Casi al comenzar el periodo para el que fueron elegidos, el alcalde Loja fue destituido y el mapa se recompuso en la provincia. Más de la mitad de sus 16 alcaldes registran incrementos patrimoniales y tres mantienen vínculos con empresas activas.
Durante décadas, Loja construyó una reputación de ciudad y provincia tranquila, pero con el impulso de las economías ilegales, esa etiqueta ha ido perdiendo brillo. Su extensa y accidentada frontera con el Perú funciona como un corredor estratégico para estas economías que siembran violencia en el país.
La calma lojana se alteró a las pocas semanas del cambio de autoridades seccionales de mayo de 2025. El 4 de julio de 2025, el Concejo Cantonal de la capital provincial destituyó al alcalde Franco Quezada Montesinos, del movimiento Solidez, Esperanza y Respeto, por no haber realizado su rendición de cuentas del período anterior, tras una denuncia ciudadana. El Tribunal Contencioso Electoral ratificó la decisión el 18 de julio de 2025.
En su lugar asumió Diana Carolina Guayanay Llanes, vicealcaldesa y coidearia de Quezada en el mismo movimiento SER, quien desde entonces completa el período 2023–2027 como alcaldesa de la capital provincial. Es también una de las tres autoridades de la provincia con vínculos empresariales activos registrados ante la Superintendencia de Compañías, un dato que forma parte de los hallazgos encontrados entre las autoridades lojanas, donde once de los dieciséis alcaldes registran incrementos patrimoniales desde que asumieron funciones, aunque ninguno acumula deudas tributarias en firme ni investigaciones penales vigentes.
Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Ecuador Chequea y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.
De las 17 autoridades de la provincia de Loja –16 alcaldes y el prefecto–, once muestran incrementos patrimoniales, entre una declaración y la siguiente, según los registros presentados ante la Contraloría General del Estado. En cuatro casos los aumentos superan el 50% o representan incrementos cercanos a los USD 50.000.
Uno de los incrementos más significativos corresponde al alcalde de Chaguarpamba, Víctor Hugo Largo Machuca, que llegó por la alianza SUMA-APLA. Su patrimonio pasó de USD 172.819 en 2024 a USD 276.293 en 2025, lo que representa un aumento del 60% en apenas un año, principalmente por la disminución de sus pasivos: pasó de tener una deuda de USD 64.322 a USD 2.800. Largo Machuca es también la autoridad con más vínculos empresariales activos de la provincia: es accionista de tres empresas de transporte y de una empresa de servicios de internet.
Consultado al respecto, Largo Machuca atribuyó la variación a dos errores en sus declaraciones: en 2024, su secretaria habría omitido registrar una camioneta JAC doble cabina adquirida en 2023 y en 2025 habría un error de digitación en una deuda, donde constan USD 1.600 cuando el valor correcto sería USD 16.000.
El alcalde de Espíndola, Álvaro García Ontaneda (RC), también registra una variación importante. Su patrimonio pasó de USD 110.000 en la declaración de inicio de gestión presentada en 2023 a USD 168.646 en su declaración periódica de 2025, equivalente a un incremento del 53%. Esto debido a la declaración de la adquisición de dos terrenos uno de USD 50.000 y otro de USD 90.000, que suman un total de USD 140.000. En la declaración del 2025 se indica que ambos terrenos fueron adquiridos en octubre y noviembre del 2023, cuatro meses después de iniciada su gestión.
En Catamayo, la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga declaró un patrimonio de USD 270.735 en 2024. Para 2025, esa cifra ascendió a USD 361.322, lo que representa un incremento del 33%. El aumento se centra principalmente en una declaración de USD 5.000 más en el rubro de menaje de casa, por la adquisición de un lote en el 2024 por USD 31.364 y por la reducción de su deuda de USD 28.000 a USD 17.396.
El caso de Puyango muestra una recuperación patrimonial. En 2024, el alcalde José Ignacio Vivar Jara registró un patrimonio negativo de USD 4.100, es decir, sus pasivos superaban el valor de sus activos. En su declaración de 2025 reportó un patrimonio de USD 43.385, impulsado principalmente por el incremento de bienes inmuebles.
Consultado por este equipo periodístico, Vivar Jara (CD) explicó que la variación se debe a la adquisición de una vivienda en la Ciudadela Las Orquídeas, en la parroquia Alamor, el 4 de septiembre de 2024, financiada con un crédito del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). Según el alcalde, su declaración de 2024 fue presentada en junio de ese año, antes de la compra, por lo que no reflejaba ni el inmueble ni la deuda asociada; ambos sí aparecen en la declaración de 2025. El alcalde remitió a este equipo los documentos de respaldo. Indicó además que mantiene otra deuda con el Banco de Loja. Tanto el inmueble como la deuda asociada aparecen recién en la declaración de 2025, lo que explicaría el salto.
Por su parte, el prefecto de Loja, Mario Mancino Valdivieso, mantiene una evolución patrimonial estable. Sus declaraciones registran USD 545.291 en 2023, USD 513.668 en 2024 y USD 536.066 en 2025, sin variaciones significativas entre un período y otro.
Pocos funcionarios con empresas activas
Los registros de la Superintendencia de Compañías muestran una presencia limitada de autoridades seccionales de Loja en empresas privadas activas. Tres de 17 funcionarios aparecen como accionistas o administradores de compañías actualmente registradas.
El alcalde de Chaguarpamba, Víctor Hugo Largo Machuca (SUMA-APLA), concentra el mayor número de vínculos. Aparece como accionista y administrador actual de Compañía de Transportes Pesado VHLM S.A., cuyas siglas coinciden con sus iniciales, y como accionista de Transporte Primito Mena Cía. Ltda. y Sofnet Cía. Ltda, esta última dedicada a servicios de internet.
Según los registros de las Superintendencia, Largo Machuca ha estado involucrado en el sector transportista desde 2007 cuando contaba entre los accionistas de San Bartolo S.A. En 2008, fue accionista de Chaguarpamba Transporte Mixto S.A. En 2011 y 2012 vendió sus acciones de ambas compañías, respectivamente. En el 2015 constituyó la Compañía de Transportes Pesado VHLM S.A. y actualmente es el accionista mayoritario, de un total de 10 accionistas, con una inversión de USD 713.
Para 2021, constituyó, junto a dos socios más, la compañía Sofnet Cía. Ltda, donde es su actual presidente y cuya inversión personal es de USD 300 al igual que sus socios. El último balance financiero de Sofnet, que consta en la Superintendencia de Compañías, es de diciembre de 2021, donde el total de patrimonio de la empresa era de USD 900 sin reporte de ingresos. En los registros del SRI, la compañía permanece activa con sede en Chaguarpamba.
Pese a los registros públicos, Largo Machuca indicó que es socio de dos compañías y que no infiere en sus funciones porque “las compañías al momento no están funcionando».
La alcaldesa designada de Loja, Diana Guayanay Llanes, figura como accionista y administradora actual de Sagg S.A.S., empresa activa dedicada a la venta de comidas y bebidas en restaurantes. El vínculo existía antes de su posesión como alcaldesa en julio de 2025, cuando ejercía como vicealcaldesa. Guayanay reemplazó a Franco Quezada, el alcalde removido.
El prefecto Mario Mancino Valdivieso –que llegó por la alianza SUMA-APLA– figura como accionista en cuatro empresas activas: Subastar-Ecuador S.A.S., dedicada a la venta al por mayor de animales vivos; Inapesa S.A.; Farmalemana C.A., vinculada a la fabricación de sustancias medicinales; y Agropecuaria TGR Cía. Ltda., dedicada a la venta al por mayor de materias primas agropecuarias. Mancione sigue siendo representante legal de Inapesa S.A.
Mancino estudió Agronomía en la Universidad de Valparaíso y Administración Agrícola en la Sociedad Nacional de Agricultura. Además cuenta con estudios en Administración de Empresas. Su carrera profesional, antes de la política, ha estado ligada al sector agropecuario y ganadero. En 2021 fue nombrado gobernador de Loja, durante el gobierno de Guillermo Lasso y posteriormente con la alianza Juntos por Loja (listas 23-73) ganó las elecciones seccionales como Prefecto.
Impuestos al día
Los 16 alcaldes y el prefecto provincial mantienen al día sus declaraciones de impuesto a la renta y ninguno registra deudas tributarias en firme, según los registros del Servicio de Rentas Internas revisados en la primera semana de mayo de 2026.
Investigaciones archivadas sin formulación de cargos
Tres alcaldes de la provincia de Loja registran procesos judiciales durante el período analizado. En todos los casos, los expedientes concluyeron con archivo de la investigación sin formulación de cargos. Los tres procesos giran en torno a obligaciones incumplidas con trabajadores, contratistas o ciudadanos.
El alcalde de Calvas, Jorge Montero Rodríguez, registra una investigación por presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La denuncia fue presentada por un extrabajador municipal que había obtenido una sentencia ejecutoriada que ordenaba el pago de USD 35.494, monto que posteriormente ascendió a USD 68.747 tras la liquidación correspondiente. Durante la investigación, el municipio acreditó el pago total de la obligación y la Fiscalía solicitó el archivo de la causa.
El alcalde de Puyango, José Ignacio Vivar Jara, registra un proceso por presuntos daños materiales. La fiscal del cantón Paltas solicitó el archivo argumentando que, excedidos los plazos legales de investigación, no se obtuvieron elementos suficientes para formular cargos.
El alcalde de Quilanga, Juan Carlos Santín Calva, registra un proceso por presuntos daños a bien ajeno, originado en una denuncia ciudadana por la apertura de la vía Jacapo-Tuburo. La denunciante alegó que los trabajos excedieron el ancho acordado originalmente. Durante la investigación las partes llegaron a un acuerdo y el fiscal solicitó el archivo del caso.
