En El Oro la violencia no da tregua, dos de sus alcaldes fueron asesinados. Sus quince autoridades seccionales han reportado saltos patrimoniales importantes, el del prefecto Clemente Bravo es el más llamativo pues registró un aumento considerable en el primer periodo y luego retrocedió drásticamente en el segundo mandato.
El Oro, la sexta provincia más poblada del Ecuador, atraviesa una espiral de violencia sin precedentes, con una tasa de 105 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2025. En ese año se registró, en promedio, un homicidio cada 33 horas.
La violencia ha cobrado la vida de dos alcaldes. Primero fue Jorge Maldonado Sánchez, alcalde de Portovelo, asesinado el 19 de abril de 2024 por dos sujetos en moto que le dispararon en la ciudadela El Oro. Lo reemplazó Yulissa Aguilar Espinosa. Luego fue el alcalde de Arenillas, Eber Ponce Rosero, también en un ataque armado el 11 de enero de 2025. Lo reemplazó Teresa de Jesús Solís Culcay, ginecóloga de 57 años y vicealcaldesa por el movimiento Avanza.
Son 15 autoridades seccionales que gobiernan la provincia. Al menos seis de ellos registran variaciones patrimoniales significativas: cuatro con incrementos que van del 80% al 1.076% entre una declaración y la siguiente, y dos con reducciones abruptas que superan el 85% respecto de su declaración inmediatamente anterior.
El caso más extremo es el del prefecto Clemente Bravo Riofrío, ingeniero civil y abogado de 56 años, reelecto bajo el partido SUR, cuyo patrimonio pasó de USD 490.691 a USD 5.768.451 en cuatro años y luego retrocedió considerablemente. Entre los alcaldes, Hitler Álvarez Bejarano, docente de El Guabo reelecto bajo el movimiento MAR, presentó cifras altas en su primer periodo que también disminuyeron en el segundo mandato.
A inicios de junio, la Contraloría General indicó que, tras auditar las declaraciones patrimoniales del alcalde de Machala, Darío Macas, se encontró una diferencia de cerca de un millón de dólares que no pudo ser justificada, por lo que trasladó el expediente a la Fiscalía para que investigue.
Además, cinco autoridades mantienen vínculos societarios activos registrados ante la Superintendencia de Compañías. Cuatro de ellos aparecen como administradores a pesar de ser alcaldes.
Otros dos alcaldes tienen deudas tributarias en firme con el Servicio de Rentas Internas (SRI), aunque de bajo monto y otros dos no han presentado todos los años sus declaraciones de impuesto a la renta. Seis alcaldes y el prefecto registran investigaciones penales, todas concluidas con archivo o sobreseimiento.
Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Ecuador Chequea y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.
Los aumentos patrimoniales
El prefecto Clemente Bravo Riofrío encabeza los casos de mayor crecimiento patrimonial entre las autoridades de El Oro. El ingeniero civil y abogado de 56 años acumula más de dos décadas en cargos públicos, primero como alcalde de Santa Rosa durante 18 años y desde 2019 como prefecto bajo su propio partido, SUR.
Bravo registró ante la Contraloría General del Estado un patrimonio de USD 490.691 en su declaración de inicio de gestión de 2019. La cifra ascendió a USD 5.768.451 en su declaración de fin de período de 2023. La diferencia equivale a un aumento de aproximadamente 1.076%. Sin embargo, para 2025 registró USD 1.312.049, lo que equivale a un retroceso millonario.
Entre los alcaldes, uno de los casos que más llama la atención es el de Hitler Álvarez Bejarano, de El Guabo, docente y dirigente del transporte. Asumió la alcaldía en 2019 con un patrimonio de USD 266.282 y tuvo un crecimiento sostenido hasta cerrar el 2023 con USD 280.725. Sin embargo, al iniciar el siguiente periodo situó su patrimonio en tan solo USD 7.158, una disminución de más de USD 270 mil.
Durante su segundo periodo, en la declaración periódica de 2024, su patrimonio subió a USD 36.485 y para 2025 se situó en USD 62.987, principalmente por un aumento en bienes inmuebles.
En Las Lajas, el alcalde Jimmy Castillo Abad declaró un patrimonio de USD 1.208.036 al inicio de su gestión en 2023. Sin embargo, las declaraciones presentadas en 2024 y 2025 registran exactamente un mismo valor, mucho menor: USD 95.263.
En respuesta a la consulta de este equipo periodístico, Castillo Abad atribuyó la diferencia a un error de digitación en su declaración de inicio de gestión de 2023. Según explicó, una vivienda en el cantón Arenillas, adquirida en 2017, fue declarada por error con un valor de USD 1.078.558 cuando el correcto era USD 10.785, es decir, sin los decimales correspondientes.
El alcalde reelecto de Machala, Darío Macas Salvatierra, presenta una de las reducciones patrimoniales más marcadas. El ingeniero civil que llegó por el movimiento Avanza lidera el cantón orense con más asesinatos en términos absolutos en 2025.
En 2024, Macas tenía un patrimonio de USD 2.511.616. Un año después presentó dos declaraciones periódicas: la primera por USD 372.024 y la segunda por USD 387.954. Comparada con la declaración de 2024, la reducción alcanza aproximadamente el 85%. Macas no respondió a un pedido de contrastación enviado por esta alianza periodística.
Autoridades mantienen participación en compañías activas
Cinco de las autoridades de El Oro analizadas en esta investigación mantienen vínculos societarios registrados ante la Superintendencia de Compañías mientras ejercen funciones públicas, ya sea como accionistas, administradores o ambos. En un caso, una empresa vinculada a un alcalde suscribió un contrato con el Estado durante su gestión, pero bastante pequeño.
El alcalde con mayor historial empresarial es Luis Florencio Fárez Reinoso, de Huaquillas, cantón fronterizo con Perú. Registra participaciones accionarias en varias empresas, pero en su mayoría están en proceso de disolución o liquidación. En una comunicación enviada a esta alianza periodística, Fárez explicó que seis de nueve están en esa situación. En tanto que otras tienen su RUC suspendido.
La excepción, añadió, es Indamira Cía. Ltda., cuya gerencia general asumió el 16 de septiembre de 2023, ya en ejercicio de la Alcaldía. Fárez indicó que se trata de una empresa familiar dedicada a una plantación de teca que no alcanzó desarrollo comercial, que su RUC está inactivo desde el 2021 y que no ha mantenido vínculo contractual con el Municipio. Incluso indicó que estaba evaluando renunciar formalmente al cargo.
Otro caso es el del alcalde de Machala reelecto, Darío Macas Salvatierra, pues registra participación accionaria en Construcciones D&MS S.A., donde también es administrador. Adicionalmente mantiene acciones en Camaroneras Marescisne S.A.
El alcalde de Las Lajas, Jimmy Castillo, es accionista de la Compañía de Transporte Rutas Lajenses S.A. y de Agroindustrias Castillo Ordoñez Casord S.A.S., de la que es su presidente. El alcalde aseguró que esta última es un emprendimiento familiar y restó importancia a su cargo de presidente.
Sí explicó detalladamente el contrato que Rutas Lajenses suscribió en diciembre de 2024 con la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) por USD 21.464 por un año. Para esa fecha, Castillo Abad ya se encontraba en funciones como alcalde y era uno de los 25 accionistas.
Castillo indicó que en este modelo de negocio los réditos los percibe directamente el propietario del vehículo, no los accionistas, y envió documentos para probar que no tenía ningún vehículo operando en ese entonces.
Asimismo, el alcalde de Pasaje, Jovanny Coronel Castillo (SUR), consta como accionista y administrador de la Inmobiliaria JJC Cía. Ltda. También mantiene participaciones en la Compañía de Transporte de Carga Pesada y Mudanzas Beltrán y Asociados Transbeltrán S.A. y en la Compañía de Carga Pesada Unión Orense Unorcom S.A.
En el caso del alcalde de El Guabo, Hitler Álvarez Bejarano, los registros de la Superintendencia de Compañías lo identifican como accionista de Camiones Orenses Caminer S.A.
Mientras que el prefecto Clemente Bravo Riofrio mantiene participaciones en cuatro empresas activas: Agricmarino Export S.A.S., dedicada a actividades camaroneras; Transporte de Materiales Pétreos Orovol S.A.; Compañía de Taxis 12 de Marzo S.A.; y Empresa Minera Oro Blanco Emob S.A. La diversidad sectorial de sus vínculos (camarones, minería, transporte de carga y taxis) abarca precisamente algunas de las industrias más relevantes de la provincia.
Deudas tributarias y períodos fiscales sin declarar
Los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI) muestran deudas tributarias en firme y falta de declaraciones en determinados períodos fiscales.
Las deudas con el SRI son por cantidades bajas si se comparan con sus patrimonios declarados. A inicios de mayo, el prefecto Bravo registraba una deuda tributaria en firme de USD 1.104 y el alcalde de Pasaje, Jerry Coronel, una de USD 1.109.
Por su parte, los alcaldes de Huaquillas y Las Lajas no han presentado su declaración de impuesto a la renta los últimos años. De acuerdo con el portal del SRI, Fárez Reinoso no la presentó en 2019 ni en 2020 en tanto que Jimmy Castillo Abad no lo hizo en 2020 ni en 2021.
Al respecto, Castillo explicó que durante esos años no trabajó en relación de dependencia ni obtuvo ingresos que lo obligaran a declarar, y citó el artículo 42 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, que exonera de esa obligación a quienes no superan la fracción básica desgravada.
Investigaciones archivadas y sobreseimientos
Seis alcaldes y el prefecto registran investigaciones penales según la consulta de procesos judiciales electrónicos del Consejo de la Judicatura (Satje), los procesos concluyeron con decisiones de archivo o sobreseimiento, sin que se acusara formalmente.
El alcalde reelecto de Machala, Darío Macas Salvatierra, registra dos investigaciones archivadas. La primera se inició en abril de 2022 a partir de una nota periodística de Ecuavisa, que se había difundido el 28 de abril del 2020 –según los registros del Satje–, sobre presuntas irregularidades en la construcción de un mercado minorista multifuncional, valorado en aproximadamente USD 7,84 millones, en terrenos de la antigua Granja del Colegio Nacional 9 de Octubre. La denuncia cuestionaba el procedimiento de contratación utilizado para la obra. Tras casi dos años de investigación, la Fiscalía concluyó que no existían elementos suficientes para configurar un delito de tráfico de influencias.
La segunda investigación seguida por la Fiscalía General del Estado y los ciudadanos Milton Chacaguasay y Reymundo Alarcón fue ingresada en julio de 2024 y tuvo como antecedente una publicación realizada en enero de 2023 por el semanario La Verdad. La nota señalaba presuntas irregularidades en la administración municipal, incluyendo supuestos actos de favoritismo en contrataciones, manejo indebido de recursos públicos y posibles delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita. La Fiscalía determinó que no existían elementos suficientes para formular cargos y dispuso el archivo de la causa.
El prefecto de El Oro, Clemente Bravo Riofrio, estuvo vinculado a una investigación relacionada con la licitación para la ampliación y mejoramiento de la vía Machala–intersección con la Troncal de la Costa E-25. El denunciante sostenía que la adjudicación al Consorcio Balosa-Palosa, por USD 17,4 millones, resultaba más costosa que la propuesta presentada por el Consorcio AVM, valorada en USD 14,5 millones. Tras la investigación, la Fiscalía concluyó que no se configuraban los elementos constitutivos del delito de peculado y solicitó el archivo del expediente.
En 2018, el alcalde de Huaquillas, Luis Florencio Fárez Reinoso, fue investigado en una causa relacionada con una presunta estafa vinculada a inversiones en actividades camaroneras. La Fiscalía dispuso su sobreseimiento antes de la etapa de juicio. El proceso continuó respecto de otro investigado, quien posteriormente también fue absuelto.
Por su parte, la alcaldesa de Portovelo, Madeleivy Aguilar Espinosa, registra una investigación archivada por una denuncia de presunta defraudación tributaria. Según la denuncia presentada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), la empresa Consorcio Aguilar y Aguilar, en la que ella figuraba como contadora, habría incrementado artificialmente sus costos en la declaración del impuesto a la renta correspondiente a 2014. En diciembre de 2023, la Fiscalía solicitó el archivo del caso al no encontrar elementos suficientes para continuar con la acción penal.
Con el fin de contrastar los hallazgos de esta serie se enviaron correos electrónicos a las autoridades seccionales de El Oro, solo Castillo Abad contestó.
