La revisión a las autoridades de Imbabura revela que cuatro de sus alcaldes enfrentan causas penales sin condena, cinco elevaron su patrimonio durante sus funciones y el alcalde de Ibarra registra nexos corporativos activos. Además, se evidencian omisiones reiteradas en la declaración de impuestos.
Imbabura, una provincia estratégica para la conexión entre Quito y la Sierra Norte, exhibe una realidad política y social paradójica. Por un lado, es un escenario de alta conflictividad ciudadana, marcado recientemente por el bloqueo con tierra y piedras de la Panamericana Norte durante las protestas de organizaciones indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel.
Por otro lado, la cúpula de sus autoridades seccionales –caracterizada por una fuerte tendencia a la reelección y rotación política, con al menos cuatro de sus titulares repitiendo mandatos o alternando cargos públicos– refleja un panorama financiero que contrasta con el descontento en las calles: cinco de sus alcaldes lograron incrementar su patrimonio neto durante sus gestiones, a la par que arrastran un historial de expedientes penales.
Tres de las siete autoridades seccionales responden a la Revolución Ciudadana (RC), mientras que Avanza cuenta con tres alcaldías, dos de las cuales son en alianza con movimientos locales.
Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Ecuador Chequea y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.
Las declaraciones patrimoniales juradas presentadas ante la Contraloría General del Estado permiten observar a detalle la evolución de los bienes, saldos bancarios, inversiones, deudas y el patrimonio neto de los seis alcaldes de la provincia de Imbabura y del prefecto Richard Calderón. La documentación oficial evidencia que cinco alcaldes incrementaron su patrimonio declarado entre 2023 y 2025.
El alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo (Avanza), declaró bienes inmuebles por un valor de USD 839.061 en 2023. Para 2025, esta cifra ascendió a USD 969.061, tras la adquisición de dos departamentos en la provincia de Esmeraldas. Este incremento inmobiliario fue de USD 130.000, equivalente al 15,49%. En paralelo, sus pasivos se dispararon, subiendo de USD 40.196 a USD 167.626. Esto representa un aumento de sus deudas de USD 127.429, lo que se traduce en un incremento del 317%. Con estos movimientos, su patrimonio aumentó ligeramente de USD 854.726 a USD 871.287, una variación del 1,94%.
Por su parte, Anabel Hermosa (RC), alcaldesa de Otavalo, elevó considerablemente sus saldos bancarios pasando de USD 13.284 a USD 53.184 entre 2023 y 2025. Esto significa USD 39.899 adicionales, equivalentes a un incremento del 300% en su liquidez. Su patrimonio pasó de USD 101.821 a USD 140.828, un aumento del 38,31%.
Jorge Manrique (RC), alcalde de Urcuquí, incrementó sus saldos bancarios de USD 5.327 a USD 35.533, reflejando un aumento del 567%. Al mismo tiempo, sus pasivos bajaron de USD 3.818 a USD 1.623. Como resultado, su patrimonio subió de USD 24.509 a USD 55.910, representando un incremento del 128,12%.
Finalmente, Óscar Narváez, alcalde de Pimampiro, reportó USD 14.788 en saldos bancarios al inicio de su gestión en 2023, alcanzando un pico de USD 41.879 en 2024, para luego declarar USD 17.017 en 2025. A la par, sus pasivos cayeron drásticamente de USD 57.233 a USD 12.571, lo que significa una reducción de deudas del 78,03%. Su patrimonio aumentó de USD 246.627 a USD 290.890, una variación al alza del 17,95%.
Spondylus Info Lab contactó a los funcionarios a través de sus correos electrónicos registrados en el Portal de Transparencia para consultar su postura al respecto; sin embargo, hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.
Expedientes acumulados: El historial judicial de las autoridades
Los registros del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano demuestran que cuatro de las seis autoridades municipales de Imbabura figuran relacionadas con nueve causas penales que concluyeron sin una sentencia condenatoria.
El alcalde de Ibarra, Álvaro Castillo, concentra la mayor cantidad de expedientes. Consta como investigado en tres causas principales por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Dos de ellas se relacionan con el pago de indemnizaciones y se archivaron cuando los valores fueron cancelados. La tercera causa, originada por la denuncia de un ciudadano, fue archivada sin que se conozcan mayores detalles.
Adicionalmente, el Alcalde de Ibarra enfrentó una denuncia por presunta violencia psicológica tras emitir en una entrevista radial presuntos insultos y comentarios supuestamente denigrantes, calificando de “majadera” a una ciudadana, expediente que fue archivado el 10 de mayo de 2023. También fue investigado por el presunto delito de daño a bien ajeno en una causa archivada el 9 de mayo de 2025. Finalmente, fue querellado penalmente por el presunto delito de usurpación, al haber ordenado a maquinaria municipal destruir un cerramiento e ingresar a propiedad privada, proceso que concluyó el 19 de octubre de 2015 mediante un acuerdo de conciliación en el que el alcalde debió ofrecer disculpas formales a la víctima.
En el cantón Cotacachi, el alcalde Jomar Cevallos Moreno fue denunciado por supuesto tráfico de influencias. El expediente examinó una decisión adoptada en 2019 por el directorio de la Empresa Pública de Energía Renovable y Turismo de Cotacachi, presidido por Cevallos en su calidad de alcalde, para entregar en comodato las instalaciones de la Hostería Cuicocha a la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi. La causa fue archivada el 17 de mayo de 2021 por insuficiencia de indicios para proceder a una acusación.
César Escobar Vallejos, alcalde de Antonio Ante, aparece relacionado con una investigación previa por presunta elusión de responsabilidad de servidores de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas. El expediente ingresó el 30 de diciembre de 2020, antes del inicio de su administración, y fue archivado el 21 de enero de 2021 a petición de la Fiscalía por no hallar elementos de convicción suficientes.
Óscar Narváez Rosales, alcalde de Pimampiro, registra una causa penal en su contra por la presunta comisión de actos de odio. Fue denunciado por un ciudadano que argumentó haber sido víctima de un trato discriminatorio por su ideología política al habérsele suprimido su puesto. La Presidencia de la Corte Provincial de Justicia dictó el archivo de la investigación el 9 de octubre de 2024, tras determinarse que los hechos respondieron a facultades municipales regulares y se justificó la supresión de la partida presupuestaria con el pago de USD 7.227, concluyendo que la conducta no constituyó un delito.
Spondylus Info Lab contactó a los funcionarios a través de sus correos electrónicos registrados en el Portal de Transparencia para consultar su postura al respecto; sin embargo, hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.
Cuentas pendientes: Omisiones y registros tributarios
Una revisión del portal del Servicio de Rentas Internas con corte al 14 de mayo de 2026, fecha en la que se cumplieron tres años del inicio de las actuales administraciones seccionales, indica que ninguna de las siete autoridades de Imbabura registraba deudas firmes, deudas impugnadas o en facilidades de pago.
Los alcaldes de Cotacachi y de Ibarrano no han presentado todas sus declaraciones. Jomar Cevallos no lo hizo en 2021 y 2022, en tanto que Castillo solo en 2022.
Negocios paralelos: Autoridades en el mundo empresarial
Dos autoridades tienen vínculos con empresas. Richard Calderón, prefecto de Imbabura, fue proveedor del Estado, pero con un contrato bajísimo de alrededor de USD 2.000 durante la pandemia de COVID-19 y antes de ser electo.
Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra, sigue siendo accionista de tres empresas: Aprende y Emprende–Incubadora de Empresas AEIEmpresas S.A.S., Agroturismo del Norte S.A.S. y Constructora Comercial Castrillo Concomcas Cía. Ltda. En las dos primeras ocupa también el cargo de representante legal, de acuerdo con la Superintendencia de Compañías.
