Los tres alcaldes de Galápagos, elegidos en 2023, gobiernan un territorio insular con particularidades demográficas y ambientales únicas en Ecuador. Más allá de sus trayectorias en la función pública, registros oficiales revelan que dos de las tres autoridades mantienen o han tenido participación como accionistas en empresas.
Tres alcaldes gobiernan los cantones de la provincia de Galápagos, la única del país que no tiene una Prefectura pues se maneja con un Consejo de Gobierno presidido por un representante del Ejecutivo. Dos de ellos son empresarios y, en un caso, una de las compañías tiene un contrato con el sector público. Además, dos de ellos registran un pago de impuestos no tan regular y una alcaldesa tiene algunas investigaciones archivadas.
Esos funcionarios asumieron el cargo en 2023 y podrían ser candidatos en las próximas elecciones de noviembre de este año.
En esta provincia, que a 2026 tendría una población de casi 30.500 personas, de acuerdo con las proyecciones del INEC, es una de las más pequeñas del país. Pero aunque no aporta con gran cantidad de votantes, es un territorio con sus peculiaridades: tanto por el turismo como por el tema de conservación.
Dos de los tres alcaldes de la provincia llegaron a sus cargos con un pasado ya como funcionarios públicos. Morocho, el alcalde de Isabela, antes fue concejal en ese mismo cantón. Uribe, en cambio, fue asambleísta en el periodo 2013-2017, por el partido Avanza.
Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Ecuador Chequea y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.
Alcaldes empresarios
Dos de los tres alcaldes de Galápagos tienen o han tenido participación en empresas.
Alfredo Morocho, alcalde de Isabela, es accionista de la empresa Turismo & Aventura Sagalmagic S.A.S., creada en 2024, mientras ya era alcalde. Él es uno de los cuatro accionistas de esta firma, los otros son sus familiares.
La empresa se dedica, según su RUC, a las actividades de hotelería. Y según los registros en el Portal de Compras Públicas, no tiene contratos con el sector público.
Antes de llegar a la Alcaldía por el Movimiento de Identidad Provincial (MIP), Morocho pagó cero dólares de impuesto a la renta en 2019, 2021 y 2022, en tanto que en 2020 no presentó su declaración.
El grupo periodístico Spondylus Info Lab pidió a Morocho que explique cómo ha dividido su actividad empresarial de sus funciones como alcalde y si ha habido algún caso de conflicto de interés. Pero hasta la fecha, no hemos recibido una respuesta.
El otro alcalde con historial empresarial es Rolando Caiza, de San Cristóbal, que ganó por la alianza San Cristóbal Unido (PSC-GAL-PC). Él aparece en los registros de la Superintendencia de Compañías como accionista en las firmas Blackil S.A. y Compañía Consultora y Constructora Molina Tite Cía. Ltda., ambas inactivas desde antes de que Caiza llegara al cargo –la primera cancelada y la segunda en proceso de disolución–.
La otra empresa vinculada con el alcalde Caiza es Construinsular S.A. que se dedica a la construcción de todo tipo de edificios no residenciales. En esta empresa –que aún está activa–, él vendió su participación accionaria (correspondiente al 33,33%) el 13 de mayo de 2023, es decir, un día antes de asumir el cargo.
Esta empresa, en cambio, sí registra dos contratos con el Estado, según el Portal de Compras Públicas, ambos adjudicados por la Base Naval San Cristóbal, en el mismo cantón del alcalde.
El primer contrato fue por USD 44.505,35, adjudicado en noviembre de 2023 para el mantenimiento preventivo del bloque de vivienda multifamiliar 2 para tripulantes de la Base Naval San Cristóbal. El segundo, por USD 61.089,04, se adjudicó en mayo de 2025, para el mantenimiento de la cámara de oficiales, edificio comando, edificio y adecuación de garita principal de la Base Naval.
Spondylus Info Lab solicitó al alcalde Caiza que explique si estos contratos le significaron algún beneficio, además de cuál es su relación con la empresa Construinsular actualmente. Hasta la publicación de esta nota no hemos recibido una respuesta.
Caiza ha pagado impuesto a la renta regularmente en los últimos años.
Procesos judiciales
La alcaldesa de Santa Cruz, Fanny Uribe (Sociedad Patriótica), aparece en la base de datos del Sistema Judicial con cuatro causas en su contra: dos son archivos de investigaciones previas en los que la Fiscalía decidió que no había suficientes indicios para probar los presuntos delitos de fraude procesal y abuso de confianza que supuestamente se habían cometido.
En contra de Uribe también consta otra causa similar, también archivada tras la investigación previa, en el que no se especifica el presunto delito. Es un caso entre familiares que terminó en una conciliación.
Spondylus Info Lab solicitó a Uribe un pronunciamiento y su versión sobre estos casos. Sin embargo, no respondió al correo electrónico enviado.
Uribe registra un pago de impuesto variado. En 2019 pagó cero dólares de impuesto a la renta y USD 1.048 a la salida de capitales; en 2020 pagó cero dólares de impuesto a la renta y en 2022 no presentó su declaración de impuestos.
