Un salto patrimonial triplicado, alcaldes con participación en empresas privadas y expedientes fiscales cerrados marcan la radiografía de los gobernantes de Cañar. Este informe examina varios registros públicos de sus ocho autoridades locales, detallando desde omisiones en declaraciones de acciones en empresas hasta el trasfondo de sus denuncias pasadas.
Cañar, provincia de la Sierra Sur de Ecuador, con una población aproximada de 237.517 habitantes, cuenta con ocho autoridades seccionales: siete alcaldes y un prefecto.
Entre estas autoridades, el caso de Javier Serrano Cayamcela, alcalde de Azogues, es uno de los que llama la atención. En primer lugar, porque él no presentó ninguna declaración de inicio de su gestión en mayo de 2023, según consta en el portal web de la Contraloría, algo que es requisito supuestamente indispensable para todo funcionario público.
Es decir, él sólo consta con tres declaraciones periódicas: dos presentadas en 2024 y una en 2025. Y en estas, se puede evidenciar un amplio incremento patrimonial.
Mientras en 2024 Serrano registró un patrimonio de USD 41.004; en 2024, declaró que su patrimonio llegó a los USD 136.852. Es decir, hubo un incremento de más de USD 95.000, que corresponde a un crecimiento del 234%.
Ante la consulta de la alianza periodística Spondylus Info Lab, el equipo del alcalde aseguró que hubo errores en las declaraciones presentadas, principalmente porque en 2024 “no se incluyó el valor correspondiente a los bienes inmuebles”. El equipo señaló que entre 2017, cuando era concejal, y 2025, el incremento en sus activos fue de USD 55.852. “Este crecimiento patrimonial se encuentra plenamente justificado por los ingresos percibidos durante el ejercicio de mis funciones como concejal y posteriormente como alcalde, así como por la capacidad de ahorro generada durante dicho período”, dijo el alcalde Serrano.
Además, sobre la falta de la declaración patrimonial de 2023, el equipo aseguró que fue un “un error involuntario” porque “la Dirección de Talento Humano se encontraba atendiendo una elevada carga operativa”.
Javier Serrano Cayamcela renunció a una concejalía para candidatizarse a la Alcaldía de Azogues, cargo que ganó con el 27% de la votación, la más baja entre todos los burgomaestres de la provincia de Cañar. Llegó por Emprende, alianza de la Revolución Ciudadana con el Partido Socialista Ecuatoriano (RC-PSE).
El resto de autoridades seccionales de Cañar mantiene un patrimonio con cifras sostenidas, desde que comenzaron a desempeñar sus cargos, según las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Contraloría. Aunque el alcalde de Déleg, Hendri Tito Uruchima, no ha presentado su declaración de 2025.
Esta serie Alcaldes y prefectos bajo la lupa fue posible gracias al auspicio del Pulitzer Center y en alianza con Fundamedios. Ecuador Chequea y otros 36 medios de comunicación se han unido a la alianza periodística de Spondylus Info Lab para difundir la información.
Alcaldes empresarios
Tres alcaldes de Cañar constan en los registros de la Superintendencia de Compañías.
Hendri Tito, alcalde de Déleg, figura como accionista actual, administrador actual y representante legal de Radio Impacto Ecuador Ecuaimpac S.A.S., una empresa activa cuya actividad principal es la creación e inserción de anuncios en periódicos, revistas, programas de radio y de televisión, Internet y otros medios de difusión.
Aunque tiene el 100% de acciones de esta empresa (que tiene un capital total de USD 100), en sus declaraciones patrimoniales el alcalde de Déleg registra cero dólares en acciones y participaciones. Alcanzó la Alcaldía de Déleg con el 46% de la votación y con el auspicio de Emprende (RC-PSE).
Luis Pomaquiza Castro, alcalde de Suscal, en cambio, tuvo relación con la empresa Lupoc Constructora S.A.S., empresa activa y dedicada a construcción de obras de Ingeniería Civil relacionadas con tuberías urbanas, construcción de conductos principales y acometidas de redes de distribución de agua, sistemas de riego, estaciones de bombeo, depósitos.
Según los registros de la Superintendencia de Compañías, el alcalde Pomaquiza vendió su participación como accionista de dicha empresa el 16 de febrero de 2023, es decir, apenas pocos días después de las elecciones (5 de febrero).
En respuesta a las consultas de Spondylus Info Lab sobre su relación con esta empresa, Pomaquiza confirmó la venta antes de su posesión, por lo que “no existe el escenario de dividir actividades ni conflicto de intereses. Mi gestión pública es totalmente independiente de cualquier actividad comercial privada previa”.
Pomaquiza Castro ganó la Alcaldía de Suscal con el 51% de los votos, la más alta de todos los alcaldes de Cañar. Llegó por el Movimiento Alli Kawsay.
Finalmente, la alcaldesa de La Troncal, Miriam Castro Crespo (RC-PSE), consta como accionista actual y administrador anterior de tres empresas que, sin embargo, están inactivas, en proceso de cancelación de su inscripción. Lorpyng S.A. y Armele S.A., que se dedican a la selección de actores, y Cleantrust S.A, recicladora de plástico, cartón y papel.
Mientras que la alcaldesa de Biblián, Amelia Idrovo Martínez, no ha presentado sus declaraciones de impuesto a la renta entre 2020 y 2022, aunque este periodo corresponde a antes de que asumiera sus funciones, en 2023.
Alcaldes con archivos de investigaciones previas
Dos alcaldes de Cañar registran en el Sistema Judicial (e-Satje) archivos de investigaciones previas: Javier Serrano Cayamcela, de Azogues, y Hendri Tito Uruchima, de Déleg. Es decir, en estos casos la Fiscalía llevó adelante investigaciones, pero no se encontraron los indicios suficientes para avanzar en un caso penal a una formulación de cargos.
Hendri Tito Uruchima, alcalde de Déleg, registra un proceso de archivo de investigación previa que ingresó el 14 de febrero de 2020, por el supuesto delito de violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
Javier Serrano Cayamcela, alcalde de Azogues, tiene tres archivos de investigaciones previas: dos ingresadas en 2024 y una en 2025, todas por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
En 2024 fue por no acatar una acción de protección dispuesta por un juez pero el proceso fue archivado. Ese mismo año, en el segundo caso, el alcalde pagó los haberes adeudados y reintegró a sus puestos de trabajo a los demandantes, por lo que el proceso fue archivado.
El último caso, de fines de 2025, se encuentra en la etapa de correr traslado de la solicitud de archivo presentada por la Fiscalía, esperando el pronunciamiento de las partes involucradas.
