El Pleno de la Asamblea deberá sesionar para tratar el juicio político a Mario Godoy.
La Comisión de Fiscalización aprobó el informe no vinculante que recomienda al Pleno de la Asamblea que se cumpla el juicio político en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura por manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones, contemplado en numeral tres del artículo 255 del Código de la Función Judicial.
Con la aprobación del informe, será el Pleno de la Asamblea el que decida si Godoy continúa en la Judicatura o si es censurado y destituido para lo cual se necesitan 101 votos. La sesión del Pleno para tratar este punto se cumplirá, en 10 días aproximadamente.
Ferdinan Álvarez (ADN), presidente de la Comisión, explicó que tienen hasta el domingo para notificar del contenido del informe al presidente de la Asamblea, quien a su vez tiene dos días para ponerlo en conocimiento de los legisladores y cinco días más para convocar a sesión del pleno para proceder a la interpelación.
El procedimiento
En la fecha y hora señaladas en el orden del día, los asambleístas proponentes llevarán adelante la interpelación por el lapso de dos horas. A continuación, el funcionario enjuiciado políticamente, en el lapso máximo de tres horas, presentará sus alegatos de defensa ante el Pleno. Luego, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora.
Finalizada su intervención, Godoy se retirará del Pleno y el Presidente de la Asamblea declarará abierto el debate, en el cual podrán intervenir todos los asambleístas y exponer sus razonamientos por el tiempo máximo de diez minutos, sin derecho a réplica.
Para proceder a la censura y destitución se requerirá el voto favorable de 101 legisladores. La censura tendrá como efecto la inmediata destitución de la autoridad quien no podrá ejercer ningún cargo en el sector público por un plazo de dos años.
En el caso de que la o el funcionario público ya no se encuentre en el ejercicio de su cargo, la censura consistirá en la prohibición de ejercer algún cargo en el sector público durante dos años posteriores a la resolución de censura adoptada por la Asamblea.
De no presentarse al término del debate, una moción de censura y destitución, se archivará la solicitud.
El caso de Carlos Serrano, clave para el juicio político
El informe aprobado por la Comisión deja de lado las causales invocadas por los proponentes del juicio político pero concluye que Godoy es responsable político por la manifiesta inoperancia en su gestión como máxima autoridad del órgano de gobierno, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.
Agrega que la prueba de descargo presentada por el titular de la Judicatura, “consistente en un compendio de memorandos y comunicaciones burocráticas” se constituyó, paradójicamente, en la prueba de cargo fundamental. Y señalan específicamente el caso del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció que le habían retirado la seguridad oficial a pesar de las amenazas de muerte en su contra.
Según la Comisión, los documentos presentados por Godoy demostraron que conocía la gravedad de la situación, pero optó por una respuesta administrativa ordinaria, eludiendo su deber de liderazgo institucional y de coordinación efectiva, lo cual configura la causal de manifiesta inoperancia en el ejercicio de sus funciones.
Indican que el proceso de sustanciación permitió identificar que las acciones realizadas por parte de Godoy fueron insuficientes para garantizar la independencia judicial y la seguridad de los administradores de justicia.
“La autoridad falló en transformar la capacidad administrativa en resultados de seguridad material, lo cual configura un deficiente y manifiestamente inoperante ejercicio del cargo. Siendo la censura y destitución, por tanto, la consecuencia jurídica y política necesaria ante una gestión que priorizó el papeleo sobre la protección real de los operadores de justicia”, consta en el informe.
Sin embargo, no se menciona como causal de destitución las denuncias del propio Serrano sobre presiones recibidas por altos mandos de la Judicatura para fallar a favor de narcotraficantes.
