Deudas, causas penales y patrimonio al alza: el expediente de las autoridades de Los Ríos

La provincia de Los Ríos, un estratégico bastión electoral, es gobernada por 14 autoridades locales, de las cuales tres fueron reelectas en sus cargos en los comicios de 2023. Una revisión a los registros públicos de la Contraloría General del Estado revela variaciones y cambios incrementales en las declaraciones de bienes de estos funcionarios.

La provincia de Los Ríos, la cuarta más grande del país porque reúne a más de 988.00 habitantes, tiene catorce autoridades locales y se ha convertido en los últimos años en un importante bastión electoral. La alianza Revolución Ciudadana (RC) – Renovación Total (RETO) controla ocho alcaldías, en tanto que el competidor lejano es el Partido Social Crisitano, jugando también en alianzas.

Los registros públicos de la Contraloría General del Estado de las autoridades fluminenses revelan todo tipo de cambios, desde un alcalde que ha declarado lo mismo durante tres años consecutivos, hasta algunos con incrementos considerables, y otros dos alcaldes que pierden patrimonio mientras administran su cantón.

El caso más destacable es el del prefecto, Jhonny Terán Salcedo (PSC), que lleva ya siete años en el cargo tras su reelección en 2023 y mantuvo crecimientos sostenidos partiendo de la base de USD 1 millón, cuyo mayor salto llegó a un 80%. El empresario babahoyense de 65 años de edad es también accionista en cinco empresas. 

Otros dos alcaldes también tienen relación con empresas activas, según los registros de la Superintendencia de Compañías. Tres alcaldes no han presentado su declaración de impuesto a la renta en algún año antes de que asumieran sus cargos, y dos mantenían deudas en firme con el fisco.

Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Ecuador Chequea y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.

Los saltos patrimoniales

El caso del prefecto Jhonny Terán es el más destacable. En 2019, presentó su declaración patrimonial de inicio de gestión en la que declaró un patrimonio de USD 1,06 millones. Cinco años después, en 2025, su patrimonio llegó a USD 2,99 millones, es decir, un aumento del 180%. 

El mayor crecimiento en el patrimonio de esta autoridad se da justamente en el actual periodo como prefecto. Entre 2023 y 2024, según revelan las declaraciones presentadas ante la Contraloría, su patrimonio creció en USD 1,2 millones. 

Al revisar el contenido de dichas declaraciones, se puede identificar que el incremento se centra sobre todo en la categoría de acciones y participaciones, que pasó de USD 978.912 en 2023 a USD 2.199.817 al año siguiente.

Este incremento se conecta directamente con la información de la Superintendencia de Compañías. El prefecto Terán registra su participación como accionista en cuatro empresas activas: Becromal S.A., Altec S.A., Altecsa S.A. y Finca Agricola Santa Elena Fnagro S.A. En esas firmas, ha constado anteriormente como presidente.

En esas cuatro empresas, Terán tiene al menos el 50% de participación. El valor de su capital invertido, según la información de la Superintendencia de Compañías, asciende a USD 131.260.

Según la información de sus declaraciones patrimoniales, el prefecto de Los Ríos tiene dos bienes inmuebles (un departamento en Guayas y un local comercial en Los Ríos) con valores superiores a los USD 150.000.

El grupo periodístico Spondylus Info Lab solicitó a Terán una explicación sobre su incremento patrimonial. También consultamos sobre cómo ha dividido su actividad empresarial de sus funciones como alcalde, y sobre si esto le ha implicado algún conflicto de interés. Sin embargo no recibimos respuesta.

Otros dos alcaldes de la provincia de Los Ríos también registran incrementos en sus patrimonios que llaman la atención.

El primer caso es el del alcalde de Vinces reelecto, Juan Montalván. Este funcionario presentó en 2019 su declaración patrimonial de inicio de gestión en la que declaró un patrimonio de USD 243.141. Seis años después, en 2025, declaró tener un patrimonio de USD 327.179. Lo que demuestra un incremento de más de USD 80.000 o 35%. Aunque cabe recalcar que si se analizan los datos sólo del último periodo, desde 2023 el patrimonio del alcalde Montalván más bien ha venido en declive.

El valor del patrimonio declarado ante la Contraloría creció en estos seis años principalmente por el rubro de bienes muebles, que subieron de USD 18.915 a USD 51.769. Y a que, en estos años, el alcalde ha mantenido sus pasivos (deudas) en cero.

Ante la solicitud de esta alianza de una explicación para este incremento, el alcalde Montalván aseguró que este aumento “obedece principalmente a dos factores: la adquisición de bienes muebles y vehículos, y la actualización del valor de activos ya existentes”. En una carta enviada a Spondylus Info Lab, el burgomaestre asegura que el incremento en su patrimonio “ha sido progresivo y proviene de ingresos lícitos y debidamente justificados, en especial de las remuneraciones percibidas en el ejercicio del cargo de alcalde, así como de otras fuentes declaradas ante las autoridades competentes. En términos anuales, el incremento equivale a aproximadamente USD 14.006 por año, cifra plenamente compatible con los ingresos legítimos de un servidor público de este nivel”.

El segundo caso es el de la alcaldesa de Urdaneta reelecta, Amada Zambrano. En 2019, ella presentó su declaración con un patrimonio de USD 14.159. Seis años después, en 2025, declaró USD 48.011. Esto es un incremento del 239%. El mayor aumento se dio entre 2022 y 2023, cuando pasó de un patrimonio en negativo a uno en positivo. Y cabe anotar que en 2020 y 2022, esta alcaldesa declaró patrimonios en negativo, según la información de la Contraloría, por registrar más pasivos que activos.

Por otro lado, el alcalde de Ventanas, Carlos Carriel Abad, ha declarado siempre el mismo valor desde que asumió su función: USD 333.000.

Los alcaldes Zambrano y Carriel no respondieron al pedido de contrastación de esta alianza periodística.

Alcaldes accionistas y deudas con el SRI

Aparte del prefecto de Los Ríos, el alcalde de Vinces, Alfonso Montalván, también tiene empresas activas en su propiedad. Según los registros de la Superintendencia de Compañías, este funcionario es accionista de la empresa Constructora Aldrensa S.A., en la que tiene un capital invertido de USD 1.250, que corresponde al 25% del paquete accionario de la firma.

Además, Montalván también registra una deuda con facilidades de pago por USD 1.729 en el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

Sobre este punto, el alcalde Montalván sostuvo que es un accionista minoritario, con el 25% del paquete de esta empresa. Agregó que no ejerció funciones de administración ni participó en la toma de decisiones operativas de la compañía. “Mi participación societaria ha sido en todo momento pasiva y sin incidencia alguna en la gestión pública que desempeño”, dijo.

Y sobre la deuda con el SRI, aseguró: “acogiéndome a la normativa vigente, suscribí un acuerdo de pago en cuotas mensuales de USD 432,33. El saldo actual de USD 1.729,32 corresponde únicamente a las últimas cuatro cuotas del convenio, las cuales se encuentran dentro del cronograma aprobado por la Administración Tributaria”.

Como deudora del SRI también aparecía, a la fecha de consulta para esta nota, la alcaldesa de Baba, Jael Melo, con una deuda en firme por USD 1.159. Ante la consulta de este equipo periodístico, la alcaldesa respondió enviando el comprobante de pago de la deuda, cancelado el día que había recibido el mensaje, el 2 de junio.

Procesos judiciales involucran a las autoridades de Los Ríos

Cinco autoridades locales de Los Ríos aparecen en el Sistema Judicial con causas en su contra. La mayoría, sin embargo, corresponden a procesos de archivo de investigaciones previas, es decir que fueron procesos que se abrieron en la Fiscalía, pero en los que esta entidad no encontró ningún indicio para avanzar a una formulación de cargos. 

Este es el caso de los alcaldes de Mocache, Yenny Domínguez; Quevedo, Alexis Matute; Vinces, Juan Montalván; Urdaneta, Amada Zambrano, y del prefecto Jhonny Terán. 

Cabe recalcar que entre las investigaciones previas archivadas por no haber elementos consta una en contra del prefecto Jhonny Terán, tras un informe de la Contraloría por indicios de responsabilidad penal en sus declaraciones patrimoniales. Sin embargo, la Fiscalía descartó la investigación, por no encontrar indicios de un delito.

La alcaldesa de Urdaneta, Amada Zambrano, además aparece con dos casos en los que sí le formularon cargos, ambos por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. 

En ambos se abrió instrucción fiscal por 90 días y se le impuso presentación periódica. Sin embargo, la Fiscalía emitió posteriormente un dictamen abstentivo porque no encontró méritos suficientes para acusarla, y la Corte Provincial de Los Ríos dictó sobreseimiento a su favor.

El grupo periodístico Spondylus Info Lab consultó a las autoridades sobre los procesos judiciales pero no recibimos respuesta.