en mayo de 2023 y 2024, pero el monto es relativamente bajo. Pasó de USD 7.400 a USD 17.400, según los registros de la página web de la Contraloría Nacional del Estado. Para 2025, tuvo otro crecimiento en su patrimonio pasando de 17.400 USD a 42.000 USD, más del doble.
En 2023, su primera declaración patrimonial incluye menaje de casa por el valor de USD 20.000 y un préstamo personal de USD 18.800 de los cuales le quedaba por pagar un saldo de USD 13.893. Para 2025 esa deuda ya no se encuentra registrada. Adicionalmente, la alcaldesa de Archidona habría adquirido un auto de 2023 por un valor de USD 9.000 más un lote, en Napo, por USD 10.000.
Grefa tiene un historial de trayectoria en el servicio público: entre 2014 y 2017 fue funcionaria del GAD provincial de Napo. Entre 2017 y 2019, funcionaria del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entre 2020 y 2023 fue asesora de la Asamblea Nacional y funcionaria del GAD de Napo hasta que fue elegida alcaldesa en 2023.
De su lado, Ligia Caiza, había declarado cero impuestos hasta 2022 y, desde el inicio de su gestión como alcaldesa, sus declaraciones van por encima de los USD 2.000. Pagó USD 5.367,25 en 2025. También registra una deuda en firme con el SRI por un valor de USD 874 que actualmente se encuentra en la categoría de facilidades de lago.
Su RUC se mantiene activo desde 1999. La actividad económica principal es la extracción de metales preciosos (oro).
En relación a sus declaraciones juramentadas de patrimonio, al inicio de gestión, en 2023, Caiza registra un patrimonio total de USD 1.138.110. Al año siguiente, declaró 1.167.166 USD, es decir, un crecimiento del 3%, equivalente a 29.000 USD. No se registra declaración patrimonial de 2025. Ligia Caiza declaró un patrimonio inicial que consta de 3 fincas en Napo por un valor total de USD 580.000, más una casa avaluada en USD. 400.000. Para 2024 esos valores no cambian. Lo que hace la diferencia es el saldo de una deuda personal que pasó de USD 67.688 a USD 43.090. Adicionalmente hubo un aumento de USD 5.000 por concepto de “otros” en la casilla de bienes muebles, pero sin especificaciones.
Antes de ser alcaldesa, Ligia Caiza tuvo otro cargo público en 2014, como servidora financiera del Ministerio de Recursos Naturales Renovables.
La alcaldesa no respondió al pedido de contrastación de Spondylus Info Lab.
Otro caso de cambios patrimoniales es el del prefecto José Toapanta Bastidas. Al inicio de su gestión registró un patrimonio de USD 271.764, al año siguiente declaró USD 316.767, es decir, hubo un aumento de USD 45.000 en un año.
Revisando a detalle, en 2023, su patrimonio constaba de seis terrenos que sumaban un valor de USD 271.764 y una camioneta de 2017 avaluada en USD 3.999. Para 2024, la camioneta la cambió por un automóvil de 2025 con una cuantía de USD 53.999. Además sumó USD 4.000 en menaje de casa y USD 30.000 en animales para la ganadería. Dentro de sus bienes inmuebles se sumó un lote avaluado en USD 38.500. También se registra una deuda adquirida por un monto de USD 88.674 por concepto de préstamo personal y otros. No se registra la declaración patrimonial de 2025
El alcalde de Quijos, Édison Cueva, como el alcalde de El Chaco, Óscar De La Cruz mantienen sus patrimonios con aumentos de alrededor de USD 4.000. En el caso de El Chaco, no se registra declaración de 2025.
Alcaldes de Napo no tienen relación con empresas
De los cinco alcaldes de Napo, ninguno tiene relación con empresas privadas, de acuerdo con la Superintendencia de Compañías.
Sólo el prefecto, Toapanta Bastidas, es accionista actual de la empresa Compañía de Transporte del Valle Sagrado de Cotundo Transcotundo S.A., que da servicio de transporte de camionetas. Es uno de los 25 socios, con USD 20 de capital, de un total de USD 840. Al respecto, Toapanta respondió que tiene una participación mínima en la compañía, con un 2,38% de acciones.
Por otro lado, el patrimonio de Toapanta creció 17% entre 2023 y 2025, pasando de USD 271.764,68 a 316.767,68, es decir un aumento de USD 45.000 en dos años. Al respecto el prefecto de Napo afirmó que su incremento patrimonial tiene “evolución normal” de acuerdo a las remuneraciones percibidas como prefecto y sus actividades económicas anteriores a su cargo.
