Mientras Esmeraldas enfrenta la violencia de las bandas criminales, sus autoridades seccionales acumulan expedientes penales por los presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de influencias, retención ilegal de aportaciones a la seguridad social, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, abuso de confianza, intimidación, calumnia, hurto, robo y daños materiales, registran saltos patrimoniales de hasta un 191% y no siempre presentan su declaración de impuestos ante el SRI.
Esmeraldas revela un patrón alarmante: su prefecta y los siete alcaldes registran fluctuaciones y saltos patrimoniales vertiginosos, un contraste con la pobreza que vive la población a la que deben servir como funcionarios públicos. El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio, detenido y sospechoso de presunto lavado de activos, es el caso más extremo.
En esta jurisdicción, que alberga a una población proyectada de 609.590 habitantes para 2026, los hallazgos evidencian que las ocho autoridades seccionales –la prefecta y los siete alcaldes– enfrentan o han enfrentado procesos penales. Además, tres presentan saltos patrimoniales atípicos durante el ejercicio de sus gestiones, cinco mantienen nexos directos con el sector empresarial mediante acciones o cargos administrativos, y tres no han cumplido con presentar sus declaraciones de impuesto a la renta ante la autoridad tributaria durante uno o más años desde el 2019.
Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Ecuador Chequea y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.
Alcalde de Esmeraldas en la mira de la Fiscalía
De acuerdo con los registros de la Contraloría General del Estado (CGE), el alcalde Villacís Tenorio registró un salto patrimonial del 191%. En 2023, al inicio de su gestión, reportó un patrimonio de USD 1.442.301. Sin embargo, en su declaración periódica de 2024, esta cifra se disparó a USD 4.209.579, y posteriormente los registros muestran variaciones considerables en sus activos.
El rubro de efectivo disponible en bancos del alcalde Villacís –electo por la Unión por la Revolución Ciudadana– pasó de apenas USD 10.994 en sus primeras declaraciones de 2023 a USD 77.378 en 2024, hasta alcanzar la suma de USD 713.543 en 2025.
El empresario y abogado declaró una subida de sus cuentas por cobrar de cero dólares a USD 1.450.000, y en 2024 reportó inversiones por USD 1.900.000 que luego desaparecieron de sus registros en 2025. Su maquinaria y equipo también fluctuaron desde USD 5 millones en 2024 hasta más de USD 2 millones en 2025.
Tras el arresto de Villacís, la concejal Laura Yagual Salazar asumió la Alcaldía de manera subrogante. Las declaraciones juradas de Yagual muestran un incremento reciente en su patrimonio. En reportes anteriores, la funcionaria registró patrimonios de USD 15.005 y USD 15.210, integrados casi de forma exclusiva por bienes muebles. No obstante, en sus declaraciones periódicas más recientes, la cifra ascendió a USD 55.000, impulsada por una valoración de USD 50.000 en el rubro de bienes muebles y manteniendo sus pasivos en cero.
Por su parte, la prefecta de la provincia, María Roberta Zambrano Ortiz (Partido Social Cristiano), presenta un historial financiero caracterizado por millonarios crecimientos y caídas. Al inicio de su gestión en 2019, reportó un patrimonio de USD 1.888.628. En un lapso de dos años, este monto subió en un 29% hasta llegar a USD 2.441.455, pero posteriormente se desplomó a USD 662.651.
En sus múltiples declaraciones, la prefecta Zambrano ha detallado poseer bienes inmuebles como una hacienda en Esmeraldas valorada en USD 181.132, casas en Esmeraldas valoradas en USD 254.836, un departamento en Pichincha de USD 150.000 y otro departamento en Manabí por el mismo valor. Además, declaró poseer semovientes valorados en USD 460.000 y plantaciones de teca por USD 197.940, mientras que en sus pasivos se destaca un préstamo hipotecario por USD 240.000.
Sobre estas fluctuaciones, la Prefectura respondió a este equipo periodístico a través de su coordinadora institucional, Mónica González. Como delegada de la máxima autoridad, la funcionaria justificó que las variaciones y la severa reducción de sus activos obedecen a la renuncia de gananciales y bienes hereditarios tras el fallecimiento de su esposo en febrero de 2022, aclarando que el millonario patrimonio declarado inicialmente correspondía a la sociedad conyugal e incluía derechos de usufructo a favor de sus hijas.
En el cantón Muisne, la alcaldesa Yuri Colorado Márquez (que gana por el PSC) incrementó su patrimonio desde que asumió el cargo en 2023. Ese año declaró USD 194.000, cifra que subió a USD 301.973 para su declaración periódica de 2025.
Este incremento de más de USD 107.973 se explica por el aumento de sus inventarios y mercaderías de USD 90.000 a USD 120.000, la compra de un terreno en Esmeraldas valorado en USD 16.000 y la incorporación de equipos de oficina y obras de arte. No obstante, en una segunda declaración del mismo 2025, su patrimonio se redujo a USD 249.816, debido a la caída de sus inventarios nuevamente a USD 90.000, la reducción del avalúo de su menaje de casa y el incremento de sus pasivos mediante un “préstamo personal” y otras deudas.
La presidente de la Asociación de Municipalidades (AME) remitió una respuesta oficial a este equipo periodístico aclarando que la cifra de USD 301.973 correspondió a «errores de tipeo» en el formulario. Por este motivo, Colorado aseguró que presentó oportunamente una declaración corregida donde se subsanó el error y se fijó su patrimonio neto real en USD 249.816.
Otros alcaldes también muestran variaciones. El alcalde de Atacames, Willians Mendoza Vidal (PSC), incrementó su patrimonio de USD 1.925.943 a USD 1.980.355, justificado por el aumento de cuentas por cobrar en USD 17.600 y un disponible en bancos que subió marginalmente, manteniendo intactos sus bienes inmuebles valorados en más de USD 1.100.000, entre los que destacan fincas, terrenos y casas en Esmeraldas.
El alcalde de Eloy Alfaro, Ali Corozo Mosquera (PSC), subió su patrimonio de USD 25.836 a USD 39.606 tras la adquisición de un automóvil valorado en USD 42.990 en julio de 2025, lo que a su vez incrementó sus deudas a más de USD 34.000.
Finalmente, el alcalde de Quinindé, Ronal Moreno Anangonó (Unión por la Revolución Ciudadana), reportó en 2024 un patrimonio neto de USD 1.402.797, impulsado por activos que superan los USD 2.000.000, incluyendo una casa en Pichincha valorada en USD 420.000, múltiples propiedades rurales en Esmeraldas y Guayas, y maquinaria pesada valorada en USD 365.990.
El grupo periodístico Spondylus Info Lab contactó a los demás funcionarios a través de sus correos electrónicos registrados en el Portal de Transparencia de sus respectivas instituciones para consultar su versión; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Expedientes acumulados: El historial judicial de las autoridades
Los registros públicos del sistema judicial (Satje) exponen una cruda realidad administrativa en Esmeraldas, donde casi la totalidad de sus máximas autoridades enfrentan procesos penales. A la cabeza aparece Vicko Villacís, detenido el 3 de junio de 2026 y procesado por lavado de activos por presuntamente liderar una estructura criminal estratégicamente organizada para la obtención sistemática de fondos estatales en perjuicio de Petroecuador.
Según el expediente judicial, el alcalde habría registrado ingresos en el sistema financiero nacional por USD 8.249.466 entre 2020 y 2025, de los cuales la mayoría corresponderían a transferencias y depósitos injustificados. El presunto modus operandi incluyó la presunta “monetización física” de millonarias sumas en hoteles y departamentos para la estratificación del dinero ilícito proveniente de fallos judiciales presuntamente amañados.
Aparte de este escándalo, Villacís Tenorio enfrenta otra causa por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente impulsada por la empresa Duragas, y un proceso por abuso de confianza relacionado con honorarios impagos a una abogada. Además, tras su arresto, querelló por calumnia a Laura Yagual, la concejal que asumió su lugar de manera subrogante. El caos está en etapa inicial.
La prefecta Zambrano también posee un historial judicial. Fue investigada por presunta intimidación a un periodista del medio digital Hoja de Ruta, quien expuso presuntas irregularidades en su patrimonio. Según el expediente, la prefecta habría publicado mensajes en sus redes sociales responsabilizando al periodista de su seguridad y la de sus hijas, y posteriormente habría ordenado la realización de un video en TikTok donde su asistente de comunicación habría proferido comentarios de descrédito y presuntas en contra del reportero. Este caso fue archivado y el juez declaró la temeridad de la denuncia.
Por otro lado, el exasambleísta Linder Altafuya presentó una querella contra la prefecta y ya se ha ordenado su citación formal. Además, su nombre aparece en un expediente por el presunto delito de hurto en 2019.
Frente a este historial, la delegada de la prefecta Zambrano respondió que en el caso por presunta intimidación la justicia declaró la temeridad de la denuncia debido a la total ausencia de elementos de convicción e indicios razonables por parte del denunciante. Respecto a la causa por hurto, la vocería oficial aclaró que la investigación no se dirige en contra de la actual prefecta, sino que corresponde a una denuncia presentada por la administración anterior tras la sustracción de herramientas de una maquinaria de la institución, un proceso en el cual aseguran haber solicitado que continúen las indagaciones.
El delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente es casi un denominador común entre los alcaldes esmeraldeños. El alcalde de Atacames, Willians Mendoza Vidal, enfrenta una formulación de cargos por negarse a acatar una sentencia del Tribunal Contencioso Tributario que obliga al Municipio a devolver USD 487.188 a favor de la empresa DirecTV.
El alcalde de Río Verde, Joffre Quintero Bolaños, en cambio, fue investigado por presunto tráfico de influencias, un proceso que ahora está en consulta a la Fiscalía General porque la Contraloría se opuso al archivo de la investigación. Quintero acumula además múltiples causas por presuntamente no haber acatado mandatos judiciales a favor de la empresa Conecel (Porta), y enfrentó una indagación penal similar por presuntamente haberse negado a cumplir una orden de pago a favor de la contratista Martha Cecilia Trujillo Landeta, aunque este último caso fue archivado tras alcanzar un acuerdo de mediación.
En el ámbito judicial, la alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, también fue indagada por el presunto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, derivado de una denuncia por impagos a la exempleada. Al respecto, Colorado respondió que la denuncia obedecía a deudas generadas por administraciones anteriores y recalcó que el juez dictó el archivo de la causa debido a la falta de elementos recabados por la Fiscalía.
En todos estos casos, Spondylus Info Lab contactó a los funcionarios a través de sus correos electrónicos registrados en el Portal de Transparencia para consultar su postura al respecto; sin embargo, no hubo respuesta.
Cuentas pendientes: Omisiones y registros tributarios
Varias autoridades de Esmeraldas han normalizado una cultura de opacidad fiscal, reflejada en el incumplimiento sistemático de sus obligaciones ante el Servicio de Rentas Internas (SRI). Si bien la base de datos oficial no reporta deudas en firme actualmente, el registro de presentación de la declaración del impuesto a la renta expone omisiones.
El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís no presentó su declaración de impuesto a la renta entre los años fiscales 2019 y 2021, en tanto que en 2022 y 2025 declaró cero dólares. En el mismo contexto, el alcalde de Eloy Alfaro, Ali Corozo Mosquera, omitió la presentación de su declaración correspondiente al año 2021, al igual que la alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, en 2019, cuando fue electa por primera vez.
Sobre esta omisión, Colorado justificó que en dicho periodo fiscal sus ingresos no superaron la fracción básica desgravada. La funcionaria argumentó que durante ese año no cumplió funciones bajo relación de dependencia ni generó ingresos por actividades económicas independientes que superaran la base imponible, razón por la cual no generó pago de impuesto a la renta.
La situación del alcalde de Quinindé, Vicente Moreno, es particular. Desde 2019 hasta 2022 reportó siempre cero dólares de impuesto a la renta. Solamente a partir de 2023, cuando asumió la Alcaldía, tuvo pagos significativos.
Negocios paralelos: Autoridades en el mundo empresarial
El cruce de datos entre la Superintendencia de Compañías y el Servicio Nacional de Contratación Pública evidencia que el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, está relacionado con varias empresas. La Fiscalía las ha incluido también en su investigación.
Según los registros, es accionista y administrador actual de la distribuidora de bebidas Nativa Company Premiumwater S.A. y la camaronera Greenseafoods S.A. También mantiene relación con las compañías disueltas Reygrouph S.A. y Reypezpacific S.A., en tanto que figura como administrador anterior de la constructora King Traiding Limited KT&V Cia.Ltda., la empresa de transporte Reysolutionwash S.A. y Esmerey TV S.A.
A su vez, otros tres alcaldes de la provincia son socios de empresas de transporte.
Así, Vicente Moreno Anangonó, alcalde de Quinindé, poseía, desde el año 2010, 20 acciones en la empresa Transportes La Cumbre S.A. Transcum, lo que representa apenas el 2,5% de la compañía. Los documentos públicos revelan que el 4 de mayo de 2023, apenas días antes de asumir oficialmente su cargo, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quinindé firmó un contrato con Transcum por un valor de USD 335.549 (más IVA). El 30 de junio de 2023, casi mes y medio después de asumir su cargo, el alcalde se deshizo de sus acciones.
Otro caso es el del alcalde de Eloy Alfaro, Ali Corozo Mosquera, quien mantuvo vínculos comerciales con la Compañía de Transporte Mixto Transpmixlec S.A., en la cual fue accionista desde el año 2017 hasta el 2021. Esta empresa ha sido una recurrente beneficiaria de fondos públicos en la provincia; los documentos detallan que el 31 de julio de 2023, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) del distrito Esmeraldas adjudicó el contrato número FI-DD08D01-001-2023 a favor de Transpmixlec S.A. por un monto de USD 80.283 para el servicio de alquiler de vehículos. Adicionalmente, esta misma compañía participó y resultó adjudicada en otros procesos de ferias inclusivas impulsados por entidades estatales en la provincia, como la Corporación Nacional de Electricidad y el Ministerio de Salud Pública, compartiendo en algunos contratos la prestación del servicio de transporte con otras operadoras locales.
Finalmente, el alcalde de Atacames, Willians Mendoza Vidal, es socio de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Alsoveri S.A., donde posee un dólar de capital, de un total de 800; así como de la Compañía de Transporte Pesado Buncheritos S.A. donde tiene USD 40 de un total de USD 840 y en la que participan también sus hermanos. No es la única actividad empresarial de Mendoza, quien es también socio de la Compañía Ferretera y Constructora Ferriconstruccionesoriente S.A.
En el ámbito corporativo, los registros societarios vinculan a la alcaldesa Yuri Colorado como gerente y accionista de la empresa Academia de Formación Yuri Colorado S.A.S. Sobre este tema, la funcionaria reconoció haber constituido la sociedad con fines de emprendimiento particular antes de iniciar su carrera pública, pero aseguró que al asumir la Alcaldía el proyecto quedó completamente inactivo. Colorado enfatizó que la empresa se paralizó bajo un “estricto criterio de ética” para prevenir conflictos de intereses, aclarando que la firma no mantiene ni ha mantenido contratos con el Estado ni con ninguna entidad pública o privada.
Spondylus Info Lab contactó al funcionario a través de su correo electrónico registrado en el Portal de Transparencia para consultar su versión al respecto; sin embargo, no obtuvimos respuestas.
