El panorama en Manabí cambió drásticamente el 23 de julio de 2023, cuando el alcalde reelecto de Manta, Agustín Intriago, fue asesinado diez semanas después de haberse posesionado. Al año siguiente asesinaron a la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García Farías. De las 23 autoridades seccionales que dirigen la provincia, la mayoría son empresarios.
Son camaroneros, constructores, operadores turísticos, transportistas, proveedores de telecomunicaciones o de servicios de seguridad. Las autoridades seccionales manabitas se caracterizan por ser empresarios. Con 22 alcaldes y un prefecto, la provincia es uno de los motores económicos del país. Algunos de ellos siguen dirigiendo las compañías.
En la revisión de registros públicos de estas autoridades, se revela un alcalde que mantiene una deuda con facilidades de pago por USD 128.291, así como también algunos que enfrentan procesos judiciales o aumentaron inusualmente sus patrimonios.
Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Ecuador Chequea y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.
Los empresarios
Electos o reelectos para administrar sus ciudades, ejecutar obras públicas y cumplir programas de desarrollo cantonal, catorce de los 22 alcaldes de Manabí tienen experiencia como empresarios y de estos nueve aún constan como accionistas o administradores.
Entre ellos están los alcaldes de los cantones Puerto López, July Parrales, designado en mayo del 2026 tras la muerte de la alcaldesa Verónica Lucas; el de Jama, Álex Cevallos; de Jipijapa, Ángela Plúa; de Montecristi, Jonathan Toro.
También de Rocafuerte, Norberto Vélez; de San Vicente, Roberto Lara, designado tras el crimen de Brigitte García en marzo del 2024; de Sucre, Carlos Mendoza; de Pichincha, Leodán Intriago; y de Tosagua, Romel Cedeño.
Electo por la Alianza Unidad Manabita, Carlos Mendoza, odontólogo de 76 años, dirige la alcaldía de Sucre, cuya capital es Bahía de Caráquez. El cantón cuenta con una población de 62.841 habitantes y una alta tasa de criminalidad que llegó en 2025 a 112,74 muertes por cada 100.000 personas, de acuerdo con el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO). Mendoza consta como uno de los 54 accionistas de la empresa Zona Franca Manabí, Zoframa S.A., una firma creada en 1995, con sede en Portoviejo y dedicada al almacenamiento de productos
Durante su gestión como alcalde, a Zoframa S.A. se le adjudicaron dos contratos por un total de USD 96.096, por los servicios de arrendamiento de bodegas, ambos para la Coordinación 4 de Gestión de Riesgos en la parroquia La Pila, del cantón Montecristi.
El alcalde de Rocafuerte, Norberto Vélez, es el que más relaciones societarias ha tenido: nueve empresas. Electo por el movimiento Rocafuerte Nueva Visión, dirige este cantón manabita de 41.777 habitantes. Posee acciones en Energía y Vida Energiavidcom S.A., Jadefarma S.A., Energía y Vida Enervidcom S.A., Jademat-Trnasporte Cía. Ltda. y Norvelmill S.A.S. Además figura como administrador en Jademat Pharmaceuticar Cía. Ltda. y JS Comunicación S.A. COMUJS S.A., esta última es la radio La Inquieta FM.
Vélez aseguró que sus funciones de administrador las realiza fuera de su jornada laboral como alcalde y que no interfieren con su cargo público.
Cambios patrimoniales
El análisis de los datos incluyó los patrimonios de los alcaldes y prefectos manabitas, que revelaron aumentos patrimoniales inusuales como en el caso de los alcaldes de Manta y Chone, y también del reelecto prefecto de la provincia, Leonardo Orlando Arteaga.
Electo por la Revolución Ciudadana, responsable de una provincia con 1,59 millones de habitantes, el prefecto Orlando declaró un patrimonio de USD 140.450 en 2019, que pasó a USD 218.123 en 2025.
En un correo enviado para este reportaje, Orlando aseguró que su patrimonio no se ha incrementado en activos y que su principal deuda corresponde a un crédito hipotecario que ha cancelado con su esposa en los últimos ocho años. “Se han disminuido nuestros pasivos paulatinamente, los cuales han sido cubiertos con las remuneraciones percibidas por mi esposa y las mías”, respondió el prefecto de Manabí, una de las pocas autoridades que enviaron sus respuestas a esta alianza periodística.
La alcaldesa designada de Manta, Marciana Valdivieso, por ejemplo, presentó un patrimonio de USD 60.090 cuando asumió como concejala en 2019 y en 2025, ya como autoridad de la ciudad, aumentó a USD 223.528. Cuando entró al municipio, hace siete años, no registraba bienes inmuebles, sino dos carros, uno del 2010 y otro del 2018, que sumaban USD 71.990.
En el año 2023 ya constaban en su formulario de bienes cuatro carros, uno por USD 43.000, una casa comprada en 2022 por USD 75.000, y en agosto del 2024 adquirió una segunda vivienda por USD 120.000. La alcaldesa, del movimiento Mejor Ciudad, maneja un cantón de 271.145 habitantes.
Marciana Valdivieso, ingeniera comercial de 42 años, llegó al cargo designada por el Concejo Cantonal tras el asesinato del alcalde electo Agustín Intriago. En los registros de compañías no consta su participación en alguna empresa que se encuentre activa. No respondió un cuestionario enviado para esta publicación.
Los bienes del alcalde de Chone reelecto, Leonardo Rodríguez, también tuvieron un crecimiento desde su primera gestión en 2019. Ese año presentó un patrimonio de USD 81.906 que en el 2025 se había casi cuadruplicado, llegando a USD 310.288.
En 2019 reportó activos por USD 124.976, principalmente ganado por USD 40.000 y una casa en Manabí valorada en USD 25.000. En 2023, este patrimonio subió a USD 306.000. En tanto que para 2025 sus activos llegaron a USD 411.450 y ya comprendían una camioneta del año 2025 por USD 65.000, un monto incluido como rubro ‘otros’ por USD 100.000, dos terrenos por USD 33.040 y una casa en USD 80.000.
Rodríguez llegó al cargo con el apoyo de una coalición liderada por el Partido Social Cristiano (PSC). Dirige una ciudad de 128.666 habitantes. Ingeniero Comercial de 43 años, no registra a su nombre alguna compañía o negocio. Tampoco respondió un cuestionario enviado por Spondylus Info Lab.
Denuncias archivadas
El alcalde de Chone tiene cinco procesos judiciales: dos casos archivados y tres en solicitud de archivo. En estos tres últimos consta una denuncia que señalaba que el alcalde de Chone y otros funcionarios municipales supuestamente expropiaron un bien inmueble de forma arbitraria y destruyeron una propiedad sin tener una sentencia favorable. Otro caso apunta al presunto delito de falsedad en documentos públicos, y uno más solo menciona un presunto delito de odio.
Por otro lado, uno de los procesos archivados corresponde a una investigación de la Fiscalía por denuncias de presuntas irregularidades en la licitación pública internacional para la construcción del Plan Maestro Hidrosanitario y Pluvial de Chone, financiado inicialmente con fondos de la Corporación Andina de Fomento (CAF).
El segundo archivo corresponde a la presunta emisión irregular de 116 licencias de conducir tipo C en la Agencia de Tránsito de Chone (2011-2013), cuando Rodríguez era jefe de esa oficina. Spondylus Info Lab le solicitó información, pero el pedido no fue atendido.
A la lista de alcaldes con procesos judiciales se suman dos alcaldesas, de Manta y de Jipijapa. Contra Marciana Valdivieso se presentó una denuncia por el presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, del Consorcio Tránsito Segura (CTS) de Manta, integrado por las empresas Telconet y Transcorp Ecuador S.A.
Esta contratista reclamaba el pago de USD 3,6 millones que el juez de Manta, Plácido Isaías, había ordenado el 29 de noviembre del 2022, incluso el consorcio ha solicitado el embargo de los bienes que tenga a su nombre la Municipalidad para recuperar el monto de la demanda.
La denuncia se originó tras las disputas entre la Alcaldía y el consorcio por un contrato de concesión a diez años plazo que se firmó en 2017 y que tuvo como apoderado al excandidato presidencial Jan Topic. El Tribunal Contencioso Electoral descalificó a Topic por tener contratos con el Estado y este no pudo inscribir su candidatura para las elecciones presidenciales del año 2025.
El contrato, para el manejo de los ingresos por multas de tránsito, provocó críticas porque el consorcio recibía más de la mitad de lo recaudado. La denuncia no está archivada.
SRI presentó denuncia por defraudación
La alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa, del movimiento Pachakutik, también consta en los registros de la función judicial con una denuncia presentada en su contra por el presunto delito de defraudación tributaria. Plúa, de 52 años, cuenta con un máster en Gerencia Hospitalaria.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) presentó una denuncia relacionada con la empresa Medicdial S.A. por “diferencias detectadas en la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2015”, con un presunto perjuicio al Estado. La empresa pagó una multa de USD 51.962. Si bien Plúa participó en la creación de la empresa, en la que también están sus familiares, en 2015 ya no era accionista ni representante legal.
Por el tiempo transcurrido, la Fiscalía ha solicitado el archivo de la causa con la prescripción de la denuncia que corresponde al 2015, “es decir, han transcurrido más de ocho años”. Plúa no respondió a las preguntas de esta alianza periodística.
Deuda con ‘facilidad de pago’
Entre los alcaldes manabitas también constan cuatro deudores del Servicio de Rentas Internas (SRI) con ‘deudas en firme’. El valor más alto es el del alcalde de Flavio Alfaro, Humberto Barreiro, quien tiene una deuda en firme de USD 3.533 y otra con ‘facilidades de pago’ por USD 128.291, según el portal del SRI.
Los otros son los alcaldes de Rocafuerte, San Vicente y Santa Ana, cuyos valores pendientes de pago son USD 3.077, USD 2.420 y USD 643, respectivamente.
