Cotopaxi refleja una cruda realidad administrativa: patrimonios que crecen sin justificación aparente, autoridades procesadas y un alcalde en prisión preventiva por presunto peculado. El análisis revela millonarias propiedades, contratos simulados y un historial de indagaciones penales que ensombrecen la gestión de las autoridades.
Cotopaxi es una de las tres provincias en las que un cantón tiene dos alcaldes: uno subrogante y otro en la cárcel. Se trata de Raúl Arroyo Zambrano, que reemplazó a José Arroyo Cabrera, procesado por peculado en el denominado caso Ornato Municipal. Las otras provincias son Guayas, con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez; y Esmeraldas, con Vicko Villacís.
Localizada en el centro del país, Cotopaxi es una de las regiones donde la población indígena tiene su mayor fortaleza histórica y social. Sin embargo, en el ámbito electoral, esta dinámica no refleja una hegemonía absoluta. En las elecciones de 2023, el movimiento Pachakutik, brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), apenas logró obtener la prefectura con Lourdes Tibán.
Mientras tanto, en cuatro de los siete cantones de esta provincia ganaron las alcaldías SUMA (2), el Partido Social Cristiano y el Movimiento CREO. En los otros tres cantones, el poder local se comparte entre alianzas de diverso tipo entre organizaciones nacionales y locales, y solo en uno está presente la Revolución Ciudadana.
Los registros oficiales exponen una realidad alarmante en Cotopaxi: mientras la prefecta de la provincia, Lourdes Tibán, incrementó su patrimonio en USD 316.113 en apenas dos años –llegando a adquirir una decena de propiedades en un solo día–, autoridades como el alcalde titular de Pujilí hoy se encuentran en prisión enfrentando un proceso por peculado tras presuntamente simular contratos públicos. A la par, el resto de burgomaestres acumula un pesado historial de expedientes penales y fluctuaciones patrimoniales atípicas.
Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Ecuador Chequea y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.
Los saltos patrimoniales
La prefecta de la provincia, Lourdes Tibán Guala, registra un salto patrimonial entre el inicio de su gestión en 2023 y 2025, de acuerdo con las declaraciones juramentadas presentadas ante la Contraloría General del Estado. Haciendo una comparación de ese registro oficial, en 2023: Tibán declaró, para asumir la Prefectura, un patrimonio total de USD 624.543. En el desglose de sus activos iniciales constaba que en el sistema bancario poseía USD 14.762, mantenía inversiones por USD 267.521, y reportaba bienes muebles consistentes en un automóvil adquirido en 2019 y una camioneta adquirida en 2016, valorados en conjunto por USD 63.990. En cuanto a sus bienes inmuebles, declaró cuatro lotes de terreno y una casa valorados en total por USD 278.269, propiedades que fueron adquiridas entre los años 2005 y 2017. En la declaración de ese año no consta que la prefecta haya tenido ninguna deuda contraída.
Posteriormente, en su declaración periódica de 2025, su patrimonio ascendió drásticamente a USD 940.656, manteniendo nuevamente su registro de pasivos en cero dólares. Este aumento representa un incremento exacto de USD 316.113 en un lapso de dos años de gestión pública y se debe, principalmente, a un crecimiento en sus inversiones financieras y la adquisición masiva de nuevos bienes raíces, todo ello sin registrar préstamos ni deudas en sus declaraciones juramentadas, manteniendo sus pasivos en cero.
Según el desglose patrimonial, el capital de las inversiones de Tibán se duplicó drásticamente al pasar de USD 267.521 a USD 495.373, mientras que el avalúo total de sus inmuebles subió a USD 351.567 tras ampliar su registro de cinco propiedades iniciales a un total de 21 bienes, que actualmente comprenden trece terrenos, tres oficinas, tres lotes y dos casas. Solo el 27 de diciembre de 2024, la prefecta registró la compra simultánea de siete terrenos (con valores que oscilan entre USD 63,31 y USD 4.145,59) y tres oficinas (adquiridas por montos de entre USD 6.865 y USD 7.127).
Otro caso llamativo que refleja una inusual acumulación de bienes se encuentra en el cantón Pujilí. El alcalde subrogante, Raúl Arroyo Zambrano, quien asumió el cargo en reemplazo del titular procesado por peculado, hizo constar en su declaración juramentada de 2025 un patrimonio de USD 1.669.738.
Su patrimonio se concentra en bienes raíces, con un avalúo que suma USD 1.425.975 y que está compuesto por 18 terrenos, un departamento y un imponente edificio valorado en USD 540.739 adquirido en 2012, además de un lote tasado en USD 300.000 comprado en 2018. Sin embargo, el detalle más llamativo de su declaración es la adquisición de propiedades en una sola jornada: únicamente el 16 de septiembre de 2021, Arroyo Zambrano registró la compra simultánea de nueve terrenos en Cotopaxi, con valores individuales que van desde los USD 5.300 hasta los USD 55.000, incluyendo seis lotes tasados exactamente en USD 10.000 cada uno. A esto se suma una alta actividad corporativa y operativa, declarando USD 132.705 en acciones y participaciones, dos vehículos valorados en conjunto por USD 70.000, además de inventarios, maquinaria pesada y semovientes.
Spondylus Info Lab contactó al funcionario a través de su correo electrónico registrado en el Portal de Transparencia para consultar su postura al respecto; sin embargo, hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.
Por otro lado, el alcalde de Saquisilí, Edison Velásquez Martínez, presenta una de las fluctuaciones más atípicas de la provincia. En su declaración de fin de gestión como presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Chantilín en 2018, declaró activos por apenas USD 200. Al año siguiente, en 2019, al iniciar su gestión como alcalde, reportó activos por USD 20.394. Sin embargo, para 2023, al iniciar su segundo periodo como alcalde reelecto, su patrimonio experimentó un salto: la autoridad pasó a registrar un patrimonio de USD 172.240, reportando cero dólares en pasivos y concentrando su repentina riqueza en la compra de un terreno de USD 76.296, un automóvil valorado en USD 50.000 y una camioneta de USD 28.794. Curiosamente, tras este pico financiero, en sus declaraciones periódicas más recientes correspondientes a este segundo mandato, su patrimonio volvió a desplomarse abruptamente hasta los USD 54.745, debido a la repentina justificación de nuevos pasivos y deudas bancarias que superan los USD 83.000.
Spondylus Info Lab contactó a los funcionarios a través de sus correos electrónicos registrados en el Portal de Transparencia para consultar su postura al respecto; sin embargo, hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta.
Expedientes acumulados: El historial judicial de las autoridades
Los registros públicos del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (e-Satje) exponen la realidad penal entre las autoridades de Cotopaxi, encabezada por un alcalde que se encuentra actualmente preso y despojado –al menos temporalmente– de sus funciones por presunta corrupción en el ejercicio de su cargo.
José Arroyo Cabrera, alcalde titular de Pujilí, se encuentra procesado y cumple prisión preventiva dentro del caso Ornato Municipal por presunto peculado. La Fiscalía General del Estado lo acusa de presuntamente idear, dirigir y autorizar un elaborado esquema de simulación contractual al interior del municipio, adjudicando cuatro contratos para justificar el pago de obras y bienes que ya habían sido ejecutados o adquiridos previamente con recursos y personal municipal.
El expediente fiscal detalla que estos contratos irregulares corresponden a la supuesta adquisición de palmeras por USD 54.064 a favor del contratista Byron Tituaña, la compra de plantas por USD 253.599 a favor de María Pilapaña, la construcción del parque de Los Patos por USD 13.000 adjudicado a Germán Paredes y la elaboración de los óvalos del mercado central por USD 20.000 a favor de Lenin Chicaiza. En este mismo contexto de conflictividad legal, Arroyo Cabrera registra otras investigaciones, como una causa por presunto abuso de confianza y una querella por calumnia que él mismo impulsó en contra de su propio vicealcalde y actual reemplazo, Raúl Arroyo Zambrano.
El alcalde de Latacunga, Fabricio Tinajero Jiménez, registra en el sistema judicial múltiples solicitudes de archivo de investigaciones previas, originadas por denuncias de ciudadanos, pero los fiscales señalaron la inexistencia de hechos dolosos. Además, enfrentó una denuncia por un supuesto delito contra la flora y fauna silvestre relacionada con la presunta tala ilegal de árboles de eucalipto en la quebrada Nintinacazo, proceso en el cual se comprobó que los árboles cayeron de forma natural y fueron retirados exclusivamente por motivos de prevención de riesgos.
Por su parte, el alcalde de Pangua, Wilson Correa Ocaña, consta denunciado por el presunto delito de intimidación en contra de una ciudadana, y enfrentó una investigación previa por presunta violencia psicológica mediante supuestos maltratos hacia una secretaria del Municipio, caso que fue archivado al no lograr probarse la afectación psicológica ni existir el vínculo familiar requerido por el tipo penal por el que se procesó la causa.
En el cantón La Maná, el alcalde Hipólito, ‘Polo’, Carrera Benites fue investigado por un supuesto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, derivado de una controversia por la jefatura del Cuerpo de Bomberos, caso que la Fiscalía archivó tras determinar el estricto cumplimiento de las disposiciones de la Corte Constitucional.
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Negocios paralelos: Autoridades en el mundo empresarial
El cruce de los registros de la Superintendencia de Compañías y el Servicio Nacional de Contratación Pública arroja que al menos cuatro autoridades seccionales de la provincia de Cotopaxi mantienen vínculos formales con el sector empresarial.
El alcalde de La Maná, ‘Polo’ Carrera, aparece como gerente de Agrícola Carrera Benites Agcabe Cía. Ltda., nombrado en 2025 para un período de cinco años. Y no solo es gerente, también es accionista. La empresa se dedica a la actividad agrícola, a su desarrollo y explotación en todas sus fases, desde el cultivo y su cosecha o extracción hasta su comercialización interna y externa.
Otro empresario que ostenta una alcaldía es Wilson Correa, en Pangua. Actualmente, consta como accionista de tres empresas relacionadas al transporte: en la compañía de carga pesada Transunimoras SA, en la compañía de taxis El Girasol y en Comoderna, esta última dedicada a la recepción, almacenaje y entrega de carga, paquetes de encomiendas, mudanzas y courier.
Lo mismo sucede con Raúl Arroyo Zambrano, alcalde subrogante de Pujilí. Es el actual presidente y accionista de Argoagrorose SA. En 2021 fue nombrado presidente de la empresa por un lapso de cinco años. La compañía se dedica al cultivo de flores.
El negocio del transporte también involucra al alcalde de Saquisilí. Édison Velásquez Martínez, quien es accionista en Chantilín, compañía de camionetas mixtas.
